Aproximadamente 8,6 millones de niños menores de 18 años viven en hogares con ingresos bajos o en entornos donde se ven privados de sus derechos.
Un informe presentado por Unicef revela que siete de cada diez niños viven en condiciones de pobreza en Argentina. Son alrededor de 8,6 millones de menores de 18 años que viven en hogares que no alcanzan el umbral mínimo de ingresos económicos o en entornos donde se ven privados de sus derechos.
Según los datos recopilados para el segundo semestre del 2023, la pobreza infantil se presenta en dos dimensiones: el 57,5% de los niños experimentan pobreza por recursos económicos, mientras que el 43% enfrenta pobreza por privación de derechos fundamentales como la educación y la salud. Un 31% de los menores experimentan ambas formas de pobreza simultáneamente, afectando a 3,8 millones de niños.
El informe destaca el impacto del deterioro macroeconómico en el aumento de la pobreza y la indigencia. “La canasta básica aumenta en mayor proporción que los índices de inflación general y que los salarios», dijo Sebastián Waisgrais, economista especialista en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina, poniendo en evidencia la necesidad de medidas urgentes para proteger los ingresos de los hogares y mejorar la cobertura de las prestaciones sociales.
En el último semestre del año pasado, la indigencia infantil aumentó un 5% alcanzando el 19,4%. «Es la primera vez que vemos un incremento estadístico muy importante en la indigencia», advirtió Waisgrais. Esto significa que 643.000 niños más cayeron en la indigencia.
Los datos muestran que hay diferencias significativas dependiendo la ubicación geográfica, el género y nivel educativo. La pobreza infantil en barrios populares alcanza un 84%. La brecha según el género es de 63% entre niñas y un 50,8% entre los varones. Además, la pobreza en hogares con bajo clima educativo (83%), hogares monomarentales (68%) y en aquellos que residen en barrios populares (84%).
Waisgrais resalta la importancia de mantener y fortalecer las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares. «Si bien hubo señales positivas en este sentido, es clave maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones», subrayó.
