La reducci\u00f3n de programas nacionales y las respuestas provinciales reabren el debate sobre c\u00f3mo acompa\u00f1ar a las adolescentes frente a situaciones de violencia, embarazo no intencional, abandono escolar y problemas de salud mental<\/p>\n
A once a\u00f1os de la primera movilizaci\u00f3n de Ni Una Menos, la situaci\u00f3n de las adolescentes vuelve a plantear interrogantes sobre el alcance de las pol\u00edticas p\u00fablicas en Argentina. Especialistas y organismos advierten sobre desaf\u00edos menos visibles que condicionan sus trayectorias: el acceso a la salud mental, la prevenci\u00f3n de embarazos no intencionales, la permanencia escolar y la disponibilidad de redes de cuidado y acompa\u00f1amiento.En los \u00faltimos a\u00f1os, varias de las pol\u00edticas nacionales destinadas a estos temas fueron reducidas, modificadas o discontinuadas. Al mismo tiempo, algunas provincias comenzaron a desarrollar respuestas propias para sostener programas de prevenci\u00f3n, asistencia y revinculaci\u00f3n educativa. En este escenario, nos preguntamos: \u00bfqu\u00e9 capacidad tienen hoy las instituciones para acompa\u00f1arlas?. De eso habla esta nueva agenda p\u00fablica de\u00a0Fundaci\u00f3n COLSECOR.<\/strong><\/p>\n Chiara P\u00e1ez ten\u00eda 14 a\u00f1os cuando su desaparici\u00f3n y muerte en Rufino, Santa Fe, en mayo de 2015 encendi\u00f3 la primera convocatoria del Ni Una Menos. A once a\u00f1os de esa primera marcha, lo que\u00a0se logr\u00f3 incorporar en la agenda pol\u00edtica y social sigue siendo m\u00e1s s\u00f3lido que la respuesta gubernamental y judicial.<\/p>\n En ese marco, una de las instituciones que produce informaci\u00f3n para orientar el dise\u00f1o de pol\u00edtica p\u00fablicas es el Observatorio de las Violencias de G\u00e9nero\u00a0Ahora Que S\u00ed Nos Ven<\/a>,\u00a0asociaci\u00f3n civil que\u00a0reporta\u00a0cifras que incomodan: entre junio de 2015 y mayo de 2026 hubo en Argentina al menos 3.205 femicidios, uno cada 31 horas.<\/p>\n Los datos del informe de Ahora Que S\u00ed Nos Ven revelan que en los femicidios de ni\u00f1as y adolescentes menores de 17 a\u00f1os, el principal agresor (el 34,6% de los casos) es un familiar o un conocido. M\u00e1s de un tercio de estos cr\u00edmenes ocurre en el entorno que deber\u00eda ser de cuidado y protecci\u00f3n, lo que dificulta cualquier estrategia de denuncia o b\u00fasqueda de ayuda. A eso se suma que el 22% de las ni\u00f1as y adolescentes asesinadas en estos once a\u00f1os hab\u00eda sido desaparecida previamente, y el 19% sufri\u00f3 ataques contra su integridad sexual.<\/p>\n El an\u00e1lisis por franjas etarias suma otro dato: el 76% de las v\u00edctimas menores de 17 a\u00f1os ten\u00eda menos de 15 a\u00f1os, con especial concentraci\u00f3n entre los 11 y los 15. Se trata,\u00a0como se\u00f1ala el propio informe<\/a>, de edades atravesadas por la escolarizaci\u00f3n y la construcci\u00f3n de autonom\u00eda, donde el acceso a redes de escucha y acompa\u00f1amiento deber\u00eda funcionar como mecanismo de prevenci\u00f3n.<\/p>\n Fue el caso Agostina, que conmocion\u00f3 al pa\u00eds en d\u00edas previos al 3J, el que volvi\u00f3 a poner en el centro una pregunta clave: \u00bfqu\u00e9 dispositivos de protecci\u00f3n existen cuando la v\u00edctima es una adolescente? La pregunta no es menor, porque las adolescentes no son simplemente \u201cmujeres j\u00f3venes\u201d: tienen formas particulares de exposici\u00f3n al riesgo, con v\u00ednculos de dependencia que limitan sus posibilidades de pedir ayuda y con una relaci\u00f3n con las instituciones del Estado que est\u00e1 mediada por adultos.