El primer informe que analiza las políticas públicas sobre la vulneración de derechos de niños y niñas explica que, si bien esas instancias llevan la información sobre cómo se aplican los protocolos y cómo funcionan, «no son la única estrategia».
Apenas once provincias avanzaron en la creación de órganos específicos con la misión de relevar información sobre la aplicación de protocolos educativos y sanitarios para abordar situaciones de violencia hacia las infancias, según reveló el primer informe que analiza las políticas públicas sobre la vulneración de derechos de esa franja de la población.
Según el informe «Análisis de la regulación del abuso y violencia sexual contra niños/as y adolescentes en Argentina», un relevamiento del Ministerio de Salud realizado por primera vez en 2020 y actualizado y publicado el año pasado, las provincias de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Chubut, además de la ciudad correntina de Esquina, cuentan con comités, mesas u órganos de control interministeriales sobre la implementación de protocolos ante abusos sexuales en infancias.
El documento -realizado con apoyo de Unicef- explica que esas instancias llevan la información sobre cómo se aplican los protocolos, cómo funcionan y se articulan las diversas disciplinas y jurisdicciones implicadas en la protección de las infancias, además de trabajar en mejorar las conexiones entre áreas.
«Si bien son once las provincias que tienen los comités, que son muy importantes porque mejoran la implementación de políticas, no es la única estrategia», dijo a Télam la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, que depende de la Secretaría de Acceso a la Salud.
Isla informó que desde su área confeccionaron otro trabajo a nivel nacional, de abordaje interinstitucional ante abusos sexuales y embarazos forzados, en el cual «se plantea una ruta de acción para (los ministerios de) Educación, Salud y Desarrollo Social con el propósito de detectar abusos en infancias y estrategias de trabajo a nivel nacional».
Además, allí se plantea que muchas provincias tienen protocolos diversos y variados sobre el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, algunos específicos de abuso sexual en infancias, otros sobre violencias y maltratos, algunos incluyen o excluyen los embarazos forzados y lo mismo sucede con la explotación sexual comercial, como forma de abuso.
Respecto al trabajo que resta realizar en el ámbito de la prevención, Isla consideró fundamental apuntar también al mundo adulto: «La evidencia es que el abuso en infancias lo realizan sobre todo adultos».
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL
Con 43.000 consultas vinculadas a violencias contra niños, niñas y adolescentes recibidas el año pasado en la Línea 102, gratuita y confidencial, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) busca «poner en marcha estrategias de intervención y comunicación interinstitucional sobre la violencia contra las infancias».
Erradicar las violencias contra las infancias y adolescencias requiere de abordajes integrales a partir de un trabajo articulado entre los diversos organismos del Estado que tienen competencia en la problemática.
Desde esa visión, la Senaf implementó diversas líneas de trabajo, una de las cuales fue la organización de Mesas Territoriales sobre el Abordaje del Abuso Sexual contra las Infancias (ASI) y el Embarazo Forzado (EF), según informó a Télam ese organismo.
Dicho trabajo, se articuló en el 2021 con el equipo de patrocinio jurídico especializado en abuso sexual contra las infancias de la subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y el equipo de Protección de Derechos de Unicef Argentina.
«Estas mesas generaron verdaderos espacios de articulación y diálogo entre diferentes actores institucionales que intervienen en las situaciones de abuso sexual contra las infancias y el embarazo forzado», apuntaron desde la Senaf.
Asimismo, resaltaron que buscan poner en marcha «estrategias de intervención y comunicación interinstitucional en los diferentes niveles de gobierno».
Las mesas se realizaron con las regiones del NOA y NEA, en las provincias de Catamarca, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Misiones y las provincias de Entre Ríos y La Rioja, donde participaron las áreas de niñez, educación, salud, género y del Poder Judicial.
Desde el área de niñez, señalaron que «se necesita profundizar estas articulaciones para que chicas y chicos reciban una atención integral que no se vea fragmentada en el marco de los abordajes y perspectivas sectoriales: salud, educación, justicia».
En esa línea, añadieron, para acompañar a las provincias en el abordaje de estas problemáticas, desarrollaron mesas de trabajo, capacitaciones en modalidad presencial y virtual y conversatorios dirigidos a referentes del Sistema de Protección sobre prevención y abordaje de las violencias.
La efectiva aplicación de protocolos y la necesidad de prevención de violencias contra las infancias volvió a ponerse en escena tras situaciones denunciadas recientemente en establecimientos educativos.
Uno de ellos sucedió en la Escuela Normal N° 2, ubicada en la La Plata, la capital bonaerense, cuyos docentes y alumnos denunciaron situaciones de violencia sexual contra otros alumnos.
Lo mismo ocurrió en el colegio Cristo Rey de la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar, donde una madre denunció que su hija de seis años fue abusada por otros alumnos adolescentes.
En diálogo con Télam, la pediatra María Inés Pereyra, miembro del Comité de Niños en Riesgo del Hospital Ricardo Gutiérrez, consideró que «hay que seguir concientizando en todos los ámbitos sociales en los que se desenvuelven las infancias y adolescencias, para que agudicen la detección, se animen a actuar y sepan cómo y qué hacer».
Según Pereyra, los protocolos «actúan sobre el daño ya producido» por lo que también remarcó la importancia de trabajar en la prevención, «y aquí es donde juega un papel primordial la Educación Sexual Integral (ESI)».
