Las federaciones docentes, no docentes y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denuncian que el Poder Ejecutivo incumple la Ley de Financiamiento. Se anuncian paros nacionales y una movilización masiva para la primera quincena de mayo.
BUENOS AIRES – Frente a la decisión del Gobierno Nacional de recurrir a la Corte Suprema para suspender la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), la comunidad académica ha declarado el estado de alerta máxima. Tras el vencimiento del plazo legal para la aplicación de las actualizaciones salariales (artículos 5 y 6), los gremios y autoridades rectorales denuncian un «ahogo presupuestario deliberado» que pone en riesgo el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Ejes del conflicto y medidas de fuerza
El plan de lucha escalará significativamente en las próximas semanas ante la falta de convocatoria a paritarias y el deterioro del poder adquisitivo, que ya registra una caída del 33,7% en términos reales.
Paro Nacional: Se ratificó un paro total de actividades desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo, convocado por CONADU, AGD-UBA y otras federaciones.
Marcha Federal Universitaria: El CIN y los gremios proponen una gran movilización nacional para la primera quincena de mayo, replicando la histórica marcha federal en defensa de la educación pública y la ciencia nacional.
Acciones locales: Durante esta semana se realizan clases públicas, «abrazos» a las facultades, y marchas de antorchas (como la programada en la UNLP para el 23 de abril).
Cifras que alarman
El impacto del ajuste en el sistema universitario ha alcanzado niveles críticos según informes de FEDUN y el Vicerrectorado de la UBA:
Presupuesto en caída: El financiamiento pasó del 0,718% del PBI en 2023 al 0,431% en 2026. Esto equivale a una pérdida de $6,34 billones, más de un año completo de presupuesto.
Salarios bajo la línea de pobreza: En instituciones como la Universidad Nacional de San Juan, el 70% del personal no docente percibe salarios por debajo de la línea de pobreza.
Fuga de talentos: Solo en la Facultad de Agronomía de la UBA, se ha reportado la pérdida de 100 docentes e investigadores debido a la crisis salarial.
La estrategia judicial del Gobierno
Mientras la comunidad educativa reclama el cumplimiento de la ley ratificada por el Congreso, la Procuraduría del Tesoro presentó un Recurso Extraordinario para suspender los aumentos. Asimismo, el Ejecutivo ha solicitado el apartamiento de los jueces de la Corte Suprema que ejercen la docencia, una maniobra que desde los gremios califican como una «dilatación innecesaria y persecutoria».
«La universidad es la única herramienta de transformación social que le queda a la Argentina. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras se intenta desmantelar lo que funciona bien», declaró Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.
La comunidad universitaria hace un llamado a la sociedad civil a sumarse a las protestas en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.
