El exhumorista y animador delaró ante el fiscal de Berazategui, pero el director de la comunidad terapéutica, Néstor Zelaya, se negó. En la causa se investiga una supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre.
El fiscal del distrito bonaerense de Berazategui, Daniel Ichazo, indagó a Marcelo «Teto» Medina, y a los otros involucrados en la causa abierta por supuesta explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir», en tanto que su director, Néstor Zelaya, se negó a declarar y permanecerá detenido al igual que el resto de los investigados, según confirmó su abogado defensor Marcelo Biondi.
El exhumorista y animador del programa VideoMatch, Marcelo José Medina, fue arrestado en su domicilio de Palermo, acusado de ser la cara visible de la organización La Razón de Vivir, para reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país, que luego supuestamente eran reducidos a la servidumbre en condiciones infrahumanas.
Los detenidos fueron trasladados a las 7.30 de este viernes a la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming dependiente de los Tribunales de Quilmes, donde permanecieron hasta cerca de las 18 y fueron trasladados nuevamente a la Comisaría Primera de Berazategui.
Los defensores de los detenidos se quejaron de que no se les permitía «ver el expediente» e incluso se retiraron del lugar tras adelantar que irían a hablar con el Procurador General de la provincia «para hacerle saber lo que sucede».
La investigación sobre la comunidad La Razón de Vivir
Medina y otras 16 personas fueron detenidas el jueves en una serie de allanamientos en CABA, Gran Buenos Aires y Córdoba.
«Recién terminó de declarar por dos horas, contestó todas las preguntas del fiscal, presenté el pedido de excarcelación y ahora hay que esperar 5 días para que el juez de Garantías resuelva su situación procesal», dijo uno de los abogados defensores de Medina, Adrián Tenca.
«Él fue absolutamente claro, iba una sola vez por semana, trabajaba de once de la mañana a las cinco de la tarde, cumplía un rol de dar charlas a los chicos y no tiene absolutamente nada que ver con el rol de esta organización», agregó Tenca.
Luego, dijo que Medina «cobraba diez mil pesos por charla, que se los transferían a su CBU», y que lo que su cliente hacía en esta fundación lo hacía en otras quince.
«A través de las redes sociales, mucha gente le pedía ayuda y demás, entonces él, conforme al lugar donde vivían esas personas, los iba derivando a distintas comunidades», explicó.
«Medina era un empleado de cada una de las instituciones con las que trabajaba», concluyó Tenca.
También el abogado de Néstor Zelaya, que se negó a declarar ante el fiscal, dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes con consumo problemático «es absolutamente descabellada».
Biondi anticipó la posibilidad de que Zelaya declare «la semana que viene», una vez que estudie la estrategia de defensa.
«Lo que sí les puedo asegurar es que las personas que se han comunicado conmigo desde el día de ayer que tomé la defensa, que son más de 80 o 90, refieren todo lo contrario a lo que se dio a conocer desde la investigación en forma pública con respecto a que no hubo ningún tipo de acción que los haga trabajar en estado forzoso ni en condiciones deplorables», afirmó.
Sobre el origen de la denuncia, el abogado remarcó que «tiene que ver un cura que formó parte de esta granja, que después se fue».
Y detalló: «En el momento en que formó parte no vio nunca ningún hecho presuntamente delictivo. Raro es que después de que se fue y abrió su propia granja a los mismos fines comenzó a denunciar distintos hechos».
Las familias que acompañan el cierre del lugar
En tanto, la madre de un joven que estuvo internado en un predio de La razón de Vivir, denunciante en la causa abierta contra esa comunidad terapéutica, aseguró que hay familias que defienden el lugar «porque no tienen dónde dejar a los chicos», aseguró que «es mentira que tenían 14 profesionales» en servicio y sostuvo que los jóvenes «no tenían comida, agua para bañarse, ni asistencia médica».
«Las familias no saben dónde llevar a los chicos, es entendible. Pero también tienen que darse cuenta de que los chicos no tienen que vivir en la situación que viven. Son chicos que están enfermos y necesitan una vida digna», dijo a radio Con Vos la mujer, que se presentó como Marcela, pero cuyo nombre fue modificado para resguardar su identidad.
El centro «es todo una mentira», aseguró la mujer, que la nominó irónicamente en varias oportunidades como «la razón de morir».
«Decían que tenían 14 profesionales y era todo mentira. Todos se ponían títulos, el señor director decía que era contador y era una mentira», agregó en referencia a Zelaya.
En cuanto a la situación en la que vivían los jóvenes allí, la denunciante refirió que «no tenían comida, no tenían agua para bañarse, no tenían asistencia médica, no tenían asistencia psicológica».
Consultada sobre si vio un progreso en su hijo a lo largo de la internación, contestó: «Cero, nada».
«En un año lo vio dos veces al psicólogo. Era una psicóloga en ese momento», apuntó.
Sobre la modalidad de pago, explicó: «Me hacían depositar dinero a un kiosco que Rubén Durán era el encargado. Resulta que depositaba, depositaba y nunca alcanzaba. Mi hijo no tenía ni un jabón para bañarse».
Sobre el sacerdote «Quique», a quien nombraron familiares de personas internadas en el lugar, sostuvo que «es una persona de bien» y que «muchos chicos no se murieron gracias a él».
A modo de corolario, pidió a las autoridades «que por favor tomen cartas en el asunto. A las familias las entiendo. No les crean todo lo que les dicen los señores directivos por eso hay 17 detenidos. Que realmente se haga justicia».
La situación actual en la comunidad
A su turno, uno de los jóvenes rehabilitados que se hicieron cargo provisoriamente de la comunidad terapéutica tras las detenciones de los responsables del centro, aseguró que «los chicos están tranquilos, cumpliendo sus actividades como corresponde», y señaló que «ya pasó lo peor».
«Lo peor fue vivir el allanamiento, tener patrulleros adentro como si los chicos hubieran cometido algún delito», dijo a Télam el joven, llamado Catriel, quien subrayó que «hoy está normal la situación» en la sede de la comunidad de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.
Catriel, que junto a otros cinco jóvenes rehabilitados decidieron hacerse cargo de ese centro, dijo que «los chicos recién se despertaron; estamos todos los chicos rehabilitados unidos y vamos a tratar de sacarlo adelante».
«La causa mía de estar acá, hoy, es luchar por la recuperación de mis compañeros», agregó.
