Rectores, gremios y estudiantes coinciden el jueves y viernes en una huelga contra el ajuste oficial. Tras el veto presidencial del año pasado, la oposición busca avanzar con un financiamiento con partidas específicas.
El sector universitario reactiva esta semana el conflicto contra el Gobierno por la falta de aumento salarial, el recorte en el gasto presupuestario y el escaso apoyo a los estudiantes. En un contexto de deterioro de la situación, con unos 10.000 docentes que habrían dejado sus cargos desde que asumió Javier Milei, los rectores, los gremios docentes y no-docentes planean una serie de acciones para protestar frente al ajuste de la Casa Rosada. Habrá paro de 48 horas el jueves y viernes, movilización a la sede de la Secretaría de Educación y la recolección de firmas para impulsar una nueva ley de presupuesto para las casas de altos estudios –que el Presidente vetó este el año pasado–.
Esta mañana el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) encabezó una conferencia junto con parte de los sindicatos y representantes para exponer públicamente su grave situación. Para la semana que viene la oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para impulsar una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Ante la amenaza de Milei de volver a vetar esa ley, el proyecto tiene como eje de financiamiento la reasignación de impuestos para que no impacte en la regla de déficit cero libertario, establece un aumento de paritarias y más recursos para las becas estudiantiles.
“Estamos en una situación acuciante. Nuestro presente universitario habla de qué queremos como país”, denunció este lunes el titular del CIN, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy un salario en mano de un nuevo docente alcanza apenas los $178.000 y la beca Progresar está congelada en $35.000. Según datos oficiales, 10.000 docentes ya dejaron la universidad pública porque los jóvenes no tienen atractivos para dar clases y los mayores se jubilan.
Aunque se habla de una tercera marcha federal, en realidad en estos días habrá concentraciones descentralizadas. El 26 en la UBA habrá un abrazo simbólico en el hospital de Clínicas y se esperan protestas en Córdoba y Neuquén. Por la tarde los sindicatos de base harán un acto frente al Palacio Pizzurno con una marcha de antorchas, en el marco de la huelga por 48 horas.
La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) fue quien anunció el plan de lucha, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno, que continúa postergando la discusión paritaria. La consigna es “¡Prendete a defender la universidad pública!” y busca generar impacto público sobre la nueva ley de Financiamiento Universitario.
“Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, señalaron desde CONADU a través de un comunicado.
Desde sectores gremiales más combativos cuestionan el accionar del CIN porque entienden que la escalada debería ser mayor. “El plan Milei funciona al 100%: vaciamiento de la universidad, sin dinero para los estudiantes ni docentes, así como los fondos de investigación y de obras publicas son igual a cero. Si realmente no se puede pagar la luz o el gas, deberían dejar de pagarse esas facturas y esperar a que todas las empresas prestadoras busquen cortar los servicios. Que se arme quilombo en serio”, planteó un dirigente sindical de la Conadu Histórica a elDiarioAR.
Una fuente estudiantil que conoce el paño señaló que el ala radical del sector, tanto rectores como agrupaciones de alumnos, afirmó que no hay voluntad de concretar una gran marcha federal, como las dos que hubo en 2024, porque “miran con más expectativas a las elecciones de octubre que hacer algo ahora en la calle”.
El proyecto de aumento de los recursos de las universidades de la oposición contempla que el 1% del PBI se destine a esas casas de estudio. Además exige la convocatoria a paritarias para compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación de diciembre del 2023, y que se establezca un esquema de aumentos de acuerdo al incremento de precios establecido por el Indec.
Se espera una “súper-sesión” para el miércoles 2 de julio porque Diiputados buscará avanzar, además, con una reforma de la ley de DNU y la declaración de emergencia del hospital Garrahan. Son todos puntos rechazados por el oficialismo, además de que generan tensión constante en la calle.
