La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, marca el cierre definitivo del programa «Volver al Trabajo». A partir de abril, se eliminarán los pagos mensuales de $78.000 y se priorizará un sistema de formación directa para la inserción laboral sin intermediarios. El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, anunció oficialmente que a partir del próximo mes de abril se darán de baja aproximadamente 900.000 planes sociales pertenecientes al programa «Volver al Trabajo». Esta decisión representa el punto final del esquema heredado del antiguo «Potenciar Trabajo», el cual será sustituido por un nuevo modelo de asistencia basado en vouchers de capacitación profesional.
El objetivo central de esta reforma es desmantelar el sistema de transferencias directas de ingresos garantizados para pasar a un esquema de incentivos a la formación. Según fuentes oficiales, el recurso económico será asignado directamente al beneficiario, quien tendrá la libertad de elegir dónde capacitarse dentro de una red federal de instituciones avaladas, eliminando así la participación de organizaciones sociales y otros intermediarios en la gestión de los fondos.
Detalles del nuevo esquema Los beneficiarios afectados ya han comenzado a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y vía correo electrónico. En abril percibirán la última cuota del subsidio actual de $78.000, tras lo cual deberán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación si desean mantener el apoyo estatal.
El nuevo programa establece condiciones de permanencia mucho más estrictas:
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Asistencia obligatoria: Los participantes deberán cumplir con los requisitos de cursada de los trayectos formativos elegidos.
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Resultados concretos: Quienes abandonen la capacitación perderán automáticamente el beneficio y no podrán reingresar al sistema.
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Vínculo con el sector productivo: Los cursos ofrecerán títulos profesionales reconocidos para facilitar el ingreso al mercado laboral formal.
Cabe destacar que esta medida no afectará a los 300.000 beneficiarios del «Programa de Acompañamiento Social», destinado a adultos mayores o personas en situaciones de extrema vulnerabilidad estructural, quienes continuarán bajo el régimen de asistencia permanente.
Con esta transición, el Gobierno nacional busca optimizar el gasto público —estimando un ahorro mensual de $60.000 millones— y transformar la política social en una herramienta efectiva de educación y empleo.
