Dos jubilados presentaron la primera demanda judicial en la que piden que se declare la inconstitucionalidad del veto de Javier Milei que impidi\u00f3, a trav\u00e9s de un decreto, la promulgaci\u00f3n de la ley de movilidad que recompon\u00eda los haberes previsionales. Lo hicieron representados por el constitucionalista Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez y el defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino. \u00abEs regresivo y conculca el derecho a la seguridad social debido a que sus fundamentos son irrazonables, no se condicen con informaci\u00f3n emp\u00edrica, se basa en datos falsos y profundiza la situaci\u00f3n de un grupo vulnerable hist\u00f3ricamente desaventajado que tanto la Constituci\u00f3n argentina como los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos con jerarqu\u00eda constitucional originaria y derivada protegen especialmente\u00bb, dice la presentaci\u00f3n judicial, que tramitar\u00e1 en el juzgado contencioso administrativo 8, a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre.<\/p>\n
A fines de marzo, un Decreto de Necesidad y Urgencia (el 274\/2024) estableci\u00f3 un \u00edndice de movilidad jubilatoria que, repasa la presentaci\u00f3n judicial, estableci\u00f3 su actualizaci\u00f3n a trav\u00e9s del \u00cdndice General de Precios (IPC) del Indec, de dos meses hacia atr\u00e1s. No contemplaba ni la \u00abf\u00f3rmula de empalme\u00bb (o incremento compensatorio) ni un bono como suplemento. La principal implicancia: una p\u00e9rdida de poder adquisitivo para los jubilados y la condena a no recuperarse aunque baje la inflaci\u00f3n. El proyecto de ley de movilidad (27.756) sancionado por el Congreso fij\u00f3 un nuevo \u00edndice, un incremento compensatorio y un suplemento \u00abpara garantizar el derecho a la seguridad social\u00bb. Para el c\u00e1lculo se aplicaba el 50 por ciento de la variaci\u00f3n de la Remuneraci\u00f3n Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE). Como el Poder Ejecutivo hab\u00eda otorgado una recomposici\u00f3n del 12,5 por ciento, restaba una recomposici\u00f3n del 8,1 para alcanzar el incremento pautado. Pero el veto, previsto en la Constituci\u00f3n, a trav\u00e9s del decreto 782\/2024, impidi\u00f3 su publicaci\u00f3n y entrada en vigencia.<\/p>\n
* Los argumentos del veto fueron que: el proyecto no contemplaba el impacto fiscal ni establec\u00eda la fuente de financiamiento; generar\u00eda erogaciones incompatibles con las metas fiscales del gobierno (basadas en la emisi\u00f3n monetaria cero); las variaciones econ\u00f3micas de enero \u00faltimo son consideradas en la movilidad de junio; no se respetaba el \u00abPacto de Mayo\u00bb que dispuso el \u00abequilibrio fiscal innegociable\u00bb; los gastos ser\u00edan exorbitantes y har\u00edan necesaria la emisi\u00f3n monetaria (con el argumento del control de la inflaci\u00f3n).<\/p>\n
*La presentaci\u00f3n de Gil Dom\u00ednguez y Semino refuta: la Oficina de Presupuesto del Congreso estim\u00f3 que el impacto fiscal ser\u00eda \u00abpara 2024 de 0,34 y para el 2025 de 0,55\u00bb por ciento; por la pr\u00f3rroga del presupuesto 2023 no se puede fijar la fuente de financiamiento, que depende del Ejecutivo y para 2025 deber\u00eda estar fijado en la ley de presupuesto; Milei no determin\u00f3 una f\u00f3rmula de empalme que recomponga los haberes en relaci\u00f3n a la inflaci\u00f3n del per\u00edodo que toma el veto; el Pacto de Mayo es un acuerdo pol\u00edtico sin fuerza normativa constitucional\/convencional alguna; la pol\u00edtica del gobierno debe adecuarse a los \u00abmandatos emergentes de la constituci\u00f3n Argentina y los de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarqu\u00eda constitucional\u00bb; el proyecto \u00abno es un acto de irresponsabilidad\u00bb, \u00abes una garant\u00eda primaria, general, progresiva de los derechos de un sector vulnerable que padece una situaci\u00f3n discriminatoria estructural\u00bb.<\/p>\n
El veto judicializable<\/b><\/h2>\n
Roberto Antonio Ruiz y Mar\u00eda Laura G\u00f3mez son los jubilados que decidieron plantear una demanda contra el veto, y tal vez no sean los \u00fanicos. Algunos de los argumentos que plantearon, de la mano de Gil Dom\u00ednguez y Semino:<\/p>\n
*Los vetos pueden pasar por un \u00abcontrol de constitucionalidad y de convencionalidad\u00bb, no son de las cuestiones conocidas como no judiciables. El Poder Ejecutivo tiene que fundamentar las razones del veto. \u00abLos fundamentos no pueden basarse en un mero voluntarismo unilateral o de coyuntura que responda a las necesidades pol\u00edticas de turno (…) si las leyes con la fortaleza de su legitimidad deliberativa son pasibles de ser sometidas al control de constitucionalidad, el veto –que no emerge de ning\u00fan proceso de debate racional– no puede quedar al margen de dicho control\u00bb, advierten. No tiene mayor jerarqu\u00eda que las leyes. Todo esto est\u00e1 planteado con citas de precedentes de la Corte Suprema y de otros tribunales.<\/p>\n