«Otro terreno donde se debe insistir y mejorar es en lo judicial, donde en general hay una mirada adultocéntrica y patriarcal, que deja a las infancias y a quien les respalda, totalmente desprotegidos, no creyéndoles, desacreditando las pruebas presentadas o referidos a un familiar, docente o equipo de salud», insistió la pediatra.
La especialista distinguió dos aspectos de las guías o protocolos a seguir frente a situaciones de vulneración de derechos de las infancias: la de protección y la penal.
«La proteccional se ocupa de poner a resguardo a las infancias o adolescentes, aún en contra de la familia, muchas veces, porque es imprescindible que la violencia sexual no vuelva a repetirse», indicó.
La denuncia penal busca la sanción de quien agrede «y es muy reparadora del daño psíquico de niñas, niños y adolescentes porque significa que se le cree y que hay alguien que quiere que se castigue ese daño infligido», agregó.
«Quienes trabajamos en la temática procuramos que la denuncia la haga la familia, como muestra de respaldo y cuidado hacia las infancias, pero no siempre sucede y, en ese caso, la realiza el equipo de salud o el organismo de protección de derechos», apuntó.
Sin embargo, la pediatra subrayó que los casos donde los involucrados en la situación de violencia son niños o adolescentes «no se procede a la denuncia penal desde el hospital pero hay que referirlo a una asistencia en salud».
«Si bien depende de la edad, el tipo de agresión y la personalidad del agresor niño o adolescente (en su mayoría son varones), se lo considera o supone una víctima también, que está atravesando una situación de conflicto, que hay que tratar», detalló.
«No se encontraron políticas públicas sobre abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que, de forma consistente y suficiente, abordaran el fenómeno en términos de prevención»Relevamiento del Ministerio de Salud
En tanto, Eliana Vásquez, directora del área de psicología comunitaria y pedagogía social de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, de quien dependen los equipos de orientación escolar, coincidió con Pereyra sobre la importancia del trabajo comunitario con otros ámbitos y la ESI.
«Para poder intervenir de mejor modo en situaciones de violencia en infancias hay que sostener el enfoque de la interseccionalidad y profundizar el trabajo sobre ESI, por eso acá se creó la Dirección de ESI, porque da mayores posibilidades a niñas y niños para ponerle nombre a determinadas prácticas que los afectan», indicó a Télam.
EMPODERAR A NIÑOS Y NIÑAS, OTRA HERRAMIENTA
Además de ponderar el avance en la aprobación de regulaciones sobre violencia contra las infancias, sobre todo las de género y sexuales, el informe del Ministerio de Salud destaca en sus conclusiones la necesidad de lograr la conformación de órganos de seguimiento en todas las jurisdicciones, comunicar los resultados de los que ya funcionan y avanzar en la participación de la sociedad civil en esas acciones y la de empoderar a niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos.
El documento observa «una falta de mecanismos de participación de la sociedad civil en la evaluación de la implementación de los lineamientos y procedimientos para el abordaje integral» de ese tipo de casos.
Y resalta la escasez en la «investigación, judicialización y sanción de casos de violencia sexual», problemática que responde a múltiples factores. Entre ellas: «obstáculos para el acceso a la Justicia, barreras sociales y estereotipos y prejuicios que dificultan la identificación de qué es violencia sexual, impidiendo su abordaje integral y la garantía del ejercicio de derechos».
Si bien se destacan los esfuerzos para prevenir la revictimización en los procesos judiciales, a través por ejemplo, de pautas para la toma de testimonios en Cámara Gesell, el documento señala que esas acciones deben ser complementadas con el «fortalecimiento de las capacidades» de niños y adolescentes y «su empoderamiento para el ejercicio de derechos».
A su vez, resalta que «la falta de enfoque hacia la prevención y la tendencia hacia medidas punitivas resulta incompleta y, por tanto, insuficiente para dar respuesta a las complejidades del fenómeno en sus dimensiones y especificidades reales».
Por otra parte, el informe recomienda:
• incorporar el enfoque de derechos humanos y género de modo transversal en las políticas de las jurisdicciones;
• avanzar en el empoderamiento de los niños y adolescentes que sufrieron violencia sexual para que asegurar el desarrollo de capacidades que les permitan ejercer sus derechos;
• dar «un giro de la criminalización o control hacia la prevención» de los delitos, lo que implica promover la implementación de la educación sexual integral; y
• fortalecer las «capacidades locales» de los actores implicados en esta problemática.
Algunas de las conclusiones del informe oficial remarcaron que «no se encontraron políticas públicas sobre abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que, de forma consistente y suficiente, abordaran el fenómeno en términos de prevención».
En esta observación, incluyeron, por ejemplo, «estrategias para desmontar los estereotipos, barreras sociales que son uno de los obstáculos más grandes para identificar y atender este tipo de violencia».
Si bien no se desconoce la importancia de la Ley Nacional de ESI N° 26.150 como una política pública educativa de resguardo de derechos y prevención de las violencias, «las pocas provincias que tienen iniciativas en materia de prevención tienen que ver únicamente con la ESI», remarcó el informe.
La línea 102, gratuita y confidencial, atiende consultas sobre los derechos derechos de niñas, niños y adolescentes y la 137, recepciona llamados de víctimas de violencia familiar y sexual.
POR EURÍDICE FERRARA para TELAM
