La medida fue tomada por Mariel Borruto, titular del Juzgado Federal de R\u00edo Grande, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociaci\u00f3n Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) en una acci\u00f3n preventiva de da\u00f1o ambiental que ambas organizaciones promovieron.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n aclara que se trata de una decisi\u00f3n cautelar y que todav\u00eda no hay un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas. Pero el alcance de lo que ordena es amplio: Rockhopper y Navitas deben abstenerse de perforar el lecho y subsuelo marino, instalar infraestructura submarina, conductos y sistemas de fondeo<\/strong>, poner en funcionamiento las unidades flotantes de producci\u00f3n y almacenamiento previstas, iniciar la explotaci\u00f3n comercial de hidrocarburos y avanzar con las obras terrestres y portuarias en Puerto Argentino que sostienen el proyecto, entre ellas una base log\u00edstica de hasta 120.000 metros cuadrados. Sea Lion contempla, seg\u00fan el expediente, la perforaci\u00f3n de 23 pozos.<\/strong><\/p>\n La jueza no fija esa suspensi\u00f3n en el tiempo de manera absoluta: la abstenci\u00f3n regir\u00e1 hasta que las empresas sustancien ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental previsto en la Ley General del Ambiente, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario. La resoluci\u00f3n explica por qu\u00e9 no adopt\u00f3 la f\u00f3rmula que hab\u00edan pedido originalmente las organizaciones demandantes, que era mantener la prohibici\u00f3n hasta que las empresas obtuvieran un Certificado de Aptitud Ambiental: como Rockhopper ya tiene una inhabilitaci\u00f3n administrativa por veinte a\u00f1os para operar en el pa\u00eds, esa condici\u00f3n habr\u00eda convertido, en los hechos, una medida cautelar y provisoria en una prohibici\u00f3n definitiva. El juzgado opt\u00f3, en cambio, por una f\u00f3rmula que consider\u00f3 menos restrictiva y procesalmente m\u00e1s s\u00f3lida.<\/p>\n El fundamento jur\u00eddico central es que ninguna autoridad argentina hab\u00eda iniciado un control ambiental sobre el proyecto hasta que la Justicia lo requiri\u00f3<\/strong>. Un informe de la Direcci\u00f3n de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete, de febrero de este a\u00f1o, confirm\u00f3 que no exist\u00eda aviso de proyecto ni procedimiento de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental iniciado con las empresas mencionadas. La Ley 25.675 exige esa evaluaci\u00f3n previa para toda actividad capaz de degradar significativamente el ambiente, y la Ley 26.659 proh\u00edbe desarrollar actividades hidrocarbur\u00edferas en la plataforma continental argentina sin autorizaci\u00f3n nacional. Para el juzgado, esa omisi\u00f3n no es un dato menor de tr\u00e1mite: es, en sus propios t\u00e9rminos, la conducta antijur\u00eddica que vuelve previsible el da\u00f1o, porque quien deb\u00eda evaluar el riesgo no lo hizo y de todos modos pretend\u00eda ejecutar la obra. Es la aplicaci\u00f3n concreta del principio precautorio, que establece que la incertidumbre cient\u00edfica no puede usarse como excusa para postergar medidas de protecci\u00f3n.<\/p>\n Ese vac\u00edo de control estatal se combina, en el expediente, con los antecedentes de las empresas. Documentaci\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda incorporada a la causa muestra que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum LP ya hab\u00edan sido alcanzadas por resoluciones de 2012, 2013 y 2022 que declararon \u201cilegales y clandestinas\u201d sus actividades en la plataforma continental argentina<\/strong> y dispusieron su inhabilitaci\u00f3n para operar en el pa\u00eds por veinte a\u00f1os. El juzgado diferenci\u00f3 jur\u00eddicamente a Navitas Petroleum LP \u2014la sociedad sancionada\u2014 de Navitas Petroleum Development and Production Limited, la demandada en esta causa, pero consider\u00f3 que esa distinci\u00f3n societaria no impide otorgar la cautelar, porque la antijuridicidad de esta \u00faltima surge de su propia conducta y no depende de estar alcanzada por la sanci\u00f3n previa. El juzgado pidi\u00f3 adem\u00e1s a la autoridad administrativa que precise la relaci\u00f3n societaria entre ambas.<\/p>\n Para sostener su competencia sobre dos sociedades constituidas en el extranjero, la jueza invoc\u00f3 el art\u00edculo 2603 del C\u00f3digo Civil y Comercial, que habilita a los jueces argentinos a dictar medidas cautelares aunque los bienes o las personas involucradas no se encuentren en el pa\u00eds, y consider\u00f3 que la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659 son normas de aplicaci\u00f3n inmediata que se imponen por sobre cualquier autorizaci\u00f3n o t\u00edtulo extranjero que las empresas pudieran invocar.<\/strong> La resoluci\u00f3n precis\u00f3 que la ejecuci\u00f3n material de la medida depender\u00e1 de la cooperaci\u00f3n internacional: la notificaci\u00f3n a las empresas deber\u00e1 tramitarse por la v\u00eda del Convenio de La Haya de 1965<\/strong>, lo que puede demorar los pr\u00f3ximos pasos del expediente.<\/p>\n El otro eje de la resoluci\u00f3n, adem\u00e1s del ambiental, es la soberan\u00eda. El juzgado reconoci\u00f3 la legitimaci\u00f3n de AAdeAA por su objeto estatutario de protecci\u00f3n ambiental, pero en el caso del CECIM fue m\u00e1s all\u00e1: sostuvo que la controversia \u201cno se agota en una controversia t\u00e9cnico-ambiental\u201d, porque subyace en ella la defensa de la soberan\u00eda nacional, a la que caracteriz\u00f3 como \u201cbien colectivo indivisible\u201d y \u201cinter\u00e9s federal por antonomasia\u201d<\/strong>. Esa lectura ubica a la soberan\u00eda sobre Malvinas no como una discusi\u00f3n exclusivamente diplom\u00e1tica o territorial, sino como un bien jur\u00eddico que tambi\u00e9n puede activar la protecci\u00f3n cautelar de la Justicia federal.<\/p>\n![\"El](\"https:\/\/static.eldiario.es\/clip\/dc088d57-0208-4fb5-bd68-3b3139bc6fa5_source-aspect-ratio_50p_0.webp\")
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<\/picture>Soberan\u00eda<\/h2>\n
El fallo que frena las operaciones de las empresas petroleras.<\/h3>\n