La decisi\u00f3n del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N\u00b0 11 responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que hab\u00eda denunciado que el Gobierno dej\u00f3 vencer los plazos judiciales sin concretar las actualizaciones salariales y de las becas previstas por la legislaci\u00f3n.<\/p>\n
En su resoluci\u00f3n, Cormick dispuso hacer efectivo el apercibimiento que hab\u00eda formulado el 30 de septiembre y estableci\u00f3 una primera multa diaria de 100.000 pesos. Tambi\u00e9n dej\u00f3 abierta la posibilidad de revisar tanto la cifra como los funcionarios alcanzados por la sanci\u00f3n.<\/p>\n
Las multas, conocidas jur\u00eddicamente como astreintes<\/em>, son medidas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial. En este caso, el magistrado las dirigi\u00f3 al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque podr\u00edan extenderse a otros integrantes del Ejecutivo si persiste la desobediencia. Entre los funcionarios que podr\u00edan quedar alcanzados se encuentran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educaci\u00f3n, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Pol\u00edticas Universitarias, Alejandro \u00c1lvarez.<\/p>\n El conflicto se origin\u00f3 en la decisi\u00f3n del Ejecutivo de condicionar la aplicaci\u00f3n de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara de d\u00f3nde saldr\u00edan los recursos necesarios para financiarla.<\/p>\n La norma, aprobada por el Parlamento y posteriormente ratificada tras el veto presidencial, contempla la recomposici\u00f3n de los salarios docentes y no docentes de las universidades p\u00fablicas, la actualizaci\u00f3n de las becas estudiantiles y el incremento de los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.<\/p>\n Sin embargo, mediante el decreto 759\/2025, la administraci\u00f3n de Javier Milei supedit\u00f3 su implementaci\u00f3n a la identificaci\u00f3n de las fuentes de financiamiento. Esa disposici\u00f3n fue cuestionada judicialmente por las universidades, que consideraron que el Ejecutivo estaba desconociendo una ley cuya vigencia hab\u00eda sido reafirmada por el Congreso.<\/p>\n En el marco de ese litigio, Cormick dict\u00f3 una medida cautelar que orden\u00f3 avanzar con la actualizaci\u00f3n de las remuneraciones del personal universitario y las becas. La resoluci\u00f3n fue confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de este a\u00f1o.<\/p>\n Ante la falta de cumplimiento, el magistrado intim\u00f3 al Estado a ejecutar las medidas en un plazo de cinco d\u00edas. El vencimiento de ese t\u00e9rmino, seguido de una nueva pr\u00f3rroga sin que se concretaran los pagos reclamados, llev\u00f3 al CIN a solicitar la aplicaci\u00f3n de sanciones econ\u00f3micas.<\/p>\n El juez ya hab\u00eda se\u00f1alado que la documentaci\u00f3n presentada por el Ejecutivo no demostraba que los incrementos salariales otorgados hubieran permitido recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflaci\u00f3n. En relaci\u00f3n con las becas, reconoci\u00f3 avances respecto de la Manuel Belgrano, pero consider\u00f3 que segu\u00edan pendientes otras obligaciones establecidas por la ley.<\/p>\n![\"Este](\"https:\/\/static.eldiario.es\/clip\/24fcd37a-8cbf-4d9f-bf79-4148f2523505_16-9-discover-aspect-ratio_50p_0.webp\")
<\/picture>Una medida judicial que el Gobierno sigue sin cumplir<\/h2>\n
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