Referentes de derechos humanos y organizaciones repudiaron «enérgicamente», mediante un comunicado, el accionar del Ministerio de Educación porteño y de la ministra Soledad Acuña con respecto a los estudiantes que toman los colegios.
Las tomas de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires por parte de los estudiantes continuaban en reclamo de viandas, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, mientras la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, anunció que reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de $1,5 millón por cada día de toma.
Además de las tomas, en muchos colegios, como el Mariano Acosta, donde se inició el conflicto el viernes pasado, los alumnos realizarán un pernocte dentro de sus instalaciones, mientras la escuela de Comercio Carlos Pellegrini es la primera institución que no depende de la Ciudad de Buenos Aires que se sumó esta noche a la medida.
Algunos de los colegios que permanecían tomados son el Lenguas Vivas «Sofía Esther Broquen de Spangenberg», la escuela Federico Garcia Lorca, Cerámica 1, el Osvaldo Pugliese, el Colegio Mariano Moreno y el Nicolás Avellaneda.
En tanto, alumnos de los colegios Julio Cortázar, Normal 8, Claudia Falcone y la Escuela de Danzas 1, Rogelio Yrurtia, Escuela de Música Juan Esnaola, el Liceo 5 y el Rodolfo Walsh votaban para comenzar las medidas
Las medidas del gobierno de la Ciudad
La ministra Acuña anunció en este contexto que reclamará a las familias de los estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas «Mariano Acosta» involucrados en la toma del establecimiento el pago del «costo laboral de salarios del personal docente» durante la vigencia de la medida de protesta, equivalente a $1,5 millón diario.
Según informaron desde la cartera educativa, la decisión regirá para los padres y las madres de los alumnos del Mariano Acosta, aunque adelantaron que se hará extensiva a los restantes colegios que permanecen tomados.
Acuña también había adelantado el lunes que promovería «una denuncia penal» contra los padres de los estudiantes que participen de la toma.
Según fuentes del gobierno porteño, la denuncia se basa en el artículo 60 del Código Contravencional, que pena a quien ingrese o permanezca contra la voluntad del titular del derecho de admisión, en lugares públicos o de acceso público o privado.
Repudio de los organismos de DDHH
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “no son viables jurídicamente” las denuncias que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que realizará contra los padres y madres de las y los estudiantes que llevan adelante tomas.
«No se puede criminalizar estas protestas en lugares de estudios, que están aseguradas por muchas convenciones, entre ellas, la de los Derechos del Niño”, afirmó la organización a través de una serie de mensajes que difundió a través de la red social Twitter.
✅Las ocupaciones de escuela constituyen formas legítimas de ejercicio del derecho a la protesta social, particularmente en contextos en los que los niños, niñas y adolescentes no disponen de otros canales para hacer conocer sus reclamos respecto de las políticas que los afectan.
— CELS (@CELS_Argentina) September 27, 2022
El pedido de los estudiantes
La CEB, a través de un comunicado, señaló que mantendrá la toma hasta que la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña «brinde respuestas» a sus reclamos».
Los estudiantes reclaman, además, «contra la intromisión política de las autoridades del Ministerio de Educación que busca censurar la actividad de los Centros de Estudiantes en las escuelas».
Por otro lado, denunciaron el «paupérrimo sistema de alimentación» y reclamaron que «mejore la calidad de la comida en las escuelas», además de exigir que «se duplique la cantidad de viandas enviadas, ya que hoy no resultan suficientes».
Cuestionaron además la obligatoriedad de las prácticas laborales impuestas por el Gobierno de la Ciudad y exigieron «participación en esas decisiones».
La coordinadora del centro de estudiantes de la ESEA «Manuel Belgrano», Florencia Avilés Bernat, alertó que «las supervisiones vienen controlando lo que decidimos hacer en los centros de estudiantes e incluso se entrometen en funciones de las direcciones escolares, interrumpiendo actividades propuestas por otros actores de la comunidad educativa».
Y denunció que «ya son dos los colegios en los que el Ministerio de Educación cortó intencionalmente la luz a partir de las medidas de lucha de les estudiantes».
Por su parte organizaciones y personalidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos, las infancias y adolescencias acusaron hoy al gobierno porteño y a la ministra Acuña, de «amedrentar y coercionar» a los estudiantes que toman los colegios y exigieron la apertura de «un espacio de diálogo».
«Repudiamos enérgicamente los intentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de su ministra de Educación, Soledad Acuña, de amedrentar y coercionar a lxs pibxs en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta estudiantil», indicaron a través de un comunicado.
Entre las personas y asociaciones firmantes se encuentran Nora Cortiñas y Taty Almeyda, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la Mesa de Articulación de la Niñez; el Foro por los Derechos de la Niñez; el Encuentro de Trabajadorxs del Consejo de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y la Organización barrial Padre Carlos Mugica.
