La justicia de General Acha investiga una denuncia presentada por María Unger Reimer, quien afirmó haber sido víctima de un sistema de violencia y privación de derechos dentro de la Colonia Menonita “Nueva Esperanza”, situada en cercanías de Guatraché, en la provincia de La Pampa. La mujer logró abandonar el predio y actualmente se encuentra bajo resguardo fuera de la provincia, mientras avanza la causa judicial.
Según consta en la presentación penal y publica El Diario de La Pampa, la denunciante describió un esquema de control interno que, de acuerdo a su testimonio, implicaría violencia de género estructural, restricciones a la educación, limitaciones en el acceso a la salud y ausencia de autonomía económica para las mujeres. En su relato calificó la vida dentro de la colonia como una “sentencia de muerte”, tanto en el ámbito interno como frente a cualquier intento de abandonar el lugar.
De acuerdo con lo denunciado, el control estaría a cargo de líderes comunitarios que aplicarían castigos físicos, aislamiento y vigilancia estricta para impedir el contacto con el exterior. La mujer sostuvo que dentro del predio las mujeres no pueden hablar español, manejar dinero, utilizar tecnología ni recibir atención médica sin autorización interna.
El escape, según trascendió, no fue planificado sino producto de una circunstancia que le permitió salir del establecimiento rural y solicitar ayuda en localidades vecinas. Posteriormente se trasladó a Tucumán, donde permanece protegida. La salida implicó, según su declaración, la pérdida total de contacto con sus hijos y otros familiares.
La abogada Karina Lucía Álvarez Mendiara, quien interviene en la causa, describió el lugar como un ámbito donde “rige la impunidad” y señaló que no existiría un mecanismo de retiro voluntario. En la denuncia se detalla que las mujeres que cuestionan las normas internas serían sometidas a sanciones que incluyen aislamiento y violencia física.
A partir de la presentación, la fiscalía pampeana analiza posibles delitos que podrían encuadrarse en figuras como trata de personas y reducción a la servidumbre. La investigación enfrenta el desafío de intervenir en una comunidad que históricamente se ha manejado con autonomía y bajo un fuerte hermetismo religioso.
El expediente continúa en etapa preliminar y la Justicia evalúa los testimonios y elementos aportados, en un caso que pone en discusión los límites entre la organización interna de una comunidad religiosa y la vigencia de los derechos establecidos por la legislación nacional.
Por La Brújula 24
