La Corte Penal Internacional juzgará casos de destrucción del medio ambiente

Gobiernos e individuos podrían ser procesados por crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI) a raíz de una decisión de ampliar su ámbito de competencias, según el diario The Guardian. 
El tribunal respaldado por la ONU, que se encuentra en La Haya, se ha pronunciado sobre todo en casos de genocidio y crímenes de guerra desde su creación en 2002. Ha sido criticado por su renuencia a investigar los principales delitos ambientales y culturales, que a menudo ocurren en tiempos de paz.
En un cambio de enfoque, la CPI también daría prioridad a los delitos que dan lugar a la «destrucción del medio ambiente», «explotación de los recursos naturales» y el «despojo ilegal» de la tierra. Incluye una referencia explícita a la apropiación de tierras.
El tribunal, que es financiado por los gobiernos y está considerado como el tribunal de última instancia, dijo que ahora toman muchos crímenes que no han sido tradicionalmente tomados a su consideración.La CPI no está extendiendo formalmente su jurisdicción, pero la corte dijo que evaluaría delitos existentes, como los crímenes contra la humanidad, en un contexto más amplio.
«La oficina del fiscal va a prestar especial atención a la persecución de los delitos según el Estatuto de Roma, que se están cometiendo o que dan como resultado, entre otras cosas, la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de tierras «.

La apropiación de tierras es cada vez más común en todo el mundo, con los gobiernos nacionales y locales que asignan a sociedades privadas decenas de millones de hectáreas de tierra en los últimos 10 años.
Las campañas anticorrupción de la Global Witness dice que esto ha dado lugar a muchos desalojos forzosos, el genocidio cultural de los pueblos indígenas, la malnutrición y la destrucción del medio ambiente.
«La apropiación de tierras no es menos dañina que la guerra en términos de impactos negativos sobre la población civil», dijo Alice Harrison, un asesor de Global Witness. «El anuncio debe enviar un disparo de advertencia a los ejecutivos de la empresa y los inversores de que el ambiente ya no es su patio de recreo» agregó.
«Los terribles efectos de la apropiación de tierras y la destrucción del medio ambiente han sido reconocidos en el más alto nivel de justicia penal, y los actores del sector privado podrían ahora ser llevados a juicio por su papel en apoderarse ilegalmente de la tierra, aplanando las selvas tropicales, (tala indiscriminada), o por envenenamiento de las fuentes de agua.»
Abogados internacionales dijeron que la ampliación de los casos, e incluir la apropiación de tierras, y que se reconozca las violaciones de los derechos humanos en masa, cometidos en tiempos de paz y en el nombre de las ganancias, podrían ser tan graves como los crímenes de guerra tradicionales.
«No hará de la apropiación de tierras por sí un delito, pero los desalojos forzosos en masa que resultan de la apropiación de tierras puede llegar a ser tratado como un crimen contra la humanidad», dijo Richard Rogers, un socio en el bufete de abogados penales de Internacional Global Diligence.
Rogers ha presentado un caso ante la CPI en nombre de 10 camboyanos que alegan que la élite gobernante del país, incluyendo su gobierno y el ejército, ha perpetuado violaciones de derechos en masa desde 2002 en búsqueda de la riqueza y el poder por el acaparamiento de tierras y el desalojo forzoso de hasta 350.000 personas.
«Camboya es un ejemplo perfecto de este nuevo enfoque de la CPI. Se ajusta a los nuevos criterios», dijo. «Las empresas desean invertir en algunos lugares a riesgo de ser cómplice de los crímenes contra la humanidad. La lucha contra el acaparamiento de tierras también ayudará a resolver algunas de las causas del cambio climático, ya que la deforestación es muy a menudo el resultado de la apropiación de tierras «.
El nuevo enfoque de la CPI también podría abrir la puerta a los procesamientos por el cambio climático, dijo Rogers, debido a que un gran porcentaje de las emisiones de CO2 habría sido causada por la deforestación como resultado de la ilegal apropiación de tierras .
La CPI puede tomar medidas si el delito ocurre en cualquiera de los 139 países que se han adherido al Estatuto de Roma, cuando el autor se origina en uno de estos países, o si el Consejo de Seguridad de la ONU se refiere a un caso. Los crímenes deben haber tenido lugar después de que el Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002.
Reinhold Gallmetzer, un miembro del grupo de trabajo, abogado de Apelaciones de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacionaldel que elaboró el documento, dijo: «Estamos ejerciendo nuestra jurisdicción mirando el contexto más amplio en el que se cometen los delitos. Estamos ampliando el enfoque para incluir los delitos Estatuto de Roma ya en nuestra jurisdicción».
El papel de la CPI también enumera otros delitos, como el tráfico de armas, tráfico de personas, el terrorismo y los delitos financieros, en el que se propone proporcionar más ayuda a los estados individuales para llevar a cabo los juicios nacionales.
Enhorabuena, incluímos el genocidio de la soja en Argentina, la matanza de niños y campesinos en Paraguay, la Masacre de Curuguaty, el Plan Colombia y sus víctimas ecuatorianas, los derrames de la Barrick Gold en Veladero. Y tantos otros ocurridos en América, donde la justicia no juzga los delitos ambientales, ni el agrocidio, ni la entrega de soberanía de los propios gobiernos, a las empresas que expolian nuestros recursos. América Latina nunca le importó a La Haya, es hora de redimirnos, aunque ese saco de jueces inútiles no esté preparado moralmente ni judicialmente para juzgar y condenar este tipo de crímenes.
La CPI no es independiente, ni justa, ni efectiva.Vean los países que no han firmado ni ratificado el Estatuto de la Corte, y comprenderán cuán ingenuo es ilusionarse con esta noticia y cuánto apesta el Fiscal, que nunca actúa de oficio, ni siquiera ante los experimentos biológicos, venenos, gases asfixiantes y/o  tóxicos similares,  enunciados en el art 8 del Estatuto. Experimento al que estamos expuestos la humanidad toda, bajo miles de biocidas. Venenos que también le afectan a los integrantes de la CPI, a sus hijos y a los hijos de sus hijos.