Citan a indagatoria por corrupción al ex intendente de Pilar Nicolás Ducoté y a ex funcionarios nacionales de Cambiemos

Nicolás Ducoté, ex intendente de Pilar, elegido por las boletas de Cambiemos, deberá declarar en indagatoria por sospechas de corrupción ante el juez federal de Campana Adrián González Charvay. El magistrado citó a otras veinte personas, entre ellas ex funcionarios de Pilar y del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que encabezó Rogelio Frigerio durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri.

Entre los citados a indagatoria se encuentran Iván Kerr, ex secretario de Vivienda y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio nacional. También tendrán que declarar en indagatoria los ex funcionarios del municipio y los empresarios que participaron de los tres contratos que se investigan en la causa que tiene a su cargo González Charvay junto al fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.

Adrián González Charvay, juez federal de Campana

El fiscal solicitó la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para analizar los contratos cuestionados. La PIA que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez – y se especializa en casos de corrupción- emitió dictámenes con las irregularidades detectadas en los tres casos analizados. Luego de eso, y después de una larga disputa de competencia entre la justicia federal y la provincial que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia, González Charvay formuló el llamado a indagatoria.

Las declaraciones –según confirmaron fuentes judiciales a Infobae– comienzan el martes próximo con la del ex intendente Ducoté. Se realizarán vía Zoom por la pandemia y se extenderán hasta el 25 de junio.

En el mismo expediente judicial se investigan irregularidades en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio que estaba a cargo de Frigerio y la municipalidad que conducía Ducoté. Pilar recibía dinero para obras y el ministerio nacional debía supervisar la ejecución de los proyectos. Infobae accedió a los dictámenes realizados por Rodríguez a través de fuentes judiciales.

El inicio de las obras en el barrio Monterrey de Pilar

A una de las partes del expediente se la conoce como “Microcréditos”. El gobierno nacional enviaba dinero al municipio de Pilar para asistir con fondos a vecinos de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y además pudieran acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad. El programa abarcaba 20.000 microcréditos. Cada microcrédito era equivalente a tres salarios mínimos y debía devolverse en 60 cuotas mensuales. El presupuesto destinado por la Nación fue de 300 millones de pesos de los cuales hasta mayo de 2019 se habían enviado 285. La PIA cuestionó –entre otras cosas- el modo en que se hizo las entregas de fondos por parte del Estado nacional porque fueron realizadas sin las correspondientes comprobaciones de avance de obra y sus respectivas rendiciones de cuentas tal como establecía el convenio. También cuestionó que e municipio hubiera puesto intermediarios –una empresa de gas, una organización local y un fideicomiso provincial- para ejecutar el convenio, de manera que se derivara dinero destinado a los vecinos. La fiscalía que encabeza Rodríguez señaló que “lejos de efectuar una correcta distribución de los recursos que les fueron girados desde las arcas nacionales, los funcionarios municipales discrecionalmente, fueron generando gastos y costos que conllevaron la distracción de fuertes sumas de dinero destinada a los ciudadanos del Municipio de Pilar, en manos de empresas ya sea de Gas o conformadas por el Municipio, o bien programas provinciales que de ninguna manera ameritaban a la percepción de partes de los recursos acordados para las mejoras de las viviendas”.

Al segundo convenio se lo conoce como “Monterrey”. El proyecto tenía como objeto urbanizar y mejorar el barrio pilarense de Derqui, llamado Monterrey. Se propuso renovar un corredor central del barrio, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas. La obra afectaba a 141 lotes y sería financiada con fondos nacionales: se destinarían $145.733.567. La PIA cuestionó el modo en que se realizó la licitación que le otorgó el contrato a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por las firmas Vialme S.A., Servicios y Gestión S.A. y Alpin S.A. Según se desprende del dictamen de Rodríguez algunas de las obras comprometidas no se terminaron en tiempo y forma. También se puso de manifiesto que hubo incumplimientos en la metodología de rendición de cuentas prevista. En octubre de 2019, meses antes del cambio de gobierno y tres años después de iniciado el convenio, desde la secretaría de Infraestructura Urbana del ministerio nacional se intimó a Pilar a que rindiera cuentas pendientes.

Al tercer convenio se lo denomina “Peruzzotti”. Se propuso originalmente mejorar la infraestructura a partir de la construcción y ampliación de la red cloacal y del emplazamiento de una planta depuradora y una estación de bombeo en el barrio Peruzzotti de la localidad bonaerense de Pilar. La obra fue adjudicada a la firma Tordel S.A. Pero algo falló: “Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93…” . Respecto de ese convenio-que sufiró modificaciones- el fiscal Rodríguez aseguró: “Como conclusión, no solo debe considerarse que el Estado Nacional pagó por obras que no se hicieron, sino que a su vez incluyeron sobreprecios que permitieron que a más de un año de recibida se tenga una planta depuradora modular con sus bombas y demás componentes sin ningún tipo de aplicación depositadas en playas del Municipio”.

En los tres convenios se hallaron irregularidades similares: obras pagadas y sin finalizar, incumplimiento de plazos, falencias en la rendición de cuentas, problemas de las empresas adjudicatarias de los contratos y falta de control por parte del ministerio nacional. Es por eso que basado en el análisis que hizo la PIA el juez González Charvay llamó a indagatoria.

Sergio Rodríguez encabeza la fiscalía anticorrupción

Las conclusiones de las fiscalía especializada en casos de corrupción fueron contundentes: “A través de estos tres convenios específicos, celebrados entre el 28/4/2016 y el 29/7/2016 de 2016, se ha acordado entregarle al Municipio de Pilar recursos nacionales por la suma total de $460.829.737. Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, quien en estos casos fue quien hacía el aporte para solventar los beneficios sociales con los cuales se justificó la obtención de las partidas presupuestarias. Todo ello, con la clara participación de los funcionarios que en distintos estadios de la maniobra efectuaron sus aportes, desde las cuantiosas aplicaciones de recursos hasta la concreción de los acuerdos necesarios para justificar con obras inexistentes o comisiones indebidas las aplicación de sumas de dinero por las cuales el Estado ni la sociedad se vio beneficiada, sino los empresarios o intermediarios, con posibles retornos a los funcionarios involucrados. Es por ello, que a lo largo del estudio de las actuaciones administrativas se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tiene su razón en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero”.

Después de analizar los convenios entre la Nación y Pilar Rodríguez estableció que “…lo cierto es que los tres acuerdos conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes. La identificación de un accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del Estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea, permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”.

Además de Ducoté, Kerr y Klemensiewicz fueron citados a declarar en indagatoria Cecilia Cabrera, Fabián Arias, María Natalia Toso, Federico Bustello, Ignacio Azarola, Osvaldo Caccaviello, Guillermo Iglesias, Tomás Bibiloni, Agustín Baldo, Gustavo Queralt, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Sandra Sosa, Gabriel Adrián Lucero, Fernando Bonafede, Marcelo Sfeir, Sergio Miguel Russo y Norberto Giulianelli. Si bien los imputados serán indagados por distintos hechos, la calificación de los delitos cometidos puede encuadrarse -provisoriamente- en administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

En palabras del fiscal Rodríguez: “Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.