03/10/2025 |

Sin manos para el endeudamiento en la Legislatura.

El Senado desistió de tratar el proyecto de Kicillof.

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Se trata de un pedido de financiamiento por el equivalente a 1.045 millones de dólares. La oposición y parte del oficialismo pretende una discusión integral con el Presupuesto 2026, fondos para intendentes y cargos en la Corte.

Enredado en su propio laberinto y con una oposición que mayoritariamente se plantó en la negativa, el tratamiento del proyecto de ley que habilita al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares quedó trunco en el Senado.

Este jueves se llevó a cabo una sesión ordinaria, la primera desde finales de junio cuando se aprobó la reelección indefinida de los legisladores. En el encuentro, que inició más de tres horas después de la convocatoria oficial, se trataron temas de bajo vuelo político, aunque de sumo interés para los bloques parlamentarios.

La previa fue un cruce fuerte de cumbres y contracumbres, negociaciones e intentos fallidos por sacar adelante algo que tiene trabas por todos lados. Fue un revival de la eterna discusión por el fallido Presupuesto 2025. “Esto es muy simple, el gobernador pone los cargos sobre la mesa y sale por unanimidad en las dos Cámaras”, dijo a Buenos Aires/12 un hombre del PRO al tanto de las conversaciones.

Desde hace algunas semanas, la vicegobernadora Verónica Magario y la secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, habían iniciado las conversaciones con algunos sectores dialoguistas de la oposición para tratar de avanzar con el proyecto que Kicillof había enviado en mayo. Desde la Gobernación aseguraron a este medio que el deseo del mandatario era que se aprobara “sí o sí” este jueves, aunque deslizaron “no controlar la Legislatura”, en referencia al poder compartido entre el PJ bonaerense y el Frente Renovador.

Desde el otro lado de la Plaza San Martín, respondieron que por más diálogos que se puedan encarar con la oposición, llega un momento de limitación al poder de oferta que tiene la Legislatura y expusieron que es el Poder Ejecutivo el que debe abrir el juego.

El peronismo no contenía una unificación de ideas sobre cómo accionar, incluso al interior del propio bloque de Unión por la Patria. Mientras un sector pretendía dar el visto bueno al proyecto en estas condiciones, otros expusieron su intención de que se debata el paquete completo que incluya al Presupuesto 2026, la Ley Fiscal y la toma de deuda.

En la oposición dialoguista también había reclamos puntuales. Este grupo lo conforman Somos Buenos Aires, unos cuatro legisladores del PRO, tres de Unión y Libertad y el monobloque Derecha Popular. Con ellos, el peronismo unificado llegaría a los dos tercios, pero con condiciones.

Desde este sector, principalmente, se reclamó por un fondo fijo destinado a los municipios. Cabe recordar que la propuesta del Poder Ejecutivo destina un 8 por ciento de la deuda que se vaya a tomar a las comunas, lo que no determina en concreto el monto con el que podrían contar los intendentes.

Mientras en el Senado intentaban avanzar con la búsqueda de voluntades, del otro lado del Palacio Legislativo, el viejo Juntos por el Cambio cerraba filas. Según pudo conocer Buenos Aires/12, al mediodía hubo una reunión entre los presidentes de bloque del PRO, Matías Ranzaini, de la UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena y de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin, donde fijaron postura de un debate unificado y que contenga todas las discusiones pendientes, fundamentalmente los cargos.

En ese encuentro hicieron las cuentas y llegaron a contar 33 voluntades en contra de dar respaldo al proyecto, lo que dejaría al oficialismo sin alcanzar la mayoría especial. Así se lo comunicaron al presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, con la intención de que el dirigente massista lo comunicara al Poder Ejecutivo.

Por caso, el dirigente radical que responde al senador nacional Maximiliano Abad, enfatizó en la necesidad de dar la discusión conjunta y dijo que es “imprescindible” establecer un fondo de libre disponibilidad para los 135 municipios, distribuibles por CUD y que tenga un monto determinado, actualizable y con plazos de desembolso concretos, tal como había ocurrido durante el debate presupuestario de 2023.

Asimismo, planteó la necesidad de “buscar consensos” para completa la integración de la Suprema Corte de Justicia, dado que que hoy funciona en minoría con tres miembros sobre los siete que debería tener. También pidió la “normalización” del directorio del Banco Provincia y de todos los organismos que requieran acuerdo de la Legislatura.

“La oposición puede desear lo que desee y se puede escuchar lo que pronuncie”, dijo el gobernador ante la consulta de este medio a comienzos de la semana, echando por tierra el debate. Los proyectos de Presupuesto y ley Fiscal todavía no fueron girados al Poder Legislativo.

Aún así, este jueves mientras el inicio de la sesión se dilataba, un importante dirigente del peronismo sostenía conversaciones con nombres de peso de la Legislatura para intentar dejar vivo el expediente y que, con viento a favor, se pueda debatir “en espejo”, es decir, en las dos Cámaras, la semana que viene. Muchos lo veían con dificultad si no se ponía el fondo especial o los cargos como prenda de negociación.

Más allá de eso, en diferentes terminales de la Legislatura evalúan cómo será esa discusión, dada la atomización de la oposición y también la aparición de nuevos actores en la disputa de poder, como La Libertad Avanza. “Los cargos que están ocupados ahora responden a gente que ya es Windows 95 en la política provincial y nacional”, ironizó una voz que camina mucho por los pasillos legislativos.

Por ejemplo, en el directorio del BaPro hay nombres del PRO que se ubicaron allí cuando el partido aún era un actor de peso y por pedido de Horacio Rodríguez Larreta, hoy corrido de las discusiones; o de Patricia Bullrich. También se sabe que se liberará el lugar que ocupa el massista Sebastián Galmarini, que asumirá como diputado nacional en diciembre. Lo concreto es que la oposición está partida y la selección de los interlocutores deberá llevarse adelante con cautela y paciencia.

No termina allí, sino que hay sectores del propio oficialismo que pretenden que el gobernador ponga en marcha las negociaciones por los lugares en esos organismos, especialmente en la Suprema Corte. Así las cosas, el tiempo corre, los recursos se limitan y las necesidades de cerrar el año con las manos llenas -o al menos un premio consuelo- prevalecen en oficialistas y opositores.

Los puntos clave del proyecto de la polémica

El proyecto que el gobernador ingresó a la Legislatura a través del Senado pide en sus primeros artículos la autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.045 millones de dólares y para la emisión de Letras del Tesoro por el equivalente en pesos a 250 millones de dólares.

Según Kicillof, el dinero será utilizado para hacer frente a deudas anteriores de la administración bonaerense, como también a financiar obras de infraestructura. Indicó que la administración de Vidal tuvo autorización para tomar deudas por montos mayores a 3.500 millones de dólares.

El proyecto incluye, además, la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias, que habían vencido en marzo último. Se trata de aquellas en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética. Esto permite a las carteras afectadas, poder tomar medidas y realizar contrataciones de un modo más laxo que en las situaciones regulares.

En ese contexto, encomienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de la revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica, “que le permita alcanzar los acuerdos de entendimiento para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”.

El texto contempla también la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia, al tiempo que suma 5 mil horas cátedra para la escuela secundaria.

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