Así lo confirmó Sabrina Cartabia, miembro del Ministerio de las Mujeres. “Estamos trabajando con la Corte Suprema para modificar leyes y agilizar los tiempos de respuesta” afirmó.
En otra entrega del micro Tiempo Educativo tuvo la palabra la doctora Sabrina Cartabia, la cual cumple un rol clave dentro del Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.
Para romper el hielo la letrada hizo una breve descripción de su función, aseverando que “trabajo actualmente en el Ministerio de las Mujeres de la provincia, soy abogada y en este tiempo coordiné la realización del informe sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria provincial, junto con Lucía Caballero y Sol Calandria”.
Para aquel que no esté familiarizado con el término, explicó que “son las obligaciones que tienen, tanto padre como madre, para con los niños desde el momento en que las parejas se rompen”.
Dándole un marco histórico a la situación, aclaró que “cuando llegamos a la gestión en diciembre de 2019 sabíamos que esto era un problema importante, y queríamos tomar cartas en el asunto. Cuando nos pusimos a investigar nos encontramos con que no había datos públicos que midieran el incumplimiento. Esta investigación fue pionera a nivel global según nos confirmó UNICEF”.
Siguiendo en esa línea reconoció que “lo que primero hicimos fue hacer una encuesta donde participaron más de seis mil mujeres de todos los distritos. A partir de esa primera encuesta llegamos a un dato que nos impactó: vimos que en el 66% de los casos, cuando las parejas se rompen, los padres, porque en líneas generales las madres son las que se quedan al cuidado, no cumplen. De ese 66%, el 50% no hace ningún tipo de aporte, y el 16% restante aporta menos de lo que debe o fuera de término sin continuidad”.
Mientras que “esos datos fueron corroborados por UNICEF, que a nivel nacional tuvo un resultado del 65%. A partir de eso profundizamos y llevamos adelante entrevistas con distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, obteniendo un diagnóstico: recurrir a la justicia se parece más a una carrera de obstáculos que un camino sencillo”.
Por último enfatizó en que “como nosotros somos el estado y debemos cambiar la realidad más allá de visibilizarla, hicimos un plan de acción que estamos ejecutando para modificar lo que está mal. Ahora los procesos se están agilizando gracias a esto. Estamos trabajando junto con la Corte de Suprema provincial, en proyectos de ley que modificarían el código procesal, haciendo procesos más cortos, sanciones efectivas y así lograr el pago de la cuota alimentaria”.
