El Tribunal Oral Federal 7 postergó al momento del veredicto la decisión sobre si corresponde investigar al fiscal Stornelli por coacción. Cuatro acusados se negaron a declarar.
Tres empresarios acusados en la causa Cuadernos argumentaron ante el Tribunal Oral Federal 7 que sus confesiones de haber pagado sobornos durante la investigación a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio fueron falsas y que las realizaron bajo presión para evitar la detención. En el juicio, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.
Los tres imputados son Mario Rovella, de la constructora Rovella-Carranza, y Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, dueño y gerente de la empresa Cleanosol, dedicada a la señalización de rutas. Se suman así a Daniel Pitón, integrante de José Eleuterio Pitón S.A., quien la semana anterior había recurrido a la misma estrategia defensiva.
Los tres afirmaron haber dejado constancia de sus intenciones antes de declarar. Rovella dijo que el 28 de febrero de 2019, un día antes de su declaración indagatoria, concurrió a una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires, donde dejó asentado el contenido de lo que iba a manifestar junto con una nota en la que señalaba expresamente que lo allí consignado no era verdad. Sansiseña y Escolar hicieron el mismo procedimiento: un día antes de declarar ante la Justicia, se presentaron ante un escribano y dijeron que no habían pagado coimas pero que declararían que sí porque estaban coaccionados por Bonadio.
En su declaración ante el tribunal, Rovella negó de manera rotunda los hechos que se le atribuyen: sostuvo que nunca entregó dinero a Ernesto Clarens ni personalmente ni a través de terceros, y que su confesión fue un invento que acomodó al relato del financista arrepentido. Describió la situación en su indagatoria original como de “coacción psicológica” y dijo que se le hizo saber que si no declaraba en ese sentido, sería privado de su libertad.
Escolar, por su parte, explicó que junto a Sansiseña observaban que los empresarios que no confesaban quedaban presos y los que decían haber pagado a Clarens quedaban en libertad. Ante la pregunta del presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, sobre cómo se gestó su declaración, respondió que la noche anterior acordaron afirmar que habían realizado pagos en dólares “por la época de las llamadas”. El juez Fernando Canero le preguntó si era consciente de que iba a confesar la comisión de un delito, a lo que respondió afirmativamente, pero que prefería eso a “sufrir lo que sufrieron” otros empresarios que quedaban detenidos.
Escolar también detalló la secuencia de detenciones de agosto de 2018: el 25 de ese mes quedó detenido Gustavo Dalla Tea, al día siguiente otro empresario, y el 27 los medios informaron la detención de Hugo Dragonetti, con casco y chaleco antibalas.
Rovella aceptó prestar declaración indagatoria pero no respondió preguntas. Escolar, en cambio, sí aceptó responder al tribunal. En el inicio de la jornada, se negaron a declarar Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela.
Pedido de investigar a Stornelli y rechazo de la fiscal
Ante las declaraciones, los abogados defensores Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo pidieron que se extraiga testimonio para investigar si hubo coacción del fiscal Carlos Stornelli. En el caso de Bonadio, aclararon, la acción penal no puede prosperar porque falleció.
La fiscal Fabiana León rechazó los planteos al sostener que el juicio pretende convertir a los imputados en víctimas y en victimarios a los miembros del Poder Judicial, y que no se puede permitir que se ponga en crisis la actividad judicial. Los jueces dispusieron un cuarto intermedio y finalmente resolvieron diferir la decisión al momento del veredicto.
El juez Germán Castelli fundamentó la decisión al señalar que no se advierte una situación de extrema gravedad que autorice la intervención inmediata y excepcional del tribunal.
Las afirmaciones de estos empresarios sobre coacciones durante la investigación ya habían sido planteadas ante la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, y en todos los casos fueron rechazadas.
El marco del juicio
El debate oral está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, con la intervención de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera. El expediente investiga un presunto sistema de recaudación de sobornos vinculado a la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. En ese marco, Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita, además del delito de cohecho.
Las declaraciones indagatorias de las que se desdicen los empresarios fueron actos de defensa que no se realizaron bajo juramento de verdad, y lo mismo rige para las declaraciones que realicen durante el juicio oral. El juicio continuará este jueves.
