Después de 15 años de iniciada la causa, los integrantes del máximo tribunal deben resolver si los hechos denunciados, como la imposición de tormentos y la privación ilegítima de la libertad, deben ser o no investigados como delitos de lesa humanidad.
Los soldados fueron sometidos a la tortura por sus superiores. (Foto Archivo)
A pocos días de cumplirse los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, excombatientes se movilizarán este martes a la Corte Suprema de Justicia para pedir que se pronuncie en la causa judicial donde se investiga a un centenar de exmilitares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982, y denuncian que ese expediente se encuentra paralizado hace once meses.
«Son 40 años de impunidad. Pedimos a la Corte el pronto despacho de la causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar», señaló a Télam Ernesto Alonso, excombatiente y secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, organismo querellante desde el inicio de la causa en 2007.
«Son 40 años de impunidad. Pedimos a la Corte el pronto despacho de la causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar»
La movilización comenzará este martes a las 12 frente al máximo tribunal ubicado en Talcahuano 550, en el centro porteño, y será encabezada por el Cecim junto a organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, confirmó a esta agencia Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de la organización de veteranos de guerra.
Después de 15 años de iniciada la causa, que contiene más de 170 declaraciones de víctimas y un centenar de militares denunciados, la Corte Suprema de Justicia debe resolver si los hechos denunciados deben ser o no investigados como delitos de lesa humanidad, lo que los convierte en imprescriptibles.
«Lo que queremos es que se los caracterice como crímenes de lesa humanidad para que se pueda investigar y habilitar el juzgamiento a los artífices del horror en Malvinas. Parte de los militares denunciados han intentado que se declare la prescripción de la acción penal», destacó el letrado.
Entre los presuntos ilícitos se encuentran la imposición de tormentos y la privación ilegítima de la libertad.
El principal medio de tortura denunciado que aparece en la mayor cantidad de casos, según el letrado, fue el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos en el gélido clima de las islas.
También fueron denunciadas torturas como el enterramiento de pie hasta el cuello en pozos que las mismas víctimas debían cavar, la obligación de sumergirse en agua helada completamente desnudos, golpizas, picanas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.
Dentro del grupo de personas que declararon se encuentran víctimas directas y otras que prestaron declaración como testigos y que son consideradas por la querella como víctimas indirectas de la tortura porque «bajo el fuego de una potencia enemiga les tocó ver cómo torturaban a otros compañeros de trinchera», agregó Guerrero Iraola.
El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad fueguina de Río Grande, y allí la jueza Mariel Borruto, se expresó en distintas ocasiones sobre los ilícitos denunciados como imprescriptibles, y procesó en febrero de 2020 a cuatro de los exmilitares imputados.
Delitos de lesa humanidad
La Fiscalía, la justicia de primera instancia de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que en la causa se investigan delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, el 4 de mayo de 2021, un pronunciamiento dictado en mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal introdujo que los supuestos ilícitos están prescriptos, y anuló un fallo judicial contra un militar acusado de torturar a soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas.
El beneficiado fue Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial naval del Batallón de Infantería de Marina (BIM) 5, imputado de apremios ilegales y sometimiento a la tropa.
Este fallo revocatorio fue acorde con uno anterior en el mismo sentido firmado por otra sala de Casación que había favorecido a otro militar, Jorge Taranto, también acusado por esos hechos.
En ese contexto, la fiscalía y los querellantes recurrieron el fallo de Casación ante la Corte Suprema, y la jueza fueguina decidió esperar el trámite que tendrán esas actuaciones.
«Estamos exigiendo que la Corte primero falle rápido, y segundo que falle de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales en materia de justicia restaurativa y justicia transicional», añadió el abogado del Cecim La Plata.
