En Santa Fe un caso testigo advierte al Estado Nacional sobre su responsabilidad indelegable. Avanza una denuncia penal y otra ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
“Ordenar la inmediata y urgente reparación integral”. Con este emplazamiento perentorio la justicia federal conminó al gobierno nacional a asumir su plena responsabilidad y reparar las rutas nacionales 7, 8 y 33, en el sur de Santa Fe. El fallo resulta un caso testigo en medio de una emergencia nacional en rutas que sigue cobrándose vidas. Mientras tanto, hasta el vocero presidencial admite que el gobierno nacional desvió los fondos que, por ley, deben ir a las rutas, para maquillar su declamado “equilibrio fiscal”. Es decir, la comisión de un delito.
“Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal”, fue lo que confesó Adrián Ravier. Confirmó así lo que surgió como una denuncia periodística, y ya tomó forma de denuncia penal: que en los últimos dos años y medio el gobierno libertario recaudó a través de un impuesto específico más de 1 billón y medio de pesos para rutas y obras viales, pero ejecutó apenas una cuarta parte. Y colocó más de 1 billón en plazos fijos y títulos públicos que le permitieron sostener su “déficit cero”.
Tras un pedido de acceso a la información, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) ya había obtenido la misma confesión oficial. Lo que llevó al gremio a presentar una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), cinco meses atrás. Se suma ahora la que realizó la diputada Victoria Tolosa Paz, por malversación de fondos públicos destinados al Sistema Vial Integrado.
Un caso testigo
El fallo del juez federal de Venado Tuerto Aurelio Cuello Murúa se refiere al departamento de General López, pero bien podría traspolarse al resto del país. Advierte que ante un estado de abandono de las rutas, las obras pueden ser ejecutadas a través de Vialidad Nacional o de cualquier otro organismo competente, incluso vía concesionarias. Pero que, en cualquier caso, es el Estado quien debe asumir de inmediato la responsabilidad de su cumplimiento.
Tras describir en detalle, a lo largo de más de 50 páginas, el uso intensivo de estas rutas y su actual “estado de peligro que vulnera derechos fundamentales”, la acumulación de denuncias realizadas y los rechazos sistemáticos de parte de Nación, la sentencia también señala que “la omisión prolongada de tareas de mantenimiento y conservación tendientes a dar transitabilidad plena a las rutas ha sido con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas”.
Ruleta rusa
“Salir a estas rutas hoy es una verdadera ruleta rusa”, describe la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien presentó el amparo. ”Y en estas zonas las usamos para ir a las escuelas, a trabajar, al hospital, al club: todos vivimos ‘al costado de la ruta’ y nos movemos de pueblo en pueblo. Hemos llegado a un punto en que todos sabemos de alguien que ‘se mató en la ruta’. Es criminal lo que han hecho”, denuncia.
Desde el oficialismo provincial -asumió en reemplazo de Lisandro Enrico cuando éste fue nombrado ministro de Obras Públicas-, describe el tema como prioritario: “Recurrí a la justicia después de agotar todas las instancias, reuniones, notas, pedidos a Nación, interminables llamados de atención y solicitudes denegadas. Es muy grave: Las rutas están realmente destruidas, y realmente no hay una sola obra en los últimos años”, cuenta.
Entre los escritos agregados a la denuncia, se relata que ni siquiera se habían cortado los pastos a un costado de la ruta, a tal punto de que llegaron a tapar el guarrail y los carteles indicadores, con el peligro vial que ello conlleva. Se habla del crecimiento de la cantidad de accidentes y muertes. Se consigna que siete provincias del país descargan su producción al puerto de Rosario por estas rutas, y que en época de cosecha llegan a pasar 15 mil camiones diarios.
Frente a esta situación, una sentencia anterior había dado lugar a una medida cautelar urgente, ordenando un bacheo. Nación inció las obras, pero no llegó a completarlas.
A confesión de parte
“Celebramos que haya tomado estado público el robo flagrante que está haciendo este gobierno con las rutas. Nosotros lo denunciamos hace ya cinco meses, con el patrocinio del doctor Eduardo Barcesat, ante la Procuraduría. Fue después de presentar un pedido de acceso a la información y que con toda desfachatez nos respondieran que sí, que ponían la plata de nuestras rutas en letras y plazos fijos, a trabajar en la timba financiera”, dice a Página/12 Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA). Actualmente el gremio analiza unificar esta denuncia con la presentada pr la diputada Tolosa Paz.
“Es terrible que retengan ilegalmente fondos que evitan muertes para el superávit cero. Y es igualmente terrible que lo reconozcan, que digan sin ningún problema que incumplen las leyes provinciales, nacionales, y la Constitución”, apunta Aleña.
También Di Gregorio repasa que forma parte de sus denuncias previas el desvío de fondos de rutas. “Solo Santa Fe, y solo en 2025, aportó a ese impuesto 480 mil millones de pesos, lo vengo diciendo desde hace dos años. Lo he dicho en escritos y me han respondido que no hay pata. Nos mienten en la cara al mismo tiempo que admiten que nos sacan la plata que nosotros mismos ponemos”, denuncia.
El vocero lo había reconocido sin atajos: “Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, le contestó a un medio de La Pampa, provincia de donde es oriundo el exdiputado.
Ayer lo ratificó: “El ministro Caputo, con su equipo en economía y toda la gente que se ocupa también de Vialidad, está dando una solución un poco más definitiva que arreglar un bache, digamos, en algún momento, con dinero público que, en cantidad de situaciones de la Argentina, ha escaseado. Recuerden, y esto hay que insistir, que este gobierno recibió un déficit fiscal de 5 o 6 puntos del PBI en el tesoro, otros 10 puntos de déficit cuasifiscal, con lo cual poner dinero en las rutas en un estado quebrado realmente no es sencillo”.
El sueño de Sturzenegger
Desde el gremio de Vialidad describen un agravante a esta situación. El gobierno acaba de sacar una notificación por la cual todos los ditritos de Vialidad, en las distintas provincias, deben devolver los fondos sobrantes de fucionamiento, e el caso de que los dispongan, a casa central. Y pedirlos luego para cada uso, cada vez, específicamente en tres rubros: combustibles, viáticos y servicios.
“O sea que si se te rompe una máquina, necesitás un repuesto, no la vas a poder arreglar en el momento”, lamenta Aleña. “El sueño de Sturzenegger, de hacer desaparecer los distiritos, se vuelve casi realidad. Los desfinancian y centralizan los pocos fondos de Vialidad. Nos están desguasando”.
Por Karina Micheletto – Página 12
