Las presentaciones judiciales por presuntos créditos preferenciales quedaron radicadas en Comodoro Py y abren una investigación para determinar si hubo irregularidades o trato privilegiado en el otorgamiento de los préstamos. Quedaron en manos de los jueces Rafecas y Capuchetti.
La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores del oficialismo ya tiene su correlato judicial: dos denuncias penales presentadas en Comodoro Py fueron sorteadas y recayeron en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, que ahora deberán determinar si existieron irregularidades en la operatoria.
La primera presentación fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo de Rafecas. Apunta contra el expresidente del Banco Nación Daniel Tillard y contra el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet. La denuncia incluye acusaciones por presunta administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La segunda denuncia, en tanto, fue presentada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, acompañada por el socialista Esteban Paulón, y recayó en el juzgado de Capuchetti. A diferencia de la anterior, este planteo amplía el foco e incorpora no solo a las autoridades del banco sino también a varios de los beneficiarios de los préstamos.
Entre los nombres mencionados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase; el director del Banco Central Pedro Inchauspe; el director del BICE Felipe Núñez; y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni, entre otros. En este caso, los delitos señalados incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y defraudación.
El escándalo se desató tras la difusión de una lista de funcionarios y dirigentes que accedieron a créditos hipotecarios por montos millonarios en los últimos dos años. La información, basada en datos públicos del Banco Central y sistematizada por herramientas de acceso abierto, puso bajo la lupa posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los préstamos obtenidos.
Mientras la oposición reclama avanzar con la investigación tanto en la Justicia como en el Congreso, el Gobierno sostiene que no hubo irregularidades y que los créditos fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente que cumpla con los requisitos.
En paralelo, el caso ya tuvo impacto político: la salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano, tras conocerse que figuraba entre los beneficiarios, sumó tensión interna en el oficialismo, aunque desde la Casa Rosada intentaron despegar su desvinculación de la polémica.
Con los expedientes ya asignados, serán ahora los juzgados de Rafecas y Capuchetti los encargados de avanzar en la investigación y determinar si hubo o no trato preferencial en el otorgamiento de los créditos.
CRM – elDiarioAR
