El gobierno de Milei, que nunca puso las garantías para apelar el fallo contra la expropiación, ahora deberá recurrir a un tribunal superior para evitar la cesión de las acciones de la petrolera. El procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, a cargo de la defensa del Estado, fue socio de un abogado que defendió a uno de los litigantes, Burford Capital.
La jueza de Nueva York Loretta Preska ordenó este lunes que el Estado argentino entregue el 51% de YPF a los fondos ligitantes contra la reestatización de 2012, como forma de pago de la sentencia que lo condenó a pagar US$16.000 millones por la expropiación. Pero no todo está perdido. La decisión puede ser apelada ante el tribunal superior en Estados Unidos. Los denunciantes son los fondos de inversión que apuestan a litigios Burford Capital, de Reino Unido, y Eaton Capital, de Estados Unidos.
Ya en septiembre de 2023 la jueza Preska había quedado firme la sentencia contra la Argentina, pero al mes siguiente el gobieno de Alberto Fernández la habia apelado. Cuando asumió la presidencia Javier Milei, el país debía presentar en enero de 2024 unas garantías para esa apelación, pero curiosamente no lo hizo, según recuerda el asesor financiero Sebastián Maril.
Entonces, los demandantes quedaron habilitados para pedir el embargo de activos por el fallo de Preska. Uno de ellos era el 51% de la petrolera que está en manos del Estado. El otro 49% es privado, cotiza en bolsa. Un año y medio después, tras varias presentaciones de ambos lados en el juicio, incluida una del Departamento de Justicia del gobierno de EE UU a favor de la Argentina, Preska tomó la decisión de este lunes.
El caso comenzó a partir de la expropiación del 51% que tenía la española Repsol en YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández, con apoyo del Congreso, incluida parte de la oposición. Pero el juicio no es por el 51% sino por el 25% con el que el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, se había quedado en 2007 por impulso del entonces presidente Néstor Kirchner. Los Eskenazi había hecho buenos negocios con él en Santa Cruz: se habían quedado con el banco provincial y con numerosas obras públicas. Y entraron a la petrolera sin pagarles nada a Repsol: el acuerdo implicaba que la abonarían con las futuras ganacias de la empresa. Era la llamada Argentinización de YPF.
Pero aquella experiencia salió mal, la petrolera desinvirtió, el país entró en déficit energético y entonces en 2012, dos años después de la muerte de Kirchner, su viuda reestatizó la compañía y decidió que dejaran de repartirse los beneficios entre los accionistas. Ergo, los Eskenazi dejaron de cobrar y ya no pudieron seguir pagando en cuotas por el 25% de YPF a Repsol y los bancos que le habían prestado en su momento. La deuda de los empresarios argentinos fue a juicio y por orden judicial entregaron el derecho a litigar en caso de que se nacionalizara la petrolera.
Así fue como los fondos buitre Budford y Eaton se quedaron con la causa y fueron a los tribunales de Nueva York a pleitear. Finalmente, ganaron el caso en el juzgado de Preska, pero hay dos apelaciones vigentes y si se retruca la entrega de acciones de la petrolera, habrá tres.
La pregunta es quién defiende los intereses de la Argentina. La representación está a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación. ¿Quién está a su cargo? El abogado Santiago Castro Videla. Viene de trabajar en un estudio propio, Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde uno de los socios, Alberto Bianchi, asesoró a Burford en este juicio de YPF.
AR/JJD ElDiarioAR
