La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, tras el pedido formulado la semana pasada por los fiscales de la causa.
La Justicia de San Isidro prohibió la salida del país de los siete profesionales de la salud que la semana próxima serán indagados por la muerte de Diego Armando Maradona y enfrentan una imputación por “homicidio simple con dolo eventual”, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, e involucra a los siete acusados que son el neurocirujano Leopoldo Luque (39), la psiquiatra Agustina Cosachov (35), el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (29), el enfermero Ricardo Omar Almirón (38), la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36), el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40) y la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52).
El juez dispuso que la decisión sea comunicada de inmediato a Dirección Nacional de Migraciones y a las cuatro fuerzas federales, es decir, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
De esta forma, el juez avaló el pedido que la semana pasada, al citar a indagatoria a los acusados, formularon los tres fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigación, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra.
Si bien ante el cambio de calificación a un delito que prevé de 8 a 25 años de prisión, se especulaba con la posibilidad de que los fiscales pudieran solicitar detenciones, los representantes del Ministerio Público solo pidieron la prohibición de salida del país resuelta este jueves por el magistrado.
“Es el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal pública, quien considera suficiente y adecuada la medida restrictiva que aquí habrá de adoptarse, en miras de neutralizar toda peligrosidad procesal que atente contra el normal desarrollo de la investigación, postura que, por cierto, comparto en un todo”, señaló Díaz en su resolución, a la que accedió Télam.
Si bien el juez recordó “la altísima expectativa de pena” que tiene el delito de homicidio simple -hasta 25 años de cárcel-, argumentó que “dada la particular naturaleza de los eventos en estudio y las características personales de los inculpados -todos ellos profesionales de la salud, en diversas áreas médicas-, aparece como adecuada la imposición de la medida limitativa de la libertad requerida por los acusadores”.
En otro tramo de la resolución, el juez rechazó la posibilidad de que él esté presente en las indagatorias, algo que había pedido la defensa de la enfermera Madrid.
Las indagatorias por “homicidio simple con solo eventual” se tomarán los lunes, miércoles y viernes desde el próximo 31 de mayo, y de a una por jornada.
Una de las claves de la nueva imputación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona.
Allí, 17 de los 22 peritos que participaron concluyeron que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir a los 60 años el 25 de noviembre pasado.
Además, consideraron que «el Diez» «no estaba en pleno uso de sus facultades mentales», que el operativo montado en la casa de del barrio San Andrés de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado en una clínica.
La junta médica calificó al equipo médico como «deficiente», «temerario» e «indiferente» ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron «a la suerte»
También calificaron al equipo médico como «deficiente», «temerario» e «indiferente» ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron «a la suerte».
Con este cambio de calificación, el equipo de tres fiscales especialmente creado y coordinado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, considera que la muerte de Maradona no fue producto de una mala praxis o de una accionar negligente de sus médicos, sino que se representaron la posibilidad de que el exastro futbolístico muriera y no hicieron nada para evitarlo.
Los fiscales saben por una serie de mensajes y audios extraídos de sus propios celulares, que el equipo médico que lideraban Luque y Cosachov estaba en conocimiento de que en los últimos meses de su vida Maradona tuvo acceso a alcohol, medicamentos y hasta marihuana, y que pese a que lo ideal para desintoxicarlo era internarlo en una clínica especializada, decidieron externarlo de la Clínica Olivos donde se había sometido a una cirugía por un hematoma subdural, y disponer una internación domiciliaria en la casa de Tigre que, a su criterio, fue deficiente.
Ferrari, Iribarren y Capra se preguntan por qué sucedió esto y si los contratos firmados y el rédito económico que generaba tener activo y bajo su órbita –y no de la familia-, al por entonces DT de Gimnasia, tuvo alguna influencia en su desenlace.
Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación.
La autopsia determinó que murió como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada» y descubrieron en su corazón una «miocardiopatía dilatada».
