La Asociaci\u00f3n de Institutos de Ense\u00f1anza Privada Argentina \u2014AIEPA\u2014 expres\u00f3 su rechazo al traspaso del personal extraprogram\u00e1tico y no docente de los colegios privados al r\u00e9gimen previsional del Instituto de Previsi\u00f3n Social de la Provincia de Buenos Aires \u2014IPS\u2014, en reemplazo del r\u00e9gimen nacional administrado por ANSES, al que vienen aportando hasta el momento.
\nLa controversia se origin\u00f3 a partir del art\u00edculo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso que los docentes extraprogram\u00e1ticos \u2014quienes dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria\u2014 y el personal no docente de instituciones educativas de gesti\u00f3n privada pasen a aportar al IPS.<\/p>\n
Desde AIEPA advirtieron que la medida fue adoptada sin una instancia previa suficiente de di\u00e1logo y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro que otorgue seguridad jur\u00eddica a las instituciones educativas alcanzadas.<\/p>\n
\u201cEl problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de d\u00f3nde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al r\u00e9gimen administrado por ANSES\u201d, explic\u00f3 Mart\u00edn Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.<\/p>\n
Seg\u00fan estimaciones del sector, el eventual traspaso podr\u00eda alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogram\u00e1ticas. La modificaci\u00f3n implicar\u00eda que esos trabajadores y sus empleadores dejen de aportar al sistema nacional y pasen al r\u00e9gimen provincial.<\/p>\n
AIEPA advierte que la medida tendr\u00eda un impacto econ\u00f3mico directo. Por un lado, podr\u00eda aumentar el costo laboral de las instituciones educativas, especialmente por la eventual p\u00e9rdida o inaplicabilidad del r\u00e9gimen nacional diferencial de contribuciones patronales previsto para establecimientos educativos de gesti\u00f3n privada incorporados a la ense\u00f1anza oficial. Por otro lado, tambi\u00e9n podr\u00eda afectar el ingreso de bolsillo de los trabajadores, ya que el aporte personal al r\u00e9gimen provincial resulta superior al previsto en el sistema nacional.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la entidad remarc\u00f3 que el cambio podr\u00eda generar consecuencias previsionales para el propio personal alcanzado. Muchos trabajadores poseen trayectorias laborales vinculadas al r\u00e9gimen nacional y, aun cuando comiencen a aportar al IPS, podr\u00edan no reunir en el futuro los a\u00f1os necesarios para acceder a una jubilaci\u00f3n por el r\u00e9gimen provincial. En ese escenario, terminar\u00edan jubil\u00e1ndose por ANSES, mientras que durante a\u00f1os sus aportes habr\u00edan sido derivados al sistema provincial.<\/p>\n
Frente a este escenario, AIEPA promovi\u00f3 una acci\u00f3n judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, solicitando la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de medidas que resguarden la seguridad jur\u00eddica de las instituciones educativas asociadas.<\/p>\n
La postura de AIEPA se funda, entre otros aspectos, en la subsistencia del r\u00e9gimen nacional vigente, la jerarqu\u00eda normativa federal, la falta de coordinaci\u00f3n interjurisdiccional y el riesgo de que los colegios queden expuestos a reclamos cruzados de organismos nacionales y provinciales.<\/p>\n
En particular, la entidad advirti\u00f3 que si una instituci\u00f3n dejar\u00e1 de ingresar, de un per\u00edodo a otro, los aportes y contribuciones al r\u00e9gimen nacional sin contar con una norma o acto administrativo nacional que expresamente la exima de hacerlo, podr\u00eda quedar expuesta a eventuales reclamos de deuda por parte de ANSES, ARCA u otros organismos competentes.<\/p>\n
En paralelo a la acci\u00f3n judicial, AIEPA efectu\u00f3 distintas presentaciones institucionales ante los organismos competentes. Entre ellas, comunic\u00f3 formalmente a DIEGEP su postura y solicit\u00f3 que, hasta tanto exista certeza normativa, administrativa y judicial suficiente, no se exija a los establecimientos educativos la denuncia, carga o incorporaci\u00f3n del personal extraprogram\u00e1tico a la planta funcional.<\/p>\n
La controversia adquiri\u00f3 mayor relevancia institucional luego de que el Estado Nacional, a trav\u00e9s del Ministerio de Capital Humano y con intervenci\u00f3n de los organismos competentes, promoviera una acci\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n contra la Provincia de Buenos Aires, caratulada \u201cEstado Nacional \u2014Ministerio de Capital Humano\u2014 c\/ Buenos Aires, Provincia de y otro s\/ acci\u00f3n declarativa de inconstitucionalidad\u201d, expediente CSJ 001481\/2026-00.<\/p>\n
En esa presentaci\u00f3n, el Estado Nacional solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de la normativa provincial cuestionada y el dictado de una medida cautelar para suspender su aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
Para AIEPA, la demanda nacional constituye un respaldo sustancial a la l\u00ednea argumental que la entidad viene sosteniendo desde el inicio del conflicto, en tanto confirma que la cuesti\u00f3n no se limita a una discusi\u00f3n administrativa local, sino que involucra competencias nacionales, obligaciones previsionales vigentes, recursos de la seguridad social y el principio de supremac\u00eda normativa.<\/p>\n
\u201cLa aplicaci\u00f3n inmediata del r\u00e9gimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situaci\u00f3n de grave incertidumbre jur\u00eddica, con riesgo de superposici\u00f3n de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado\u201d, se\u00f1alaron desde la entidad.<\/p>\n
AIEPA remarc\u00f3 que los colegios privados no buscan dejar de cumplir con sus obligaciones laborales y previsionales, sino contar con una definici\u00f3n clara, v\u00e1lida y coordinada entre Naci\u00f3n y Provincia respecto del r\u00e9gimen aplicable.<\/p>\n
Por ello, la Asociaci\u00f3n solicita que no se exija la implementaci\u00f3n del traspaso a las escuelas, hasta tanto exista una definici\u00f3n judicial o normativa que otorgue certeza al sector educativo de gesti\u00f3n privada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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