Tras una reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en la que participó el Ministerio de Ambiente de la Nación, se elevó un nuevo proyecto de Ley de Humedales que será remitido en los próximos días al Congreso de la Nación.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunciamos este proyecto de COFEMA como parte del mismo lobby extractivista que desde hace casi 10 años atenta contra cualquier posibilidad de que una verdadera Ley de Humedales sea sancionada por el Congreso Nacional. Este proyecto oficial es manifiestamente regresivo y tiene por objeto afianzar la degradación y retroceso de los humedales en nuestro país, aparentando su protección.
En comparación al proyecto de ley apoyado por más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos (presentado por el diputado Leonardo Grosso) la iniciativa del COFEMA elimina al menos 25 artículos. La supresión comprende elementos vitales para el diseño de una política federal para proteger integralmente los humedales en el territorio nacional, avalando una visión meramente instrumental de estos ecosistemas, sin control alguno por parte del Estado; altera sutil aunque gravemente la definición de humedal, suprime otras definiciones estratégicas, eliminando principios, conceptos, objetivos de protección, funciones y deberes de la autoridad nacional de aplicación y conductas prohibidas y aniquila el Inventario Nacional de Humedales, entre otros arbitrarios retrocesos.
Este proyecto del COFEMA tiene el lamentable objetivo de bloquear el proyecto que impulsa la sociedad civil, como ocurrió en el año 2010 con la Ley de Glaciares donde los sectores mineros impulsaron -infructuosamente- un proyecto de Ley de Glaciares que los desprotegía.
Está propuesta ignora y rechaza años de reclamos, protestas, peticiones, movilizaciones sociales, a lo largo y ancho del país. Resulta un fraude legislativo, en un contexto donde nuevamente recrudecen los incendios sobre humedales en al menos 7 provincias, y en donde los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) han deliberadamente facilitado, por acción u omisión, la destrucción expansiva de los humedales de nuestro territorio.
Recordamos que el proyecto de Ley de Humedales posee casi 10 años de derrotero con brutales embestidas de los lobbies corporativos de la agroindustria, la gran minería y la especulación inmobiliaria.
El proyecto, consensuado por la sociedad civil, fue ingresado por cuarta vez el pasado 2 de marzo, contando con la firma de más de 15 diputados/as. Sin embargo, insólitamente (no recordamos antecedente alguno), el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a 4 meses de su presentación (trámite que tarda unos días), no le ha asignado los giros a las comisiones correspondientes dejando el proyecto en un limbo que no permite tratamiento alguno.
Análisis crítico de la propuesta de COFEMA
A continuación, sintetizamos los principales cuestionamientos que realizamos al proyecto impulsado por COFEMA:
-
Modifica sutil pero gravemente la definición de humedal reduciendo el ámbito de aplicación de la ley y los ecosistemas que protege;
-
Suprime la definición de expresiones como “uso racional”, “integridad ecológica”, “Evaluación de Impacto Estratégica” y “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Preservación” y “Enfoque ecohidrogeomórifico” (la palabra “racional”, no existe en el proyecto de COFEMA, en contraste con la mención en 29 ocasiones en el otro proyecto).
-
Pervierte los objetivos de la ley, desechando 9 de ellos, distorsionando los alcances de protección y des-responsabilizando al estado mediante el uso de verbos en modo potencial;
-
Elimina directamente todas las funciones de la autoridad de aplicación, desmereciendo cualquier intervención basada en la coordinación interjurisdiccional liderada por una autoridad federal;
-
Suprime plazos para que, tras la sanción de la Ley Nacional, las provincias deban elaborar un Ordenamiento Ambiental Territorial que incorpore a los humedales en sus territorios;
-
Continúa eliminando 11 principios y conceptos esenciales para la gestión de la política racional y sostenible de los humedales;
-
Insólitamente, destruye la noción de Inventario Nacional de Humedales al considerarlo facultativo y no como un deber del Estado, lo que implica una sentencia muerte legal para los humedales, antes siquiera de ser reconocidos como tal. También elimina plazos y el deber de actualización;
-
Quita la moratoria, siendo ello una violación directa de los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral en materia ambiental;
-
Excluye a los pueblos indígenas y a la agricultura familiar del Programa Nacional de Conservación de Humedales;
-
Restringe inconstitucionalmente el derecho de acceso a la información pública.
-
Finalmente, elimina todas y cada una de las conductas prohibidas que afectan, alteran, disminuyen, degradan o privatizan los humedales de nuestro país.