<\/p>\n <\/p>\n Durante las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, Argentina desarroll\u00f3 un conjunto de pol\u00edticas orientadas a prevenir y abordar situaciones de violencia de g\u00e9nero, garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos y fortalecer mecanismos de acompa\u00f1amiento. Diversos organismos nacionales, programas espec\u00edficos y redes territoriales conformaron una arquitectura institucional que, con distintos niveles de alcance seg\u00fan las jurisdicciones, funcion\u00f3 como referencia para la intervenci\u00f3n estatal frente a situaciones de vulnerabilidad.<\/p>\n Desde diciembre de 2023, ese sistema fue desmantelado de manera sistem\u00e1tica. El Ministerio de las Mujeres, G\u00e9neros y Diversidad de la Naci\u00f3n fue cerrado. La L\u00ednea 144 nacional fue vaciada. El Plan ENIA, el programa de prevenci\u00f3n de embarazos no intencionales en la adolescencia, con presencia territorial en todo el pa\u00eds, fue eliminado. El INADI fue disuelto, lo que seg\u00fan el\u00a0informe del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires\u00a0<\/a>afect\u00f3 la articulaci\u00f3n interjurisdiccional: ese organismo ten\u00eda llegada directa a territorios en otras provincias y facilitaba gestiones que hoy no tienen canal institucional.<\/p>\n Los efectos de todo ese combo se miden en datos concretos. En 2025 no se registr\u00f3 ninguna nueva alta del Programa Acompa\u00f1ar, que brindaba apoyo econ\u00f3mico transitorio a v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero.\u00a0El CELS document\u00f3<\/a>\u00a0que actualmente solo el 8% de las pol\u00edticas de cuidado que estaban vigentes en 2023 permanecen activas: de 50 pol\u00edticas, quedan cuatro. Casi tres millones de personas perdieron al menos una prestaci\u00f3n o fueron desvinculadas de un programa del que eran beneficiarias.<\/p>\n La comunidad internacional observ\u00f3 este retroceso con preocupaci\u00f3n formal. En marzo de 2026, el\u00a0Comit\u00e9 de la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de Todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer\u00a0 de la ONU (CEDAW)\u00a0<\/a>\u00a0se\u00f1al\u00f3 la respuesta insuficiente del Estado nacional argentino, con observaciones espec\u00edficas sobre la falta de un marco integral operacional hacia las adolescentes: por ejemplo, el CEDAW expres\u00f3 que desde el Gobierno tuvieron una\u00a0postura abiertamente regresiva en derechos sexuales y reproductivos, negando la evidencia comprobada de la implementaci\u00f3n del Plan de Prevenci\u00f3n del Embarazo No intencional en la Adolescencia e insistieron en que el Estado argentino se aparte de estos temas para dejarlos en mano de las familias que son, seg\u00fan la respuesta oficial, \u201cresponsables de educar a sus hijos sobre la planificaci\u00f3n familiar como quieran y les parezca\u201d. \u00abLas observaciones del comit\u00e9 reflejan una diferencia de enfoque respecto del papel que deben desempe\u00f1ar las pol\u00edticas p\u00fablicas y las instituciones educativas en materia de prevenci\u00f3n y acompa\u00f1amiento.<\/p>\n La escuela ocupa un lugar central en las pol\u00edticas destinadas a las adolescencias. No s\u00f3lo porque concentra buena parte de los procesos de aprendizaje y socializaci\u00f3n, sino porque funciona como un espacio de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n temprana y acompa\u00f1amiento frente a distintas situaciones de vulnerabilidad.