Las defensas de los empresarios y financistas procesados en la causa denominada “Cuadernos” ratificaron ayer su intención de pagar lo que se denomina una “reparación integral” para evitar someterse a un juicio oral y público por las presuntas comisiones que dijo haber apuntado durante años el exsuboficial del Ejército y exchofer Oscar Centeno.
La fiscal federal Fabiana León rechazó esa posibilidad, que a su entender implicaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”. En el mismo sentido se pronunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera. Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signorini y Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, convocaron una nueva audiencia para el martes próximo, cuando seguirán escuchando las posiciones de otras defensas, antes de definir si aceptan la movida de los hombres de negocios para extinguir la acción penal en su contra o bien confirman el inicio del juicio para el 6 de noviembre.
A lo largo de una audiencia por Zoom que duró seis horas, los abogados de los imputados del ámbito privado se explayaron sobre sus ofertas para no sentarse en el banquillo. La defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares, ya embargados en la causa. La del empresario Enrique Pescarmona ofreció 510 millones de pesos, aunque su abogado Marcelo Nardi reiteró que “los pagos que les fueron exigidos por los funcionarios públicos a Pescarmona y Francisco Valenti obedecen y están ligados a contratos celebrados en Venezuela, un país distinto, representando episodios coactivos que fueron descriptos en sus declaraciones”.
Otros ofrecieron los embargos que ya tienen dictados, pero a valores actuales: 732 millones de pesos en el caso de Mario Rovella, 826 millones por parte de Julio Paolini. También ratificaron sus ofrecimientos Aldo Roggio, Alberto Taselli, Ángelo Calcaterra y Hugo Dragonetti. Sus abogados argumentaron la eternidad que podría demandar un juicio con 622 testigos, con una audiencia por semana y múltiples acusaciones. Dijeron que sus clientes “se saben inocentes” pero necesitan resolver el tema para seguir adelante con sus empresas y sus vidas ante la “condena natural” que consideran ya se les impuso.
La negativa de la fiscalía
La fiscal rechazó la posibilidad de que los acusados se liberen de culpa a cambio de un resarcimiento económico. “No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se han causado, en esta fiscalía no se vende impunidad”, dijo León. “No puede haber arreglos a espaldas de la sociedad. Sería repugnante hacerlo de tal modo. Sería repugnante en sí mismo como al concepto mismo de República”, añadió. Remarcó que el caso en cuestión involucra hechos de corrupción de gran magnitud, con participación de agentes estatales y empresarios, y que la única forma legítima de concluir el proceso es mediante un juicio oral, público y contradictorio.
La fiscal explicó además que la institución de la “reparación integral” como causa de extinción de la acción penal exige la existencia de una víctima concreta y un daño mensurable, así como un acuerdo real entre el imputado y la víctima, la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la homologación judicial. “Sin consenso real, no hay reparación integral posible”, afirmó. Subrayó que, en el caso de delitos de corrupción, el daño no es patrimonializable ni puede ser objeto de transacción, ya que afecta la confianza pública y la legitimidad del Estado, y calificó como “patéticos” los ofrecimientos de algunos imputados.
Aceptar acuerdos unilaterales significaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”, dijo, y reiteró que no se cumplen los tres requisitos materiales para la extinción de la acción penal por reparación integral: no hay acuerdo real, no existe una víctima individual y no es posible una reparación plena del daño institucional causado.
En el mismo sentido se pronunció el titular de la UIF, Paul Starc. Dijo que aceptar esas ofertas sería “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico. Por su parte, la defensa de Centeno hizo saber que se opone a que los empresarios no lo acompañen en el banquillo de acusados. “Le parece una injusticia impropia basada en un poderío económico del cual él lamentablemente carece”, dijo su defensor oficial, Marcelo Sciegata.
Tras escuchar la exposición de la fiscalía, el tribunal dictó un cuarto intermedio hasta el próximo martes 16 de septiembre donde deberá deliberar. Pero antes, los jueces tendrá que escuchar las palabras finales de las defensas.
La causa se basó en unas fotocopias de cuadernos que la Gendarmería y la Policía Federal debió realizarle pericias. Son más de 300 páginas y si bien los peritos confirman que la letra es de Centeno, algo que nunca estuvo en duda, lo fundamental es que ratifica que hubo más de 1.500 correcciones, tachaduras, alteraciones, la mayoría muy significativas: reemplazando un nombre por otro o una dirección por otra.
