Los colores políticos se diluyen: ex ministros y secretarios de Cultura de varios gobiernos exigen que el Parlamento rechace la pérdida de autonomía de las Bibliotecas Populares, para evitar «un daño irreparable a la cultura nacional y federal».
El miércoles 4 de junio se cumple el plazo de diez días hábiles para que el Congreso acepte o rechace el decreto en cuestión. Defender la autonomía de la Conabip está por encima de las diferencias políticas. La carta está firmada por Mario Pacho O’Donnell (secretario de Cultura entre 1994-1997), Rubén Stella (secretario de Cultura 2002-2003), Teresa Parodi (ministra de Cultura 2014-2015), Pablo Avelluto (Ministro y Secretario de Cultura, 2015-2019) y Tristán Bauer (Ministro de Cultura, 2019-2023), y por los expresidentes de la Conabip: Daniel Ríos (1993-2000), Miguel Ávila (2001-2003), María del Carmen Bianchi (2003-2011; 2019-2023), Ángela Signes (2011-2015) y Leandro de Sagastizábal (2015-2019).
“Las Bibliotecas Populares son espacios esenciales de democratización cultural, acceso plural al conocimiento y participación ciudadana. A lo largo del tiempo, todas nuestras gestiones han buscado fortalecer su misión, ampliar su alcance y garantizar su sostenibilidad, actualizando e incorporando las modificaciones que un proyecto de más de ciento cincuenta años de historia fuera requiriendo pero siempre preservando la vigencia y valor del mismo”, plantean los expresidentes de la Conabip y los exministros y secretarios de Cultura en la carta y agregan que “no existe fundamento técnico, presupuestario ni administrativo que justifique las modificaciones impuestas por el Decreto 345/202”.
“La Conabip ha demostrado ser un organismo eficiente, federal y especializado, dotado de legitimidad institucional y capacidades propias para la administración del Fondo Especial para Bibliotecas Populares, conforme a lo establecido por la Ley N.º 23.351. Transferir dicha administración al Secretario de Cultura, eliminando la estructura especializada, participativa y federal, implica un retroceso institucional grave y una ruptura del espíritu de la ley vigente. Se trata de un acto arbitrario, centralista y regresivo, que pone en riesgo una política pública de largo aliento y alto impacto sociocultural”, denuncian los firmantes de la carta y advierten que los legisladores que aprobaron la ley 27.742 (la ley Bases) habían manifestado en sus discursos públicos que quedaba excluida la Conabip de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
“La emisión del Decreto 345/2025 en el marco de dichas facultades implica, por tanto, una violación al espíritu del parlamentario”. A Pablo Avelluto, María del Carmen Bianchi, Leandro de Sagastizábal y Teresa Parodi, entre otros, los une “la defensa de una institución centenaria que ha acompañado el desarrollo de más de 1500 Bibliotecas Populares en todo el país, y que constituye uno de los pilares más sólidos de nuestra vida cultural democrática”. La carta concluye solicitando a la Comisión Bicameral “que rechace el Decreto 345/2025 en su conjunto, y restituya la plena vigencia del marco legal que garantiza la autonomía, el financiamiento y la misión cultural y democrática de la Conabip”.
María del Carmen Bianchi explica que la Conabip es un organismo desconcentrado, colegiado y federal. “Tiene áreas con las cuales evalúa la labor de las bibliotecas, apoya la fijación de los criterios de distribución de subsidios y realiza la rendición de cuentas, es decir un conjunto de acciones técnicas destinadas a pueda fijar las políticas y cumplir con las misiones que la ley 23.351 le otorga, entre las cuales está la administración y aplicación del Fondo Especial de Bibliotecas Populares constituido por una asignación específica. La única titular del Fondo que crea la ley es la Conabip. Cuando pase a ser una dirección (de la secretaría de Cultura), ¿todo eso quién lo va a cumplir? ¿Va a ser pura discrecionalidad?”, se pregunta Bianchi.
“La Junta Representativa siempre fue ad honorem y está compuesta por un delegado de cada gobierno provincial y un representante de la federación de bibliotecas de cada provincia. Ellos definen, debaten, aprueban las políticas y programas. Y cada dos años eligen a dos de los cinco miembros. El Decreto ataca un modelo de asociación entre las organizaciones sociales y el Estado para llevar adelante la promoción de la lectura, la producción y circulación de bienes y servicios culturales, el mejoramiento y desarrollo de cada biblioteca popular, que es modelo reconocido regional e internacionalmente. Que no presenta ni un solo problema, que es auditado permanentemente y que jamás hubo un solo ruido sobre el manejo de esos fondos ni sobre la calidad de las acciones”.
Pablo Avelluto, ex ministro y secretario de Cultura durante la gestión de Mauricio Macri, subraya que la principal consecuencia de lo que quiere hacer el gobierno por decreto es la pérdida de autonomía de la Conabip con respecto a la ejecución de su presupuesto, “un problema muy serio” en una institución que apoya a 1500 bibliotecas populares diseminadas en todo el país. “La Conabip tiene instancias federales con representaciones provinciales, un contacto directo con la problemática de cada una de las bibliotecas, una relación construida a lo largo de muchos años. Y esto es lo que hizo que fuera una de las pocas políticas culturales públicas que se sostuvo de manera eficiente a lo largo del tiempo, pese a los cambios de orientación política o ideológica de los sucesivos gobiernos”, pondera Avelluto y precisa que una segunda consecuencia de esa pérdida de autonomía es que pasaría a ser un organismo dependiente de la voluntad política del secretario de Cultura de turno.
“Cuando yo era ministro y secretario de Cultura, no podía hacer lo que quería con la Conabip; eso era un límite que había que cumplir. La institución funciona con un grado de autonomía importante”, recuerda Avelluto y observa que al centralizar la administración en la secretaría de Cultura pierde su carácter específico. “Trabajar con libros, con bibliotecas, con lectores, con acciones de promoción de la lectura, con apoyar a estas instituciones para que se vayan convirtiendo en polos culturales, más allá de lo específico de la lectura de libros, implica un conocimiento muy directo que difícilmente lo pueda tener un burócrata”. Avelluto define la pérdida de autonomía de la Conabip como “un retroceso muy grave de una política pública que tiene más de 150 años de historia, que no tiene justificación y que no implica un ahorro de dinero significativo”.
En septiembre de este año la Conabip cumplirá 155 años. “Curiosamente un gobierno que se dice a sí mismo liberal ataca y destruye un organismo creado en el marco del proyecto de país del liberalismo más radical –la llamada generación del 80- cuyo líder intelectual era entre otros Juan Bautista Alberdi. Más mamarracho destructivo no se concibe», reflexiona Bianchi. «El que se cree liberal destruye el modelo viviente de éxito de una propuesta cultural del liberalismo más radical. Si no fuera dramático, causaría gracia. Pero esta es la prueba de que los mueve un afán destructivo y que quienes quieren ‘reformar el Estado’ lo hacen desde la ignorancia más increíble. Si yo fuera parte del gobierno de la LLA, en lugar de destruir a la Conabip la usaría de caso de estudio positivo en los centros de formación. Pero como andan con la motosierra funcionando por sí misma, sin cerebro ni dirección, hacen estas cosas”.