<\/p>\n En ese marco se propuso el\u00a0Plan ENIA, lanzado en 2018,<\/a>\u00a0porque las cifras daban cuenta de un escenario dram\u00e1tico: siete de cada diez embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 a\u00f1os eran no intencionales, mientras que entre las ni\u00f1as menores de 15 a\u00f1os la proporci\u00f3n ascend\u00eda a ocho de cada diez casos, muchos de ellos asociados a situaciones de abuso sexual.<\/p>\n Apenas tres a\u00f1os despu\u00e9s de ponerse en marcha, logr\u00f3 reducir las cifras a cinco de cada diez embarazos no intencionales entre adolescentes de 15 a 19 a\u00f1os y a siete de cada diez entre las menores de 15 a\u00f1os. \u00bfQu\u00e9 se hizo?\u00a0Articular acciones entre los sistemas de salud, educaci\u00f3n y desarrollo social<\/strong>\u00a0con el objetivo de ampliar el acceso a informaci\u00f3n, m\u00e9todos anticonceptivos y acompa\u00f1amiento integral para adolescentes. Dicho de otro modo, se hab\u00eda logrado una pol\u00edtica p\u00fablica integral m\u00e1s all\u00e1 de las jurisdicciones y \u00e1reas de especialidad.<\/p>\n En este escenario, la\u00a0Educaci\u00f3n Sexual Integral (ESI), ley nacional desde 2006<\/strong>, tambi\u00e9n constituye una herramienta clave de prevenci\u00f3n. Adem\u00e1s de brindar informaci\u00f3n sobre salud sexual y reproductiva y m\u00e9todos anticonceptivos, la ESI incorpora contenidos vinculados con el consentimiento, los v\u00ednculos respetuosos, la igualdad de g\u00e9nero y la prevenci\u00f3n de las violencias. Diversas investigaciones muestran que la escuela suele ser uno de los primeros espacios donde ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes adquieren herramientas para reconocer situaciones de abuso o vulneraci\u00f3n de derechos.\u00a0Datos del Ministerio P\u00fablico Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires<\/a>\u00a0se\u00f1alan que entre el 70% y el 80% de los ni\u00f1os y ni\u00f1as que hab\u00edan sufrido abusos lograron reconocer esas situaciones luego de participar en actividades vinculadas a la ESI.<\/p>\n Pero la ESI result\u00f3 otra de las pol\u00edticas congeladas desde 2024: seg\u00fan datos de Amnist\u00eda Internacional, ese a\u00f1o recibi\u00f3 el presupuesto m\u00e1s bajo de los \u00faltimos siete a\u00f1os y en 2025 no se le asign\u00f3 ninguna partida presupuestaria. Ahora bien, el problema de eliminarla de la agenda p\u00fablica excede el plano sanitario y se traslada a las trayectorias educativas. La evidencia muestra que\u00a0el embarazo durante la adolescencia tiene efectos sobre la permanencia escolar<\/strong>\u00a0y las oportunidades futuras de las j\u00f3venes.<\/p>\n Datos del\u00a0Fondo de Poblaci\u00f3n de las Naciones Unidas (UNFPA)<\/a>\u00a0muestran que s\u00f3lo el 38% de las mujeres que fueron madres durante la adolescencia logr\u00f3 completar la educaci\u00f3n secundaria, frente al 55% de aquellas que tuvieron hijos en la adultez. En la misma sinton\u00eda\u00a0UNICEF<\/a>\u00a0y de\u00a0Argentinos por la Educaci\u00f3n<\/a>\u00a0muestran que las interrupciones temporales, las repitencias, el ausentismo y las salidas anticipadas siguen afectando especialmente a quienes viven en contextos de vulnerabilidad econ\u00f3mica y social.