Ciudad de Buenos Aires, 14 de marzo de 2025 – Un informe del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral revela que, a lo largo de la historia, el Congreso Nacional nunca ha rechazado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado a deuda pública. De esta manera, se consolida una práctica institucional que permite al Poder Ejecutivo tomar decisiones clave sobre financiamiento sin una revisión legislativa efectiva.
El estudio se centra en el DNU 179/2025, recientemente emitido por el gobierno nacional, que aprueba un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central. El DNU comenzará a ser tratado en los próximos días por la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo del Congreso.
A través de un análisis histórico y normativo, el informe demuestra cómo esta estrategia ha sido utilizada por distintos gobiernos a lo largo de la historia y plantea interrogantes sobre el rol del Congreso en el control de la deuda pública.
Las claves del informe
El DNU 179/2025 y su alcance: el decreto autoriza un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, con un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de 4 años y 6 meses, bajo el argumento de mejorar la estabilidad monetaria y financiera.
Un patrón institucional consolidado: el informe destaca que ningún DNU sobre deuda pública ha sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso, lo que confirma una tendencia histórica en la que el Legislativo no ha ejercido un control efectivo sobre estas decisiones.
El uso de DNU en cifras: desde la reforma constitucional de 1994, se han dictado 943 DNU, con Néstor Kirchner (237), Alberto Fernández (179) y Eduardo Duhalde (152) liderando el uso de esta herramienta. El presidente Javier Milei ya ha emitido 63 DNU en poco más de un año de gobierno.
Una ley que limita el control legislativo: la Ley 26.122 establece que un DNU solo puede ser derogado si ambas Cámaras lo rechazan expresamente, lo que en la práctica ha generado un control laxo que permite la continuidad de estas medidas sin mayor debate parlamentario.
«Este informe muestra cómo, a lo largo del tiempo, el Congreso ha acompañado las decisiones de endeudamiento sin ejercer un verdadero contrapeso institucional», explicó el Dr. Enrique Veramendi, coautor del estudio.
Por su parte, otro de los autores del informe, Luis Vivacqua señala: “Existe una arraigada práctica institucional de DNUs en materia de Deuda Pública y modificaciones al Presupuesto que en muchos casos son avalados por el Congreso. Esto es fruto de la Ley 26.122, que exige que las dos Cámaras del Congreso rechacen el DNU para que pierda sus efectos. En ese sentido, si se mantienen los precedentes todo indica que el Congreso terminará acompañando”.
Un análisis histórico y normativo
El informe del ODCL revisa el impacto de los DNU en la historia reciente de Argentina, desde el acuerdo con el FMI de Mauricio Macri en 2018, aprobado sin una ley especial del Congreso, hasta la cancelación de deuda con el organismo en 2005 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se modificó por decreto la Ley de Convertibilidad para habilitar el uso de reservas del Banco Central.
Además, expone cómo la creación de la Comisión Bicameral Permanente en 2006, que debía fortalecer el control legislativo sobre los DNU, no ha logrado frenar la práctica del Ejecutivo de manejar la deuda pública a través de decretos.
¿Qué sigue ahora?
El DNU 179/2025 ya fue enviado al Congreso y la Comisión Bicameral Permanente deberá dictaminar sobre su validez en los próximos diez días. Sin embargo, el informe anticipa que si continúa el patrón institucional, el decreto no sería invalidado por el Congreso.
