En el V Encuentro Regional de Cibercrimen –“Ctrl + Alt + Delito”– organizado por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, especialistas coincidieron en que la región atraviesa un punto de inflexión: la protección de la niñez no puede seguir esperando regulaciones futuras y los delitos digitales exigen decisiones urgentes, cooperación efectiva y un marco ético que vuelva a poner a la persona en el centro del ecosistema digital.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2025 – Este 1 de diciembre se realizó en Pilar el V Encuentro Regional de Cibercrimen – “Ctrl + Alt + Delito”, organizado por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral y con el acompañamiento de TikTok.
El evento reunió a más de 25 especialistas de toda la región, junto con fiscales, jueces, defensores y agentes de fuerzas de seguridad de distintas provincias, para abordar los desafíos actuales del cibercrimen: inteligencia artificial, evidencia digital, cripto activos, riesgos en redes sociales, violencia en línea y nuevas modalidades delictivas.
En la apertura institucional, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, subrayó la tensión entre el potencial educativo de la tecnología y los riesgos que habilita en manos de ofensores. “La tecnología que permite a una adolescente aprender, crecer y acceder a oportunidades es la misma herramienta que puede convertirse en un canal para la extorsión, el daño psicológico o la manipulación. Esta frontera entre lo posible y lo permitido es cada vez más tenue, y nos exige actuar con prudencia y con un profundo respeto por la dignidad humana”, señaló.
Rodríguez remarcó además que el ciberdelito “desborda los viejos códigos” y exige un nuevo lenguaje común entre técnica, derecho y ética: “No todo lo que puede hacerse debe hacerse. La seguridad digital no se construye solo con herramientas, sino con convicciones morales firmes, profesionalismo y la capacidad de mantener a la persona en el centro”.
A continuación, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Gabriel M. Astarloa, pronunció también unas palabras de bienvenida: «Desde el 2020 funciona el Observatorio de Cibercrimen de nuestra Universidad con una labor de capacitación, investigación y concientización muy fecunda. Sabemos que el fenómeno del ciber delito junto con las nuevas tecnologías se seguirá expandiendo. Y, en ese sentido, lo queremos enfrentar con un abordaje interdisciplinario, serio y riguroso, propio del saber universitario. Ese es el espíritu también de este encuentro regional, donde, desde diversos ángulos y con la presencia de expertos nacionales y de la región, analizamos toda la complejidad que tiene hoy el ciber delito».
La primera exposición estuvo a cargo de Daniela Dupuy, directora del OCEDIC de la Universidad Austral y Fiscal Coordinadora de la UFEDyCI (Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dupuy compartió datos internacionales que muestran la magnitud del fenómeno. En 2024 se detectaron más de 20 millones de reportes de material de abuso sexual infantil. Cada reporte puede incluir varios archivos, lo que representa un total estimado de más de 33 millones de videos y 28 millones de fotos: casi 63 millones de archivos con niñas, niños y adolescentes siendo abusados.
Daniela Dupuy, directora del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) de la Universidad Austral
Ese escenario se agrava con el avance de la inteligencia artificial utilizada para generar imágenes y videos sintéticos de abuso. Según Dupuy, este tipo de material creció un 1.325% entre 2023 y 2024. Los datos que citó la especialista corresponden al National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).
“Las tecnologías nos retan permanentemente. No solo debemos enfrentar el volumen, sino también la aparición de producciones generadas artificialmente, que circulan con la misma lógica entre redes de pedófilos”, advirtió.
Situación en Argentina: aumento sostenido y nuevos desafíos
A nivel nacional, el Ministerio Público Fiscal de CABA recibe los reportes remitidos por plataformas digitales conforme a la legislación federal. En 2024 ingresaron 120.000 reportes, cifra ya superada en los primeros meses de 2025. Los equipos especializados analizan, clasifican y derivan los reportes a las provincias donde se presume que se encuentran los autores. Dupuy destacó el “trabajo enorme y silencioso” de estas unidades, fundamentales para el inicio de cada investigación.
Además del volumen creciente, se registra una fuerte expansión de redes de distribución en grupos cerrados de WhatsApp, Telegram y Signal, lo que dificulta la trazabilidad. “Sin agentes encubiertos digitales no podemos investigar estos casos. No es lo mismo infiltrar una organización de diez personas que un grupo de WhatsApp con más de 2.000 integrantes”, explicó.