<\/p>\n Las dificultades para sostener las trayectorias educativas llevaron a distintas provincias a desarrollar estrategias espec\u00edficas de acompa\u00f1amiento y revinculaci\u00f3n escolar. Mientras Buenos Aires\u00a0fortaleci\u00f3 los Centros Socioeducativos y Comunitarios y despleg\u00f3 dispositivos de revinculaci\u00f3n educativa<\/a>\u00a0en barrios populares,\u00a0Entre R\u00edos implement\u00f3 el programa Acompa\u00f1ar en escuelas secundarias<\/a>\u00a0para prevenir el abandono escolar y Tucum\u00e1n impuls\u00f3, junto a Unicef, el\u00a0plan Juntos de Nuevo<\/a>\u00a0para identificar y reincorporar estudiantes que hab\u00edan quedado fuera del sistema educativo. Algo similar lanzaron en\u00a0R\u00edo Negro<\/a>\u00a0a principio de este a\u00f1o.<\/p>\n Detr\u00e1s de estas iniciativas aparece un problema de car\u00e1cter estructural: en los hogares con mayores dificultades econ\u00f3micas, las tareas de cuidado, la necesidad de generar ingresos o las limitaciones para acceder a bienes y servicios b\u00e1sicos suelen impactar de manera directa sobre la permanencia escolar. All\u00ed las mujeres adolescentes suele ver afectadas su trayectoria escolar y laboral, tal como se\u00f1ala este\u00a0informe de Unicef<\/a>. Cuando una adolescente abandona la escuela o se desvincula de manera temprana, no s\u00f3lo interrumpe un recorrido formativo. Tambi\u00e9n pierde acceso a una red institucional capaz de detectar situaciones de riesgo, acompa\u00f1ar procesos complejos y facilitar el acceso a otros derechos. En ese sentido, la escuela constituye una de las principales herramientas de protecci\u00f3n social disponibles durante la adolescencia.<\/p>\n <\/p>\n Una\u00a0encuesta realizada entre estudiantes de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires por el Observatorio Ahora Que S\u00ed<\/a>\u00a0Nos Ven mostr\u00f3 que: \u201c8 de cada 10 j\u00f3venes hab\u00edan sufrido alguna situaci\u00f3n de incomodidad o violencia en el \u00e1mbito escolar. Sin embargo, el 60% de quienes atravesaron situaciones de acoso no realiz\u00f3 ninguna acci\u00f3n al respecto: no denunci\u00f3, no busc\u00f3 ayuda, no lo dijo en voz alta\u201d. El miedo, la falta de confianza en los adultos de la instituci\u00f3n y la ausencia de protocolos claros construyen ese silencio. \u201cAhora que nos escuchen\u201d, sintetiza el informe.<\/p>\n Fuera de la escuela, el panorama institucional se estrech\u00f3. La L\u00ednea 144, l\u00ednea nacional de atenci\u00f3n en situaciones de violencia de g\u00e9nero, fue vaciada en su capacidad operativa. La retracci\u00f3n de algunos dispositivos nacionales tambi\u00e9n produjo respuestas diferenciadas en las provincias. Mientras algunas jurisdicciones fortalecieron sus propios sistemas de atenci\u00f3n y acompa\u00f1amiento, otras profundizaron mecanismos de articulaci\u00f3n con municipios y organizaciones territoriales. Buenos Aires sostiene una l\u00ednea provincial especializada las 24 horas, mientras que\u00a0provincias como Santa Fe, C\u00f3rdoba y Catamarca contin\u00faan desarrollando estrategias propias de atenci\u00f3n, asesoramiento y derivaci\u00f3n<\/strong>\u00a0frente a situaciones de violencia de g\u00e9nero. Estas experiencias muestran que, frente a la reducci\u00f3n de programas nacionales, parte de las respuestas comenzaron a desplazarse hacia los gobiernos provinciales y locales.<\/p>\n A esa violencia presencial se suma una dimensi\u00f3n que crece sin que las respuestas institucionales la alcancen: la violencia digital. El\u00a0informe del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires<\/a>\u00a0registra que la difusi\u00f3n de im\u00e1genes \u00edntimas sin consentimiento aument\u00f3 un 96% interanual entre 2024 y 2025. Tambi\u00e9n reportan casos de im\u00e1genes generadas con inteligencia artificial, situaciones que resultan especialmente complejas de abordar en t\u00e9rminos de acceso a la justicia.