La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo durante el período de sesiones extraordinarias.
El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.
Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.
El debate tuvo momentos de fuertes cruces y exposiciones llamativas, como la de Nadia Márquez, senadora por Neuquén de La Libertad Avanza: “Por favor, me muero si alguien hoy dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal. Si en pleno uso de sus facultades ¿no sabe que robar está mal? Sí que sabe. ¿También sabe que pegarle al compañero y molerlo a palos en una casita ahí al costado cerca de donde está la escuela no es un delito? Por supuesto que saben que es un delito. ¿Saben que dispararle a alguien está mal? Si lo sabe”, planteó la legisaldora.
El oficialismo a pleno y sus aliados hicieron una fuerte defensa del proyecto. La senadora de la UCR Carolina Losada planteó que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”. “Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga”, puntualizó.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo estipula un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
La norma es fuertemente cuestionada por organizaciones civiles. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que la iniciativa vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y no garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica. Además desconoce recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, que instaron al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.
Según datos relevados por el CNPT, al 31 de diciembre de 2024, 4.119 adolescentes se encuentran bajo el sistema penal juvenil y solo 48 tienen menos de 16 años (1,2% del total). Además, 865 están bajo medidas de privación de libertad y 44 menores de 16 años se encuentran privados de libertad (5,1%).
El CNPT sostuvo que la “población no punible es cuantitativamente reducida” y reiteró que cualquier reforma debe adecuarse estrictamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y los estándares internacionales vigentes, “priorizando medidas alternativas al encierro y políticas públicas de protección integral”.
MC -elDiarioAR


































































