La entidad remitió notas a los distritos en los que el Mapa de Arsénico del ITBA registra concentraciones elevadas y solicitó información sobre controles, resultados y medidas adoptadas para garantizar el acceso a agua segura.
El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires inició una acción institucional ante la presencia de concentraciones elevadas de arsénico registradas en distintos puntos del territorio bonaerense. En concreto, se remitieron notas a los municipios en los que el Mapa de Arsénico desarrollado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) identificó valores elevados, con el objetivo de conocer qué controles se realizan sobre las fuentes destinadas al consumo humano y qué medidas se están implementando frente a esta problemática.
Según se informó en un comunicado, la institución solicitó datos sobre la periodicidad y alcance de los monitoreos, los resultados de los últimos análisis de arsénico, la identificación de las fuentes que presentan concentraciones elevadas y las medidas preventivas, correctivas o de tratamiento adoptadas o previstas. Asimismo, se pidió conocer si existen programas específicos de vigilancia y seguimiento y qué recomendaciones se han brindado a la población.
La preocupación se fundamenta en los resultados difundidos por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), cuyo mapa reúne análisis realizados en distintos puntos del país. En la actualización correspondiente a 2025, entre los registros bonaerenses ubicados en el nivel de mayor concentración, aparecen 9 de Julio, con valores de entre 72 y 165 µg/L; Guaminí, con 295 µg/L; San Vicente, con 163 µg/L; Monte, con 146 µg/L; Partido de la Costa, con 147 µg/L; Mercedes, con 105 µg/L; y Chivilcoy, con registros de hasta 94 µg/L. También se informaron valores elevados en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, como Vicente López (117 µg/L), Ezeiza (96 µg/L), Almirante Brown (56 µg/L) y General Rodríguez (67 µg/L). Vale aclarar, estos valores corresponden a puntos o muestras relevadas y no deben extrapolarse automáticamente a la totalidad del territorio municipal o a toda la red de abastecimiento.
Para dimensionar la relevancia de estos registros, se menciona que el Código Alimentario Argentino establece como valor máximo general para el arsénico en el agua potable 0,01 mg/L, equivalente a 10 µg/L. La normativa contempla, bajo determinadas condiciones y para regiones con suelos de alto contenido de arsénico, la posibilidad de admitir excepcionalmente valores de hasta 0,05 mg/L (50 µg/L). Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece 10 µg/L como valor guía provisional para el arsénico en el agua de consumo.
El propio ITBA advirtió sobre la relevancia sanitaria de la presencia de arsénico en el agua y señala que el mapa constituye una herramienta para visualizar su distribución a partir de muestras analizadas. La institución también destacó que la problemática afecta particularmente a distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, para el Consejo Profesional de Química, estos registros constituyen una señal que requiere seguimiento, verificación y respuesta por parte de las autoridades competentes: “La presencia natural de arsénico en determinadas fuentes de agua es una problemática conocida y extendida, pero ello no puede traducirse en la ausencia de controles ni en la falta de información para las comunidades potencialmente expuestas. El acceso a agua segura requiere monitoreos sistemáticos, información pública y medidas concretas cuando los análisis detectan concentraciones que pueden representar un riesgo”, señalaron.
Bragado: un antecedente judicial que vuelve a poner el problema en primer plano
La problemática adquiere una dimensión particularmente significativa a partir del caso de Bragado, donde durante años se denunciaron niveles elevados de arsénico en el agua de red. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el fallo que obliga a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar las obras necesarias para garantizar la calidad y potabilidad del agua de red en esa ciudad.
Al respecto, desde el CPQ expresaron que “el antecedente de Bragado demuestra que la calidad del agua destinada al consumo humano no constituye solamente una cuestión ambiental o sanitaria, sino también una obligación concreta de los responsables del servicio y de las autoridades públicas”.
Finalmente, desde el Consejo Profesional de Química se consideró indispensable “que esta problemática sea abordada mediante la articulación entre los municipios, los organismos provinciales, las empresas prestadoras de los servicios de agua, las instituciones científicas y los profesionales especializados”. En este sentido, vale destacar que, a través de las comunicaciones establecidas, el CPQ puso a disposición de las autoridades municipales su capacidad técnica e institucional para contribuir al análisis de la situación, la prevención de riesgos y la generación de acciones destinadas a garantizar el acceso de la población a agua segura.
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