Las autoridades de la Secretaría de Energía descubrieron más de 370.000 cuentas registradas de beneficiarios del uso de gas, que no entrarían en la categoría de “población vulnerable”.
Este anuncio se suma a la reciente exclusión del régimen de subsidios energéticos de unos 15.500 usuarios de Puerto Madero y de zonas residenciales de alto poder adquisitivo como countries, barrios cerrados y clubes de campo. De ese total, un 44% se había autodeclarado como perteneciente a sectores de ingresos bajos y el 56% como de ingresos medios. En conjunto, las medidas representan un ahorro fiscal, según el ministerio de Economía, superior a los 3.000 millones de pesos.
El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 por la Ley N° 25.565, con el objetivo de subsidiar el gas en las regiones de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), a través de un descuento del 50% sobre la tarifa plena. En 2021, la Ley N° 27.637 amplió su cobertura a 231 departamentos del país, beneficiando a más de 4,3 millones de personas y extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031. Se clasificaba a los usuarios en dos: los genéricos que reciben un subsidio del 30% y aquellos en situación de vulnerabilidad, con un 50%.
La decisión de revisar este esquema de subsidios se enmarca en una política más amplia de ajuste fiscal y reestructuración tarifaria impulsada por la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti. En esa línea, la funcionaria prorrogó hasta el 31 de mayo el decreto 465 de 2023, que habilita cambios en los regímenes energéticos con el objetivo de «trasladar a los usuarios los costos reales de la energía, promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía«.
En este contexto, un informe conjunto del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires sobre Tarifas y Subsidios reveló que, con las nuevas bonificaciones otorgadas a los segmentos N2 y N3, los usuarios residenciales pagan, en promedio, el 50% del costo de abastecimiento del gas, mientras que el Estado cubre la mitad restante. Si bien estos datos son representativos a nivel nacional y no reflejan específicamente lo que ocurre en las zonas frías, permiten dimensionar el peso del gasto estatal en este rubro.
El mismo estudio indicó que, durante mayo, la Canasta de Servicios Públicos aumentó un 16,8% debido a los ajustes tarifarios y al mayor consumo estacional de gas y electricidad. En términos interanuales, esa canasta trepó un 45%, en línea con la inflación minorista. Pero desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2024, el aumento acumulado fue del 500%, muy por encima del 149% que marcó la inflación general.
Este desfasaje refleja el impacto que tuvo la quita progresiva de subsidios en los hogares, una estrategia que también derivó en una reducción real del 68% en el gasto estatal destinado a energía (una caída del 77% en este rubro) y transporte (35%). Sumado a esto, en mayo las tarifas aumentaron 3,7% (3% por cargo fijo, y 0,7% por variable), lo cual se potencia en las facturas por el aumento de las cantidades consumidas a medida que bajan las temperaturas y se reducen las horas de luz natural.
Consultado por Infobae, el especialista señaló: “A comienzos de 2024, los usuarios del sur (que representan el 9% del total nacional) consumen el 29% del gas del país. Las condiciones climáticas solo explicarían un 18% del consumo total, no el 29%”. Al respecto, atribuyó ese desfasaje a “un uso no eficiente, promovido por los subsidios”.
La ruptura con el modelo del kirchnerismo
La reorientación del esquema actual representa una ruptura con el modelo aplicado durante los gobiernos kirchneristas. Si bien en 2007 la entonces presidenta Cristina Kirchner emitió el decreto 140 que declaraba “de interés y prioridad nacional el uso racional y eficiente de la energía”, las políticas implementadas posteriormente fueron en sentido contrario. Entre 2008 y 2022, la Argentina destinó el equivalente a 200.000 millones de dólares a subsidios energéticos y de transporte, además de fuertes sumas a la importación de gas y electricidad desde países como Bolivia, Brasil, Qatar y Argelia.
La propia exmandataria, en un discurso de 2013 en Río Gallegos, celebraba el alto nivel de consumo energético local: “¿Saben cuántos barriles por cabeza, por cabecita de argentino consumimos en la Argentina?”, preguntó, y respondió: “2,53 barriles de petróleo anuales. ¿Saben cuánto consume Brasil, per cápita? 0,59; Chile, 0,89; y Uruguay, 0,92”. Luego concluyó: “Consumimos 329% más que Brasil, 184% más que Chile y 174% más que Uruguay”.
La entonces presidenta comparaba el consumo energético de Argentina con el de Brasil (un país con menor PBI per cápita, pero con una estructura industrial mucho más desarrollada), con el de Chile (que tiene un ingreso similar por habitante y condiciones climáticas comparables debido a la larga frontera compartida) y con el de Uruguay, que ya había implementado una política de precios energéticos orientada al ahorro y la inversión, lo que lo convirtió en el país con mayor proporción de energía proveniente de fuentes renovables a nivel mundial.
MB/EM – Perfil