Dupuy relató también experiencias recientes de cooperación internacional. Participó en Ecuador de una capacitación para utilizar herramientas de IA destinadas a identificar víctimas reales en material de abuso sexual infantil, en el marco de la operación Guardianes Digitales por la Niñez.
El trabajo coordinado permitió rescatar a 137 niños y niñas y lograr la identificación de más del doble de víctimas.
“La inteligencia artificial no solo permite detectar contenido sintético. También nos ayuda a identificar a las víctimas reales y a abrir nuevas líneas de investigación. Una vez que un niño o niña es identificado, pueden surgir datos sobre quienes producen este material”, explicó.
Dinámica de los grupos y cooperación internacional
David Reguero Novoa, miembro de Ameripol y de la Policía Nacional de España, aportó una mirada desde su experiencia en la investigación de grupos pedófilos en aplicaciones de mensajería instantánea. Destacó que la proliferación de comunidades cerradas “se ha convertido en una de las grandes vías de investigación” y subrayó que estos espacios funcionan como ecosistemas donde los ofensores comparten material de nueva generación y se validan entre sí.
Reguero Novoa resaltó especialmente el valor del trabajo conjunto transnacional: “La colaboración internacional es fundamental. En España nunca habíamos podido trabajar tan estrechamente con otro país como con Argentina: hubo contacto permanente, intercambio de información y un compromiso real de avanzar juntos. Este tipo de delitos no tiene fronteras; nosotros tampoco podemos tenerlas”.
En la misma línea, la médica psiquiatra y perito del Poder Judicial de CABA, Nazarena Traba, enfatizó la necesidad de una respuesta integral: “La única forma de proteger a niñas, niños y adolescentes es trabajando de manera articulada. Sin diálogo entre la justicia, fuerzas de seguridad, escuelas, familias y plataformas tecnológicas, siempre llegamos tarde. El agresor se mueve rápido; nosotros no podemos movernos solos”.
Traba advirtió además sobre las vulnerabilidades que habilitan estos delitos: “El problema no es solo lo que hacen los ofensores, sino las vulnerabilidades que encuentran: menores hiper expuestos, adultos desinformados y un ecosistema digital que los recibe sin supervisión. La prevención empieza en la comprensión profunda de estos puntos ciegos”.
Perspectiva de TikTok y el aporte del sector privado
Nicolás Sforzini, responsable de Políticas Públicas de TikTok en Argentina, planteó con crudeza los límites y responsabilidades del sector privado frente a los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes. Señaló que la industria llega tarde a estas conversaciones y que no se puede esperar “ni a una regulación ni a la buena voluntad de una plataforma para actuar”, porque en materia de niñez “no hay margen para el diálogo superficial, para mostrarse o construir reputación”.
Sforzini detalló que TikTok mantiene estándares estrictos de detección y reportes: “El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad registra que alrededor del 2% de los casos que se investigan provienen de reportes de TikTok. Puede parecer un número pequeño, pero es muchísimo, y no podemos esperar a que aparezcan esos casos para actuar”.
Destacó también la alianza con el OCEDIC, que permitió llegar a más de 7.000 estudiantes, docentes y familias en distintas provincias, además de entrenar a fiscales y funcionarios. “Somos un equipo pequeño de políticas públicas; solos no podríamos haber llegado a estos lugares. El Observatorio de la Universidad Austral nos permitió multiplicar el impacto”.
Además, subrayó un compromiso territorial real: recorridos por municipios de la provincia de Buenos Aires donde la plataforma se reunió con intendentes, docentes y familias. “No se trata de aparecer para la foto. Como sector privado, tenemos que aprender de las personas que ponen el cuerpo todos los días en estos temas”, afirmó.
Sforzini señaló también que TikTok implementa mensajes automáticos que derivan a líneas de ayuda como el 137 y a los canales del OCEDIC cuando un usuario busca términos vinculados a abuso o bullying. Anticipó, además, que la compañía —en articulación con organismos de Argentina, Chile, Uruguay y la OEA— lanzará en 2026 una guía de control parental con una distribución proyectada de más de 200.000 ejemplares en todo el país.
Una agenda urgente: actualizar legislación y capacidades
Dupuy subrayó la necesidad de adaptar los códigos procesales provinciales e incorporar herramientas como la figura del agente encubierto digital, fundamental para investigar delitos en entornos cerrados.
El encuentro continúa a lo largo del día con ponencias sobre IA, delitos informáticos, evidencia digital, criptoactivos, ciberseguridad y protección de la niñez en línea, con especialistas nacionales e internacionales convocados por el OCEDIC.