* El control de constitucionalidad del veto \u00abgarantiza con mayor fortaleza el sistema de derechos fundamentales y derechos humanos\u00bb, \u00abposibilita la revisi\u00f3n judicial de un acto unipersonal que puede impedir la concreci\u00f3n legislativa de dichos derechos\u00bb. \u00abLa facultad que tiene el Congreso de insistir con una mayor\u00eda agravada se ubica en la esfera de lo pol\u00edtico\u00bb, el control del veto est\u00e1 en el campo judicial. \u00abSi el Congreso re\u00fane las mayor\u00edas requeridas la causa judicial es improcedente; en cambio, si no puede congregarlas, el control de constitucionalidad opera como garante de la fuerza normativa constitucional y convencional\u00bb.<\/p>\n
* \u00abLa exigencia de conformidad a la regla de fundamentaci\u00f3n del veto no se limita a lo formal (expresi\u00f3n del fundamento), sino que tambi\u00e9n comprende el aspecto sustancial (la razonabilidad del fundamento)\u00bb, dice el texto presentado. El control implica un an\u00e1lisis de la razonabilidad.<\/p>\n
*\u00bbEl veto no es una prerrogativa mon\u00e1rquica que se ejerce arbitrariamente; por dicho motivo, debe estar razonablemente fundado\u00bb. Las leyes no \u00abcrean\u00bb derechos sino que \u00abgarantizan los derechos subjetivos y colectivos que est\u00e1n en la Constituci\u00f3n y en los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarqu\u00eda constitucional (…) los vetos no pueden ser regresivos respecto de los derechos que las leyes protegen\u00bb. Esto implica que para ser v\u00e1lido el veto deber\u00eda demostrar que su aplicaci\u00f3n implica una mejora mejora del haber jubilatorio \u00abde lo contrario, es una norma regresiva que afecta el derecho a la seguridad social (y dem\u00e1s derechos conexos)\u00bb.<\/p>\n
Esa mejora, seg\u00fan los demandantes, era proporcionada por la ley 27.756 ya que \u00abintroduce un mecanismo de movilidad m\u00e1s robusto que incluye no solo la variaci\u00f3n del IPC, sino tambi\u00e9n el 50% de la variaci\u00f3n del RIPTE. Esta combinaci\u00f3n asegura que, incluso en situaciones de baja inflaci\u00f3n, los jubilados vean un incremento en sus haberes si los salarios de los trabajadores aumentan. Este esquema refleja de manera m\u00e1s fiel el principio de progresividad, ya que busca asegurar una mejora continua en el poder adquisitivo de los jubilados, vinculando sus haberes a la evoluci\u00f3n de la econom\u00eda en su conjunto\u00bb. Con la f\u00f3rmula de empalme buscaba corregir desfasajes en la movilidad arrastrados de a\u00f1os anteriores. \u00abEl decreto 274\/2024, en cambio, no contempla ning\u00fan tipo de compensaci\u00f3n adicional para corregir estos desfasajes, lo cual resulta en una clara omisi\u00f3n de protecci\u00f3n progresiva de los derechos previsionales\u00bb. El bono alimentario preve\u00eda ajustarse a la canasta b\u00e1sica.<\/p>\n
* Existe lo que se llama \u00abderecho humano de acceso a la justicia de las personas mayores\u00bb (que se desprende de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la protecci\u00f3n de los derechos humanos de las personas mayores) seg\u00fan el cual, entre otras cosas, \u00abla persona mayor tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…\u00bb.<\/p>\n
* \u00abUno de los principios b\u00e1sicos del sistema previsional argentino se basa en la proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad lo cual responde a la naturaleza sustitutiva que tiene el primero respecto del segundo y a los particulares fines que inspiran el ordenamiento jur\u00eddico en la materia\u00bb. Por eso ser\u00eda inconstitucional, \u00abtoda norma que supedite el pago de los haberes jubilatorios a que el Estado cuente con la respectiva previsi\u00f3n presupuestaria o que se alegue para dilatar o no cumplir con el pago la limitaci\u00f3n de recursos estatales por cuanto el ordenamiento constitucional obliga a dar prioridad a las prestaciones de seguridad social…\u00bb<\/p>\n
* El Estado \u00abno demostr\u00f3 la existencia de muy graves circunstancias de orden econ\u00f3mico o financiero que impidan acatar en lo inmediato el mandato constitucional o disponer, cuando menos, una recuperaci\u00f3n sustancial del deterioro sufrido por la prestaci\u00f3n\u00bb. \u00abEl derecho a la seguridad social –agrega la demanda– incluye el derecho a no ser sometido a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente ya sea del sector p\u00fablico o del privado, as\u00ed como del derecho a la igualdad…\u00bb<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Fuente P\u00e1gina 12<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Con el asesoramiento de Gil Dom\u00ednguez y Semino, dos jubilados realizaron la presentaci\u00f3n judicial. En la demanda citan a la Oficina de Presupuesto del Congreso que estim\u00f3 que el impacto fiscal para este a\u00f1o ser\u00eda solo de 0,34 por ciento.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":107530,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-107529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"yoast_head":"\n