La reforma a la ley de alquileres, con media sanción de la Cámara de Diputados y que hoy comenzó a ser debatida en un plenario de Comisiones del Senado, continuará siendo discutido durante los próximos días a pedido del interbloque oficialista del Frente de Todos, en contra de la opinión de Juntos por el Cambio que pretendía firmar el dictamen en esta misma jornada.
La discusión se prolongó por más de una hora entre ambas bancadas en un salón de reuniones que estaba atestado y al que habían asistido también representantes del sector inmobiliario que, unas horas antes, mantuvieron una audiencia con los integrantes del bloque de la oposición.
La intención del oficialismo se impuso gracias a la mayoría absoluta que mantiene en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y al apoyo recibido por legisladores del peronismo disidente en la de Legislación General.
Por el contrario, Juntos por el Cambio insistió constantemente en pasar a la firma el dictamen y llevarlo al recinto la semana próxima para aprobarlo sin discusiones y, de ese modo, convertirlo en Ley.
El proyecto de reforma aprobado la semana pasada precisa que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.
En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.
Cuando estaba terminando la discusión, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Zimmermann, advirtió que Juntos por el Cambio pretendía pasar inmediatamente a la firma el dictamen, pero el oficialismo logró imponer su mayoría para pasar a un cuarto intermedio y continuar discutiendo el tema, en principio, el próximo jueves con la presencia de representantes de propietarios, inmobiliarias e inquilinos.
La oficialista mendocina, Anabel Fernández Sagasti, coincidió con la oposición en «la urgencia del tratamiento de este proyecto», pero señaló que «no es la urgencia la diferente mirada sobre el proyecto, sino el contenido, porque no estamos de acuerdo con la sanción que vino de Diputados».
«No es una cuestión de alargar el tratamiento sino de buscar mayores consensos posibles para hacer mejor ley. Buscamos un amplio consenso para que, cuando el expediente vuelva a Diputados, pueda ser ley», insistió.
El presidente de la Comisión de Legislación General, el oficialista pampeano Daniel Bensusán, adelantó la intención de «trabajar en un dictamen de consenso, con la posibilidad de invitar a asociaciones o a grupos de inquilinos» y que «no haya un limbo sin tiempo».
El acuerdo al que se llegó al final el plenario fue precedido de una serie de discusiones entre los integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos por la rapidez con que debía tratarse la iniciativa.
El radical riojano Juan Carlos Martínez, por ejemplo, dijo que no creía que el «kirchnerismo quiera tratar hoy el proyecto».
«Tenemos que denunciar que este Senado está cerrado, porque sino somos cómplices», cuestionó y conjeturó que el oficialismo podría «imponer la condición de que en la sesión de alquileres traten, además, los pliegos de la jueza Figueroa», integrante de la Cámara que debe revisar la investigación de la Causa Hotesur en la que está implicada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A su turno, la opositora porteña Guadalupe Tagliaferri aseguró que el Frente de Todos «no tiene ninguna intención de aprobar la sanción que viene de Diputados» y pidió: «no le mientan a los argentinos».
«He visto proyectos de ley que no afectaban, como este, a ocho millones de personas obtener dictamen en diez minutos», recordó.
Por ello, la oficialista bonaerense Juliana Di Tullio contraatacó remarcando que Tagliaferri era «parte de un proyecto político que vendió la ciudad entera para hacer negocios inmobiliarios».
