El Dr: Pablo Cabral explica durante una nota radial los alcances de la sentencia: <\/strong>\u00a0Como medida cautelar la asociaci\u00f3n de fomento solicit\u00f3 que la jueza ordenara que se recuperara el uso de la calle Avenida Costanera Las Retamas en sus ultimas cuadras, que hab\u00eda sido cerrada por el Fideicomiso y el Municipio para vender los inmuebles que lindan con el r\u00edo Sauce Grande. La Jueza hizo lugar al pedido de los vecinos y, luego de unos d\u00edas, el Delegado Municipal cumpli\u00f3 la orden judicial.<\/p>\nTanto el Municipio como el Fideicomiso atacaron la declaraci\u00f3n de competencia de la jueza de primera instancia, solicitaron se levante la medida cautelar y apelaron la referida resoluci\u00f3n judicial, todo ante el organismo judicial superior; la C\u00e1mara Contencioso Administrativa de La Plata.<\/p>\n
El pasado 5 de diciembre del corriente a\u00f1o la C\u00e1mara rechaz\u00f3 todos los planteos de las demandadas (Municipio de C. Su\u00e1rez y Fideicomiso Cerr. Cef.) ratificando la medida cautelar de la Justicia de Primera Instancia que, en su momento, orden\u00f3 reabrir la calle costanera.<\/p>\n
Los magistrados de segunda instancia hicieron hincapi\u00e9 en la falta de la Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental (Acto administrativo del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que aprueba el Proyecto Inmobiliario desde el punto de vista medio ambiental) lo que, seg\u00fan toda la jurisprudencia de la Suprema Corte Provincial como de la Corte Suprema de Justicia Nacional, impide que se avance con un desarrollo inmobiliario hasta que se cuente con tal requisito.<\/p>\n
Dijo el tribunal que: \u201cAs\u00ed, no se ha acreditado contar con el certificado de Evaluaci\u00f3n de impacto Ambiental emitido por el Ministerio de Ambiente, ni en su caso por el Municipio (art. 10 ley 11.723 y conc.), como tampoco aportado elementos que permitan demostrar que el mismo se encuentra en tr\u00e1mite\u2026Tampoco desvirt\u00faa esta conclusi\u00f3n la menci\u00f3n al estudio ambiental realizada en los considerandos de distintas resoluciones que el recurrente cita, toda vez que dicha situaci\u00f3n no acredita el curso del procedimiento y la consecuente declaraci\u00f3n de impacto ambiental que la normativa exige, que en esta oportunidad no ha logrado acompa\u00f1ar. El recurrente deb\u00eda agregar el acto administrativo correspondiente con el certificado de Aptitud Ambiental o, en caso de encontrarse a\u00fan tramitando el procedimiento respectivo, hubiera dado cuenta de dicha circunstancia, identificando el expediente administrativo donde tramita, circunstancias que no se verifican en autos.\u201d<\/p>\n
Tambi\u00e9n resalt\u00f3 la C\u00e1mara la falta de utilizaci\u00f3n de los mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana exigido para estos casos, tanto por la normativa constitucional y legal vigente, como la jurisprudencia de los m\u00e1ximo tribunales de justicia provincial y nacional.<\/p>\n
En esta instancia el conflicto requiere una modificaci\u00f3n de la conducta de las demandadas, principalmente del Municipio, exigiendo al Fideicomiso que cumpla con toda la normativa vigente, en especial que inicie el tr\u00e1mite de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental, con un plano del sector que reconozca los espacios p\u00fablicos y calles y que cumpla con los espacios reservados para la utilizaci\u00f3n comunitaria, tal como expresamente lo exige la ley de usos del suelo en la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
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