<\/p>\n Las investigadoras Yanina Frezzotti y Maria Tarullo\u00a0publicaron los resultados de una investigaci\u00f3n cualitativa<\/a>\u00a0realizada con 199 estudiantes de 12 a 19 a\u00f1os de institutos de nivel secundario de Argentina. El estudio muestra c\u00f3mo los espacios virtuales, donde transcurre buena parte de la vida de las adolescencias, se convierten en nuevos canales para reproducir la violencia de g\u00e9nero, fundamentalmente a trav\u00e9s de la difusi\u00f3n de burlas, rumores y fotos \u00edntimas entre el propio alumnado.<\/p>\n <\/p>\n El impacto en la salud mental es otro eje que los equipos especializados identifican como creciente y cada vez m\u00e1s instalado en edades tempranas. Diversos organismos internacionales tambi\u00e9n advierten sobre el impacto que tienen las redes sociales y las experiencias de violencia digital en el bienestar emocional de adolescentes, especialmente mujeres j\u00f3venes. Fen\u00f3menos como el\u00a0ciberacoso, la exposici\u00f3n permanente a est\u00e1ndares de belleza dif\u00edciles de alcanzar, la circulaci\u00f3n no consentida de im\u00e1genes y las din\u00e1micas de hostigamiento<\/strong>\u00a0en entornos digitales aparecen cada vez con mayor frecuencia entre los factores asociados al malestar emocional y las consultas por salud mental.<\/p>\n En la provincia de Buenos Aires las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 60,9% entre 2019 y 2024<\/strong>. Los profesionales que trabajan con personas en situaci\u00f3n de violencia describen un incremento en las menciones de autolesiones e ideaci\u00f3n suicida, vinculado tanto a la violencia en s\u00ed como al deterioro de las condiciones materiales de vida. A nivel nacional, organizaciones como la\u00a0Asociaci\u00f3n Argentina de Salud Mental (AASM)<\/a>\u00a0y el\u00a0Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)<\/a>\u00a0vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener dispositivos de prevenci\u00f3n, acompa\u00f1amiento y atenci\u00f3n en salud mental y cuidados. La reducci\u00f3n o discontinuidad de programas nacionales, sumada a las limitaciones presupuestarias que atraviesan los sistemas p\u00fablicos de salud, traslad\u00f3 una\u00a0mayor presi\u00f3n a las provincias y municipios, que hoy deben absorber una demanda creciente con recursos desiguales.<\/strong><\/p>\n As\u00ed, cuando una adolescente atraviesa estas situaciones y necesita atenci\u00f3n, se encuentra con turnos demorados, sistemas p\u00fablicos de salud bajo presi\u00f3n y una red de programas que, en su mayor\u00eda, ya no existe. Lo que queda, en muchos casos, son los pares. La misma encuesta del\u00a0Observatorio Ahora Que S\u00ed Nos Ven<\/a>\u00a0revel\u00f3 que un tercio de las y los estudiantes recurre a sus compa\u00f1eros o al centro de estudiantes frente a una situaci\u00f3n de acoso, porque no sabe en qui\u00e9n confiar entre los adultos de su instituci\u00f3n, porque no se difundieron protocolos que no se difundieron y ante un Estado que, especialmente en los \u00faltimos dos a\u00f1os, fue retirando las herramientas que hac\u00edan posible otra respuesta.<\/p>\nEl disparador: Ni Una Menos<\/h4>\n
Avances y retrocesos<\/h4>\n
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La ESI, el embarazo adolescente y las trayectorias educativas<\/h4>\n
Violencia de g\u00e9nero en adolescentes<\/h4>\n
Salud mental<\/h4>\n