El proyecto del Gobierno nacional que impulsa la desregulación de las profesiones, bajo el argumento de promover una “libertad de matrícula”, encendió las alarmas en los Consejos y Colegios Profesionales de todo el país. Desde el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad (CPHS), su presidente Lorenzo Gómez fue contundente: “Vuelven los mismos impresentables con fórmulas que parecen ser un alivio para la sociedad y terminan perjudicando el ejercicio profesional».
El dirigente, también presidente de la Confederación de Profesionales de Seguridad e Higiene (COFESH) advirtió que la medida no solo desconoce la realidad federal del ejercicio profesional, sino que además debilita los mecanismos de control que hoy garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad, salud y ética en el trabajo. “¿Quién va a cumplir la función del poder de policía en esos lugares donde el Estado delega en los propios profesionales el rol de contralor? Hoy un Estado que dice descentralizar, en realidad vuelve a cargar sobre sí herramientas vetustas que ya superamos. Los Colegios se consolidaron precisamente para dar transparencia y profesionalismo a ese control”, remarcó Gómez.
El dirigente explicó que una cosa en aplicar un registro único en CABA o en las grandes ciudades, dónde el Estado puede ejercer el control sin mayores problemas, pero se preguntó: ¿Qué pasa en localidades del interior a las que el Estado no llega? y agregó que la medida además de romper los esquemas federales dejaría a los profesionales sin la primera línea de defensa frente a la competencia desleal, el solapamiento de actividades reservadas, el ejercicio ilegal y la oferta académica engañosa, un trabajo que realizan los colegios y que impulsa la confederación en las provincias en las que todavía no cuentan con una ley propia.
La propuesta de eliminar la matrícula obligatoria y reemplazarla por un registro nacional administrado por el Estado —como el RUFU o el RUFRI— implica un retroceso institucional. Los colegios no son “negocios” ni corporaciones cerradas, sino entidades de derecho público con funciones delegadas por el Estado, encargadas de velar por el ejercicio ético, la capacitación continua y la protección de la sociedad frente al ejercicio indebido de profesiones sensibles, enfatizó Gómez.
Desde el CPHS recordaron que la colegiación obligatoria no es un privilegio, sino una garantía: asegura que quienes intervienen en actividades que afectan la salud, la seguridad y la vida de las personas, lo hagan con la formación y la responsabilidad que la ley exige.
Debate interno, sí; desregulación, no
Gómez admitió que los colegios deben revisar permanentemente sus mecanismos de representación y los costos de la matrícula, pero aclaró que ese debate debe darse dentro de las propias instituciones y entre los profesionales, no por imposición del poder político.
“Después discutamos internamente si los valores son altos o si la representación debe mejorar, pero que no se haga desde un centralismo porteño algo que va a terminar siendo más engorroso para las profesiones del interior y que, en la práctica, no va a cumplir con lo que promete”, concluyó.
Desde el CPHS y otras entidades profesionales se anticipa una postura unificada en defensa de la colegiación pública, entendiendo que la desregulación que impulsa el Gobierno no fortalece la libertad profesional, sino que debilita los mecanismos que garantizan la responsabilidad y la seguridad social.
