Fue después de que el diputado del Frente de Todos Germán Martínez pidió la nulidad de la designación de la diputada Roxana Reyes en el cuerpo y los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni pidieran que se decrete la «nulidad absoluta» de las designaciones de los oficialistas Martín Doñate y Guillermo Snopek.
La discusión sobre quiénes serán los representantes legislativos en la nueva composición del Consejo de la Magistratura se trasladó este jueves al ámbito judicial, con presentaciones del Frente de Todos (FdT) y del PRO, en un contrapunto que tiene antecedentes en el 2017 cuando un magistrado federal dictaminó que la justicia no podía «revisar» decisiones de otro poder.
El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, pidió este jueves la nulidad de la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, en una solicitud que recayó ante el Juzgado Contencioso Administrativo 11, a cargo de Martín Cormick.
Es ilógico que el bloque con mayor representación parlamentaria (Frente de Todos) tenga UN solo diputado en el Consejo de la Magistratura. Y que Juntos por el Cambio tenga DOS representantes.
— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 21, 2022
Al mismo tiempo, Martínez envió una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, «solicitando que se abstenga de tomarle juramento a la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura».
El legislador consideró «ilógico que el bloque con mayor representación parlamentaria (FdT) tenga un solo diputado» en ese órgano de selección y remoción de jueces y que Juntos por el Cambio (JxC) cuente con «dos representantes», según fundamentó en un posteo en Twitter.
También este jueves los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni pidieron a la justicia tomar las «medidas pertinentes» para que ambos puedan asumir como representantes del Senado en el Consejo y se decrete la «nulidad absoluta» de las designaciones de los oficialistas Martín Doñate y Guillermo Snopek.
Además, Juez se presentó en los tribunales federales de Retiro y denunció penalmente a la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, por haber nombrado a Doñate y Snopek como representantes del Consejo.
El antecedente
La puja por los lugares en el organismo tuvo un capítulo anterior años atrás y quedó clausurada en el 2017 cuando el juez contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, avaló la designación del diputado Pablo Tonelli, elegido luego de que Cambiemos impuso mayoría con la sumatoria de todos sus bloques, en lo que constituyó la interpretación de entonces de la normativa.
En aquel momento hubo varios planteos judiciales por la asunción de Tonelli, pero el juez Lavié Pico rechazó los amparos y argumentó: «Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecido –con carácter de principio general– que las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder no admiten revisión judicial, doctrina que resulta, en principio, aplicable al caso».
El miércoles, los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, formalizaron la designación de la diputada Reyes y del senador Doñate como representantes por la segunda minoría de cada uno de esos cuerpos legislativos en el Consejo.
Además, fueron designados el diputado Francisco Monti (UCR) y Snopek (Unidad Ciudadana) como respectivos suplentes.
«Con el fin de evitar un desequilibrio completamente irregular entre los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura, y agrave aún más la situación institucional, comunicamos a usted lo resuelto en ambos cuerpos en nuestro carácter de presidentes de ambas Cámaras», fundamentaron Massa y Cristina Kirchner en una nota conjunta enviada a la Corte Suprema.
De esta forma, el oficialismo cumplió con el fallo del máximo tribunal de designar a los representantes del nuevo esquema de integrantes del Consejo de la Magistratura, mientras aspira a avanzar en el debate de una nueva ley, que ya tiene media sanción en el Senado y que propone una conformación con 17 miembros.
«Todo lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura es el resultado del descalabro jurídico que generó la Corte Suprema al habilitar una ley que estaba fenecida hace 16 años», expresó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, en diálogo con radio AM750.
Se refirió así al fallo dictado por el máximo tribunal en diciembre pasado, cuando declaró inconstitucional la ley que regía al Consejo y estableció la vigencia de una norma anterior, que había sido derogada años atrás.
Mena opinó también que el Consejo «venía funcionando muy bien» hasta que «la Corte destruyó» su desenvolvimiento y, como ejemplo, mencionó que el cuerpo se disponía a cubrir vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Py y que las demoras son un intento por «blindar de impunidad a Mauricio Macri» en las causas que involucran al expresidente.
Con la misma mirada, la diputada nacional Vanesa Siley (FdT) evaluó que para la oposición «lo importante es que se siente Rosatti en el Consejo de la Magistratura» para alcanzar así «mayoría».
La presidenta del bloque de senadores de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, advirtió que no hay «excusa» para no tomarle juramento al senador Doñate, en tanto que su par Mariano Recalde reafirmó que «es necesaria una nueva ley» del Consejo de la Magistratura.
«No se puede regir por un decreto casi de facto de la Corte Suprema de Justicia», afirmó Recalde en alusión al fallo que declaró inconstitucional la composición del cuerpo con potestad para seleccionar y remover jueces.
Reyes y Doñate fueron elegidos como representantes del Congreso ante el Consejo, como parte de los siete nuevos integrantes del cuerpo, que así tendrá 20 miembros, en lugar de los 13 de la conformación existente hasta esta semana.
La oposición cuestiona la designación de Doñate, luego de que el oficialismo dividiera su bloque de diputados en dos y constituyera un interbloque con las bancadas Frente Nacional y Popular (21 integrantes) y Unidad Ciudadana (14).
Así, intercaló sus fuerzas entre los 18 de la UCR y los 9 del PRO, por lo que pasó a ser la «segunda minoría», fuerza a la cual le corresponde un lugar.
