En una sesión marcada por la fractura de los bloques tradicionales y el peso de los intereses provinciales por sobre la disciplina partidaria, el Senado aprobó con 40 votos a favor y 31 en contra la flexibilización de la Ley de Glaciares (Ley 26.639). El proyecto ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde se espera una resistencia mayor.
La reforma modifica sustancialmente el espíritu de la ley sancionada en 2010. El eje de la disputa reside en quién define qué es un glaciar y qué zonas deben protegerse:
-
Pérdida de centralidad del IANIGLA: La normativa vigente otorga al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales la facultad de inventariar y proteger los cuerpos de hielo.
-
Facultades provinciales: La reforma permite que las jurisdicciones locales determinen si un glaciar o zona periglaciar cumple una «función hídrica». Si la provincia considera que no la cumple, se podrían habilitar actividades productivas (mineras o extractivas) en áreas hoy protegidas.
-
Riesgo de Judicialización: Senadores opositores advirtieron que la ley es «regresiva» y viola presupuestos mínimos ambientales, lo que anticipa una lluvia de recursos de inconstitucionalidad.
«Provincia mata partido»: El tablero político
La votación rompió las estructuras de los bloques principales. La lógica que imperó fue la cercanía a las cámaras mineras y la necesidad de inversiones:
-
El Peronismo dividido: Aunque la mayoría del interbloque de José Mayans votó en contra, figuras de peso ligadas a provincias mineras, como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan), apoyaron la reforma.
-
La UCR y el PRO: Ambos bloques se partieron a la mitad. El apoyo provino principalmente de senadores de Mendoza y Jujuy, mientras que otros, como Maximiliano Abad, rechazaron el texto por considerarlo un error institucional.
-
Oficialismo (LLA): Se mantuvo compacto en el apoyo. Destacó el cambio de postura de Luis Juez, quien en 2010 había votado a favor de la protección y ahora apoyó la flexibilización argumentando la necesidad de recursos para las provincias.
«Estamos cambiando una de las leyes medioambientales más importantes entre cuatro paredes y entre gallos y medianoche», denunció el senador Daniel Bensusán (La Pampa).
El rol de Patricia Bullrich
La ministra de Seguridad fue una pieza clave en la negociación de la «letra chica» hasta horas antes de la sesión. El objetivo de las modificaciones de último momento fue intentar blindar el texto legalmente para evitar que la justicia frene su aplicación una vez sancionada.
