Las denominadas audiencias públicas sobre el nuevo sistema de concesiones viales impulsado por el Gobierno Nacional – meramente formales y no vinculantes – se desarrollaron sin generar resultados sustantivos.
No se analizaron los aportes técnicos, se ignoraron las opiniones ciudadanas y, una vez más, los usuarios viales directos e indirectos, así como la sociedad en su conjunto, han sido desoídos, repitiéndose un esquema de estafa semejante al iniciado en la década de 1990.
El proyecto reproduce el llamado “falso peaje o impuesto al tránsito”, un sistema que ya demostró ser un fracaso. Su implementación es desproporcionada y lesiva: actualmente existen 44 estaciones de cobro y se prevé la instalación de 54 adicionales, lo que implica un peaje cada 97 km en promedio. El valor de cada tarifa se multiplicará por 3,3, lo que en la práctica supondrá que los argentinos paguen más de 6,5 veces el costo actual, sin recibir a cambio mejoras significativas en la infraestructura.
Algunos ejemplos concretos muestran la magnitud del despropósito: un viaje entre la Ciudad de Buenos Aires y Bahía Blanca, de apenas 650 km, demandará el pago en 8 estaciones de peaje; en la Ruta Nacional N.º 11, entre Chaco y Santa Fe, habrá que abonar 5 veces.
El plan apenas contempla tareas de mantenimiento rutinario – corte de pasto y una capa asfáltica de 5 cm cada diez años -, lo cual resulta insuficiente frente al deterioro creciente de la red vial. Tampoco prevé obras de ampliación de capacidad, ni mejoras estructurales: se pretende seguir transitando sobre rutas diseñadas hace más de tres décadas, mientras el parque automotor crece sin pausa. En estas condiciones, no habrá mejoras en la seguridad vial, ni reducción en los costos de transporte.
La denominada Red Federal de Concesiones (RFC) debería llamarse, en rigor, Red Federal de “Impuesto al Tránsito”.
Más grave aún, el sistema proyectado es inconstitucional:
- No existen caminos alternativos libres de pago.
- Se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles.
En consecuencia, circular por gran parte del país quedará supeditado al pago obligatorio de una tarifa injusta y abusiva, lo cual vulnera el derecho constitucional al libre tránsito consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
El contraste es evidente: mientras se anuncian metas de crecimiento económico a “tasas chinas”, la infraestructura vial, se mantendrá al final de la concesión en condiciones propias de seis décadas atrás -obsoleta, saturada y sin planificación estratégica -.
De persistir este modelo, inconstitucional e inviable técnicamente, que ha sido un fracaso, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo. El Estado terminará asumiendo aquellas obras que el sector privado no ejecutará, consolidando un esquema regresivo, ineficiente e ilegítimo.
El CONADUV reitera la necesidad de establecer un Proyecto Vial Nacional integral, que contemple la totalidad de la red caminera y que destine efectivamente los fondos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original: garantizar un sistema vial óptimo, sin peajes y sin barreras, en consonancia con la Constitución Nacional.
Recuperar la gestión estatal de las rutas implica poner fin a uno de los capítulos más escandalosos del proceso privatizador en Argentina. Resulta imprescindible rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), devolviéndole su rol rector en materia de política vial y asegurando una herramienta estratégica para mejorar la competitividad de la economía.
Asimismo, es necesario impulsar un Proyecto de Transporte Multimodal (vial, ferroviario y fluvial) concebido como política de Estado, adaptado a la vasta geografía nacional y competitivo a nivel internacional, alejado de los mega – negocios diseñados en beneficio de unos pocos grupos económicos.
“Con peaje en la Red Vial Nacional, y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”
