El bloque de Juntos en Tornquist presenta un pedido de informes por posible conflicto de intereses en la Casa del Niño

El bloque de Juntos y Juntos por el Cambio presentará este miércoles un pedido de informes al Departamento Ejecutivo, sobre la situación de la nueva sede de la Casa del Niño ‘María Elena Walsh’, inaugurada este martes en Rawson 46.

Los ediles afirman que hay un posible conflicto de intereses, ya que, según aseguran, el edificio pertenece a un familiar directo de un funcionario municipal y el mobiliario fue comprado al comercio que poseen los propietarios del lugar.

También subrayan que hay irregularidades en el contrato de alquiler y que éste no fue elevado al Honorable Concejo Deliberante.

En ese marco, los concejales realizaron una conferencia de prensa para explayarse al respecto:

Luis Castro sostuvo que “sabíamos por la opinión pública y por un comentario de algún funcionario, que la idea era trasladar la guardería, pero no teníamos la información hasta que supimos que era donde se inauguró hoy. Por el Concejo no pasó el contrato de alquiler y eso nos llamaba la atención, porque todos los contratos pasan por el HCD como lo marca la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

“Ayer (por el lunes) pedí el contrato en el área de legales, lo leímos y, desde la cuestión legal, notamos muchas cosas que no van en línea con el Código Civil y Comercial. Hicieron un contrato temporal de seis meses cuando el plazo mínimo es de tres años, y uno temporal debe ser como máximo de tres meses”, añadió.

“Más allá de la cuestión legal –continuó-, notamos varias objeciones en la confección del contrato, que tiene errores graves, como la fecha en que se firma y en que finaliza nos da siete meses y no seis. Son errores que se tienen que salvar”.

El edil afirmó que “no sabemos la inversión que se hizo en el lugar, pero sí que fue grande; los datos que tenemos es que fue de más de 2.500.000 de pesos”. “También queremos remarcar que el contrato donde estaba funcionando la guardería hasta ayer finaliza en 2023 y hoy por los medios nos enteramos que ahí iría a funcionar una oficina municipal y el Ministerio de Trabajo”.

Más adelante, mencionó “la cuestión de austeridad del uso de los recursos del Estado, porque estamos frente a un contrato temporal que no respeta la Ley de Alquileres y el Código Civil, donde el municipio corre el riesgo de que no se pueda continuar, habiendo invertido mucho dinero, por lo que no se están cuidando los recursos”.

“También marcamos en el pedido de informes, que se da un conflicto de intereses porque sabemos que hay funcionarios del Ejecutivo Municipal que tienen relación directa con proveedores y, en este caso, con la propietaria del lugar. El funcionario es el Subsecretario de Hacienda, Lic. Bruno Zacconi, justo un área que tiene que ver con el manejo de los recursos del Estado”, disparó.

Por último, Castro manifestó que “esta situación tan irregular y de tanta falta de transparencia, amerita confeccionar y llevar adelante una interpelación a los funcionarios que correspondan. Creemos que la situación que se da es grave”.

A su turno, Sandra Kifer aseguró que “acá se presenta un posible conflicto de intereses y nos quedan muchas dudas con respecto a la elaboración del contrato de alquiler. En un momento donde la gente está pasando por una situación muy complicada, donde debemos ser responsables en la administración del dinero público, se pasó de un contrato de $44.000 a uno de $130.000”.

“Una vez que presentemos el pedido de informes, se va a hacer la consulta correspondiente al Tribunal de Cuentas”, agregó y precisó que “también se compró mobiliario por un total de dos millones de pesos, donde se presenta otro conflicto de intereses porque esa compra se hizo a la casa de electrodomésticos Zacconi Hogar”.

Elisabet Nori, por su parte, manifestó: “Como cuerpo legislativo estamos totalmente de acuerdo con que exista una guardería municipal, pero por ese motivo y porque cada vez hay más familias en situación de vulnerabilidad, es necesario que esto tenga una garantía de continuidad”.

“Entonces –dijo- tenemos un contrato de seis meses, cuando debemos ofrecerles a estas familias la seguridad de que van a tener una continuidad en su estancia en este lugar, porque si no con qué proyección van a poder saber si pueden continuar trabajando si no saben si sus hijos van a tener un lugar de contención”.

“Esperamos una respuesta al pedido de informes y, una vez que la tengamos, vamos a ver cuales fueron los justificativos que se dieron para proceder de esta forma”, indicó en tanto Juan Cruz Marzialetti, mientras que Sebastián Bassi remarcó que “nos resta esperar que se pueda aclarar esta situación. Uno se siente ninguneado, porque es una situación inédita, pero hay aclararla, avanzar y aprender de esto”.

Para cerrar, Beatriz Díaz expresó: “Remarco que el tema de la comunicación es importante. A veces se cuestiona que uno no demuestra interés y me parece que acá lo que falto primero fue la comunicación y, después, respetar al Concejo y saber que nosotros estamos para esto, para bregar porque se cumpla con las leyes y que todo sea lo más transparente posible”.