El Gobierno present\u00f3 un escrito ante la Justicia de los Estados Unidos para suspender la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de juicio\u00a0hasta que la C\u00e1mara de Apelaciones de Nueva York resuelva el recurso presentado en enero de 2024 contra la sentencia de fondo.
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Se trata del reclamo por m\u00e1s de US$16.000 millones impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park por la forma en que se realiz\u00f3 la estatizaci\u00f3n de la petrolera en 2012.\u00a0La Casa Rosada insiste en que la jueza se excedi\u00f3 en su jurisdicci\u00f3n<\/b>\u00a0al ordenar la entrega de activos argentinos y asegur\u00e1 que apelar\u00e1 el fallo de primera instancia sobre la ejecuci\u00f3n del juicio en la semana pr\u00f3xima.<\/p>\n
En el escrito que se present\u00f3 a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, el Ejecutivo sostiene que\u00a0la entrega de las acciones \u201cimplicar\u00edan un da\u00f1o irreparable\u201d y que no puede ejecutarse una sentencia parcial cuando el fallo de fondo a\u00fan no fue revisado por el tribunal superior.<\/b><\/p>\n
\u201cNo se puede poner al genio de vuelta en la botella\u201d, advierten los letrados al se\u00f1alar que, si los demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo \u2014como ya solicitaron en sus presentaciones judiciales\u2014, el da\u00f1o ser\u00eda irreversible incluso si Argentina gana la apelaci\u00f3n.<\/p>\n
En la nueva presentaci\u00f3n, el Gobierno no s\u00f3lo le pidi\u00f3 a la jueza Preska que suspenda la entrega de las acciones, sino que tambi\u00e9n dicte una suspensi\u00f3n provisoria (interim stay) mientras la C\u00e1mara analiza si otorga una protecci\u00f3n formal mayor. Entre los argumentos figura el impacto estrat\u00e9gico que tendr\u00eda para la Argentina perder el control de YPF.<\/p>\n
\u201cEs la principal empresa energ\u00e9tica del pa\u00eds, emplea a m\u00e1s de 23.000 personas y su control est\u00e1 garantizado por ley\u201d, expresaron los abogados. La referencia es a la ley 26.741<\/b>, que exige que el Estado conserve una participaci\u00f3n mayoritaria y que cualquier movimiento accionario debe ser autorizado por el Congreso. \u201cEsto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno\u201d, agregan en el escrito.<\/p>\n