El magistrado fall\u00f3 contra la Resoluci\u00f3n 943\/23 del Ministerio de Seguridad, que Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestaci\u00f3n que interrumpa el tr\u00e1nsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita la actuaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.<\/p>\n
La acci\u00f3n colectiva pidi\u00f3 que se declare la inconstitucionalidad del protocolo al entender que\u00a0atenta de manera directa contra el derecho a la protesta, a la libertad de expresi\u00f3n, de petici\u00f3n y de reuni\u00f3n<\/strong>, garantizados en la Constituci\u00f3n Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos.<\/p>\n La sentencia judicial se conoce tres semanas despu\u00e9s de que el fiscal del fuero contencioso administrativo Fabi\u00e1n Canda cuestionara la falta de fundamentos v\u00e1lidos del Gobierno para dictar el protocolo antipiquetes. Canda se\u00f1al\u00f3 en su dictamen que el protocolo utiliza un concepto de flagrancia que no es el que est\u00e1 previsto en el r\u00e9gimen penal. La \u00fanica excepci\u00f3n es que se trate de delitos comunes cometidos en la protesta.<\/p>\n \u201cDel mismo modo en que Milei pretendi\u00f3 gobernar por DNU, sin pasar por el Congreso, el Ministerio de Seguridad legisl\u00f3 para restringir al m\u00e1ximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y tambi\u00e9n del Poder Judicial\u201d, consider\u00f3\u00a0Paula Litvachky<\/strong>, directora ejecutiva del CELS, ante\u00a0elDiarioAR<\/strong>. \u201cCon esta sentencia, un juez le pone l\u00edmite al Ministerio de Seguridad y le dice que no puede legislar a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n ni puede interpretar el c\u00f3digo penal como se la da la gana, mucho menos restringiendo cuestiones tan importantes como el derecho a la protesta y derechos constitucionales como la vida y la integridad personal, que tienen que ser garantizados y protegidos\u201d, complet\u00f3.<\/p>\n El juez sostiene tambi\u00e9n que con el pretexto de ordenar el tr\u00e1nsito y darle \u201cinstrucciones a la polic\u00eda\u201d, la resoluci\u00f3n se excede tanto que llega a modificar el c\u00f3digo penal y las leyes org\u00e1nicas de las polic\u00edas.<\/p>\n El saldo del protocolo de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a\u00a0casi 1.400 manifestantes heridos<\/strong>\u00a0desde que se implement\u00f3. Seg\u00fan datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos a\u00f1os exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este a\u00f1o.<\/p>\n![\"Bullrich](\"https:\/\/static.eldiario.es\/clip\/2d449be1-ceff-49a9-84a3-b4064cfcaf00_16-9-discover-aspect-ratio_50p_0.webp\")
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El juez Mart\u00edn Cormick fall\u00f3 contra la Resoluci\u00f3n 943\/23 del Ministerio de Seguridad, que la ahora senadora puso en marcha en diciembre de 2023.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":119444,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[],"class_list":["post-130525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-judiciales"],"yoast_head":"\n