Mientras el Gobierno presentó una denuncia asegurando que los mensajes fueron grabados en la Casa Rosada, Martín Menem afirmó que, en realidad, provenían de la Cámara de Diputados. Pocas horas después, Patricia Bullrich intervino y calificó la filtración como una «operación de desestabilización».
El lunes pasado, el juez federal Patricio Alejandro Maraniello –magistrado que acumula al menos nueve denuncias por acoso laboral, al punto de que empleadas del juzgado trabajan con custodia– dictó la medida que prohíbe la reproducción de los audios en medios y redes sociales.
El fallo, solicitado por el Ejecutivo, se basó en la supuesta necesidad de proteger la “privacidad institucional” de la Casa Rosada. En paralelo, el Gobierno denunció un caso de “espionaje ilegal” y habló de un intento de desestabilización electoral.
¿Casa Rosada o Congreso?
La cautelar se dictó a pedido de la Secretaría General de la Presidencia, con el argumento de proteger la “privacidad institucional” de la Casa Rosada. Sin embargo, la versión oficial empezó a tambalear cuando Martín Menem afirmó en redes sociales que, si los audios fueran reales, algunos habrían sido grabados en el Congreso, más precisamente en la Presidencia de la Cámara de Diputados.
Pocas horas después, Patricia Bullrich respaldó esa hipótesis y reforzó la idea de que todo se trata de una operación política en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
Bullrich contra los medios
La polémica escaló cuando el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, solicitó allanamientos al canal Carnaval Stream –primero en difundir los audios– y a los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como de Pablo Toviggino y Franco Bindi, pareja de la diputada libertaria Marcela Pagano, a quien el Gobierno señalaba como responsable de la difusión de las grabaciones.
La denuncia recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien deberá decidir sobre los pedidos de intervención judicial.
En respuesta, el abogado Gregorio Dalbón, denunció a Bullrich por abuso de autoridad, señalando que la medida vulnera la libertad de prensa. Mientras tanto, el vocero presidencial Manuel Adorni y el jefe de Gabinete Guillermo Francos defendieron la acción del Gobierno, describiendo la filtración como un “espionaje ilegal con fines electorales” destinado a desestabilizar al Ejecutivo.
Las causas abiertas y el impacto judicial
El escándalo se potenció luego de la difusión de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntas coimas vinculadas a la droguería Suizo Argentina y a Eduardo “Lule” Menem, funcionario cercano a Karina Milei.
Fuente Página 12
