Del total que el expresidente dijo que se construirían solo se terminaron 107. El Ministerio de Educación realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción tras detectar que el 34% de las obras licitadas en 2016 fueron adjudicadas a una constructora sin capacidad para ejecutarlas.
El Ministerio de Educación realizó una presentación ante la Oficina Anticorrupción para promover una investigación sobre posibles irregularidades en torno a la construcción de 3000 jardines de infantes que prometió Mauricio Macri. El caso que está bajo la lupa implicó transferencias de recursos estatales por 62 millones de dólares y la cartera educativa advirtió hechos que, según explicó el ministro Nicolás Trotta, “podrían resultar constitutivos de un delito, y sobre lo que en definitiva deberá expedirse la Justicia».
Macri no cumplió la promesa que hizo en 2016. Solo fueron licitadas las obras para la construcción de 292 jardines de infantes de los 3000 que dijo que serían construidos. De esas 292 obras, apenas se concluyeron 107.
A la promesa inclumplida, se suman ahora las posibles irregularidades. De la información recabada por el Ministerio de Educación a través del rastreo y análisis de más de 480 expedientes administrativos surjen irregularidades en 4 licitaciones de un total de 17 para la realización de 93 jardines, ninguno de los cuales fue concluido. Los datos evidencian una falta de correspondencia entre las obras y montos erogados por la contratista frente a las sumas millonarias transferidas a las mismas.
El 34% del total de las obras licitadas en el año 2016 fueron adjudicadas a la UTE Bahía Blanca Viviendas S.R.L – Escarabajal Ingeniería. Lo llamativo es que había un dictamen de la Comisión Evaluadora que indicaba que ese consorcio de empresas no tenía la capacidad operativa para absorber las obras.
Esa UTE recibió transferencias por un importe total de U$S 61.920.462 sobre un total de U$S 92.357.315 que abarcaban los 4 contratos. Ninguna de las 93 obras fue finalizada y por el bajo avance de las mismas, tras dos años de plazo, fueron rescindidas 53 de ellas que se encontraban entre un 50% y un 75% de avance, 19 registraban entre un 20% y un 49% de avance y 2 reconocían apenas un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio era del 11%.
En la presentación del Ministerio de Educación se detalla que el monto total de los contratos superaba los 90 millones de dólares, y se desembolsaron 62 millones de dólares a lo largo del tiempo, lo que equivale, a la fecha, a casi 6000 millones de pesos. También se indica que más allá del bajo rendimiento de su labor, la UTE adjudicataria de la construcción de los establecimientos siguió recibiendo transferencias monetarias hasta fines del mes de julio de 2018.
Las irregularidades detectadas incluían abandono de las obras, deterioro de lo construido por incidencias climáticas, faltantes producto de vandalismo, cercos perimetrales sin terminar y ausencia de vigilancia y responsables de obra en la mayoría de los casos con la consecuente pérdida de patrimonio para el Estado.
Otro dato llamativo –según surge del análisis hecho– se vincula a la modalidad de financiación anticipada por parte del Estado nacional: el anticipo financiero se estipulaba a través de los pliegos como el equivalente al 30% pero luego se sumó la posibilidad, a través de una circular aclaratoria, de solicitar en concepto de acopio de materiales en pie de obra, anticipos sin tope a solicitud de la UTE.
Las multas por incumplimiento, calculada a fines del mes de julio de 2018, ascendían a 78 millones de pesos pero más allá de los informes confeccionados al respecto no existió acto administrativo posterior para aplicarlas. Sólo se aplicaron por aproximadamente 7 millones pesos.
“Cuando asumimos la gestión tomamos conocimiento a través de la SIGEN de presuntas irregularidades en la ejecución de las obras. Nos dimos a la tarea de rastrear y analizar más de 480 expedientes administrativos. Una vez relevada la documentación, verificamos los créditos ante el conocimiento que ambas empresas integrantes de la UTE se habían presentado a concurso de acreedores sin haber informado a la Justicia que el Ministerio era su principal acreedor”, explicó Trotta.
El ministro de Educación agregó que “además de poner a disposición la documentación correspondiente para verificar si se cometió algún ilícito en perjuicio del patrimonio del Estado, cuyo encuadre y tipos penales deberá determinar la Justicia, nos propusimos remediar la situación dado que representa un ataque directo a la vulneración del derecho a la educación para nuestras niñas y niños en todo el territorio nacional por lo que hemos avanzado en la conclusión de muchas de esas obras. A la fecha en nuestra gestión se han finalizado 19 de los jardines de infantes abandonados, 40 se encuentran en ejecución, 20 en proceso licitatorio, 11 en elaboración de proyecto ejecutivo y tres fueron sustituidas”.
Desde la cartera educativa señalan que para el plan 3000 jardines del macrismo se dejó de lado la experiencia de décadas en materia de infraestructura escolar y se empleó un sistema constructivo industrializado ajeno a la mayoría de las realidades locales con tecnologías constructivas con materiales importados concentrados en pocas manos, se armaron paquetes de obras que dejaron sin posibilidad de participación a las PyMEs constructoras locales y se adjudicaron en muchos casos a empresas sin capacidad para su ejecución.
