El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial presentó un reclamo administrativo advirtiendo la inconstitucionalidad de la medida, la existencia de un fallo judicial vigente que impide el cobro y la falta de un ente regulador independiente.
A pocos días de haberse implementado el cobro de peaje en la Ruta Provincial Nº 6, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) realizó una presentación administrativa formal ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, conducido por el Dr. Gabriel Katopodis, intimando a la suspensión inmediata del cobro en dicho corredor vial.
La medida, tramitada por el Director Ejecutivo del CONADUV, Jorge Zatloukal, con el patrocinio de la abogada Julieta Ripoli, exige frenar el cobro en la autovía y suspender los efectos de las Resoluciones 475 y 767. Asimismo, solicitan revisar la recomposición adicional del 23,81% y el mecanismo de actualización trimestral automática aplicado en las estaciones de peaje de San Vicente, Las Heras y Cardales.
Conflictos de interés e incumplimientos judiciales
Desde la entidad denunciaron que el Estado provincial actúa como «juez y parte». La provincia concede la explotación, aprueba los Cuadros Tarifarios, debe fiscalizar el servicio y, al mismo tiempo, controla a la concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.), beneficiaria directa del cobro y de los aumentos. Esto incumple con la exigencia del artículo 42 de la Constitución Nacional, que requiere la existencia de un Ente Regulador independiente.
Además, Zatloukal recordó la vigencia de un fallo dictado en 2017 por el Juez Luis Arias, el cual ordena a AUBASA abstenerse de cobrar peaje en la Ruta Provincial Nº 6 sin una expresa habilitación legislativa y sin la realización previa de audiencias públicas.
Por su parte, la abogada Julieta Ripoli remarcó que los incrementos carecen de justificación transparente sobre costos reales, obras de infraestructura o mantenimiento. «¿Quién controla el aumento cuando quien lo autoriza también controla a quien lo cobra? La impugnación exige una evaluación independiente de las propuestas de AUBASA y mayores garantías de transparencia, ética pública y rendición de cuentas», señaló la letrada.
Un peaje inconstitucional y triple imposición
Por su lado, Ricardo Lasca, integrante del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del CONADUV, remarcó la gravedad del impacto social de esta medida:
«Esperamos no tener que recurrir a la justicia, confiando en que tanto el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires como el Ministro de Infraestructura hagan lugar a nuestro reclamo dada la grave situación económica actual. Estamos frente a una triple imposición tributaria y a la ausencia de caminos alternativos libres de pago, lo cual torna a este peaje en una medida claramente inconstitucional».
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