Una de sus integrantes, Patricia González, trajo a la luz situaciones un tanto polémicas que vinculan a ese sector gubernamental que busca el cuidado y la preservación del ambiente con el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
Una vez más alzan la voz. Los integrantes de áreas naturales protegidas del sudoeste bonaerense salieron a los medios para dar a conocer una serie de medidas polémicas que se han tomado en el último tiempo, y traerán más repercusiones negativas en el sector.
Al respecto, Patricia González, explicó que “nuestra región del Sudoeste es muy rica en cuanto a recursos naturales, pero del mismo modo puede transformarse en pobreza ambiental”.
En ese sentido explicó que “estamos viendo un vaciamiento de distintos elementos, desde lo institucional, desde el discurso conservacionista. Esto pasa en todas las áreas naturales protegidas. Este vaciamiento es peor que la precariedad, porque la precariedad puede remediarse”.
Siguiendo con esa línea, contó que “este vaciamiento se ve en parte, cuando quieren mostrar logros que no lo son. Son lobos disfrazados de corderos. La provincia tiene unas 40 áreas protegidas. En junio tuvimos en Bahía Blanca una reunión donde nos dijeron que nombraron a un encargado en esta reserva, pero no fue por trayectoria, sino por amiguismo de la gestión. Politizaron un cargo técnico”.
Y mostrando que se trata de toda una novedad, confirmó que “es la primera vez que nos pasa de que nos convocan a una reunión y nos imponen al encargado. Anteriormente era vía consenso y con el aval de los compañeros. Es una manera de fisurar lo institucional”.
De igual modo trajo a colación que “otra cuestión que se dijo es que firmaron un convenio con el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, para que nos provea y de aportes para nuestra labor. Parece una buena noticia, porque tiene sostenimiento económico y embarcaciones. Pero también la lectura que se hace es se desvinculan de la responsabilidad que tienen, del control, la vigilancia y la educación”.
A su modo de ver, “están tercerizando esas actividades, buscando que un tercero que tiene intereses, sea el que provea. Un tercero al cual debemos controlar nosotros. Sin contar que el Consorcio tiene una sentencia en primera instancia donde se lo declara responsable por los problemas ambientales del estuario”.
En ese aspecto, y buscando ser aún más gráfica, González enfatizó: “estamos firmando un convenio con una institución que está sentenciada por las responsabilidades que tiene en las problemáticas ambientales. Se están comprometiendo con una institución que tiene intereses creados. Nosotros vamos a tener que pedirles la lancha a ellos, para hacerles control y vigilancia a ellos mismos. No guarda lógica”.
Por último, sostuvo que “se aprobó la declaración por ley del Islote de la Gaviota Cangrejera. Y este es un ejemplo bien claro de cómo se presenta un lobo disfrazado con piel de cordero. Uno puede pensar que es una buena noticia, pero hay que decir que ese islote no fue incluido en su momento junto con la reserva. Se sumó en 2011 mediante decreto como reserva integral y necesitaba dos años más para pasar a ser ley”.
Leyendo entre líneas, “al Consorcio ni a nadie le convenía porque está muy cerca del canal, así que la ley cayo. Se reflotó, fue aprobado por diputados y senadores, solo falta el número de ley, pero se le hizo una modificación: le bajaron la categoría de conservación”.
Según expresó, “en 2011 se consideraba que debía ser reserva integral, por la vulnerabilidad del islote. Ahora es solo de objetivos definidos; faunístico y educativo. Es una reserva donde se abre el juego para poner muelles, caminos… se va a impactar mucho más una zona tan sensible”.
A modo de cierre, y cómo reflexión, fue tajante: “¿Quién va a dar educación ambiental? El Consorcio que ya tiene un programa de ese tipo y ya está sentenciada por ir en contra justamente eso. Obviamente transmitirá un tipo de educación a fin a sus intereses”.
