El Comit\u00e9 Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) emiti\u00f3 un lapidario informe denunciando una grave matriz de contradicciones y falencias en la pol\u00edtica de peajes del Gobierno Nacional. <\/b><\/p>\n
El organismo advierte que la nueva RFC vulnera el derecho al libre tr\u00e1nsito al no prever caminos alternativos, impone una doble carga tributaria (peaje + Impuesto a los Combustibles) y entrega la operaci\u00f3n de rutas, sin obras de inversi\u00f3n, a los mismos grupos empresarios vinculados a la \u00abpatria contratista\u00bb, lo que se traduce en un modelo de \u201criesgo cero\u201d para las concesionarias y un aumento desmedido de costos log\u00edsticos para la poblaci\u00f3n.<\/p>\n
BUENOS AIRES.<\/b> El Comit\u00e9 Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) arremeti\u00f3 con dureza contra la Red Federal de Concesiones (RFC)<\/b> impulsada por el Gobierno Nacional, a la que califica como un esquema \u00abregresivo e ineficiente\u00bb<\/b> que amenaza la econom\u00eda y los derechos constitucionales de los ciudadanos.<\/p>\n
El informe centraliza su cr\u00edtica en diez puntos, acusando al Gobierno de impulsar un \u00abfalso peaje\u00bb<\/b> que perpet\u00faa un modelo fallido, caracterizado por el beneficio empresarial a costa del usuario.<\/p>\n
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La principal objeci\u00f3n de la entidad se centra en la vulneraci\u00f3n del derecho de libre tr\u00e1nsito<\/b>. Seg\u00fan el an\u00e1lisis, el r\u00e9gimen de concesiones es inconstitucional<\/b> ya que en la pr\u00e1ctica impone un cobro obligatorio al no contemplar caminos alternativos libres de pago.<\/p>\n
A esto se suma la denuncia de doble imposici\u00f3n de car\u00e1cter confiscatorio<\/b>. El documento subraya que los usuarios ya abonan el Impuesto a los Combustibles<\/b> (que recauda anualmente m\u00e1s de U$S 3.000 millones y deber\u00eda destinarse a la infraestructura vial) para luego ser obligados a pagar el peaje, configurado as\u00ed como un \u00abimpuesto indirecto al tr\u00e1nsito\u00bb<\/b>.<\/p>\n
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Uno de los puntos m\u00e1s pol\u00e9micos es la ausencia de exigencia de inversi\u00f3n real en los pliegos de la RFC. El CONADUV alerta que los contratos contemplan \u00fanicamente tareas de \u00abconservaci\u00f3n y mantenimiento de rutina\u00bb<\/b> (como corte de pasto y limpieza), pero a pesar de ello, se prev\u00e9 una triplicaci\u00f3n de las tarifas<\/b> y la instalaci\u00f3n de nuevas estaciones de peaje, con una frecuencia promedio de una cada 97 km<\/b>.<\/p>\n
Asimismo, la entidad cuestiona la participaci\u00f3n de los mismos grupos econ\u00f3micos hist\u00f3ricamente ligados a la llamada \u00abpatria contratista\u00bb<\/b> y el \u00abclub del peaje\u00bb<\/b>, empresas vinculadas a causas judiciales de corrupci\u00f3n. El informe sostiene que, a pesar del discurso oficial contra la corrupci\u00f3n, se repite un \u00abmodelo fracasado\u00bb<\/b> de los a\u00f1os 90 que garantiza cero riesgo empresario<\/b>, trasladando la carga financiera al Estado y los usuarios.<\/p>\n
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El informe tambi\u00e9n apunta a la gesti\u00f3n del dinero p\u00fablico:<\/p>\n
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Ante este panorama, el Comit\u00e9 concluye que el sistema es inviable econ\u00f3micamente<\/b> debido al bajo caudal de tr\u00e1nsito en gran parte de las rutas, lo que lo convierte en un encarecimiento log\u00edstico con efectos inflacionarios.<\/p>\n
El CONADUV propone que la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad (DNV) reasuma<\/b> la administraci\u00f3n, mantenimiento y desarrollo de la red vial, priorizando un modelo de gesti\u00f3n p\u00fablica transparente y asegurando que los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles sean destinados de manera exclusiva a obras efectivas de infraestructura.<\/p>\n
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