La masiva convocatoria a la audiencia pública y la presión por el cumplimiento del Acuerdo de Escazú ponen en jaque el objetivo del oficialismo de sancionar la ley la segunda semana de abril.
El Poder Ejecutivo se enfrenta a un escenario de alta tensión política y jurídica tras conocerse que casi 20.000 personas se han inscripto para participar en la audiencia pública obligatoria por la reforma de la Ley de Glaciares. Lo que el oficialismo planeaba como un trámite administrativo para acelerar la flexibilización de la normativa ambiental se ha convertido en una «encerrona» que podría derivar en la judicialización del proyecto.
El conflicto por los tiempos y la participación
Bajo la conducción de Martín Menem, el oficialismo en la Cámara de Diputados mantiene su hoja de ruta para sesionar el 7 u 8 de abril. Sin embargo, la magnitud de la respuesta ciudadana complica estos planes.
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La postura oficial: Para evitar dilaciones, el entorno de Menem analiza criterios de selección que prioricen a personas jurídicas (ONGs, representantes de gobiernos e instituciones), limitando la voz de los particulares. Fuentes parlamentarias ironizaron sobre la logística, comparándola con «filas para un recital», donde solo los primeros en llegar tendrían espacio.
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La contraofensiva opositora: Diputados de diversos bloques —incluyendo a Sabrina Selva (PJ), Maximiliano Ferraro (CC), Esteban Paulón (Socialismo) y María Inés Zigarán (UCR)— exigen que se garantice una participación «real y no formal». Advierten que, de limitarse las jornadas previstas (25 y 26 de marzo), solo podrían exponer 200 personas, vulnerando el Acuerdo de Escazú, lo que dejaría la ley a merced de impugnaciones en la Justicia.
El eje de la reforma: Flexibilización y Lobby Minero
El proyecto, impulsado con fuerza por los gobernadores de las provincias cordilleranas (Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy), busca modificar la protección de las zonas periglaciares.
Descentralización del control: La reforma delega en los equipos técnicos provinciales la facultad de determinar si un área posee o no una «función hídrica relevante» para habilitar la actividad minera.
Seguridad Jurídica vs. Protección Ambiental: Mientras las provincias y empresas en Nueva York (en el marco de la Argentina Week) reclaman reglas claras para desembolsar inversiones estimadas en 50.000 millones de dólares bajo el régimen del RIGI, científicos del IANIGLA y organizaciones ambientales denuncian que esto generará una «competencia hacia abajo», donde cada provincia relajará sus estándares para atraer capitales, poniendo en riesgo reservas estratégicas de agua.
La disputa legislativa también deja al descubierto fisuras en la cúpula del poder. Según trascendidos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ha encomendado a Martín Menem tomar las riendas de la estrategia en el Congreso, desplazando el protagonismo de Patricia Bullrich. Esta interna operativa añade una capa de complejidad al tratamiento de una ley que es mirada de cerca por los mercados internacionales y los movimientos ecologistas por igual.
Próximos pasos:
La oposición apuesta a un «Excel de indecisos» y a la dilatación del debate, esperando que el desgaste político del Gobierno debilite su mayoría circunstancial. El oficialismo, por su parte, deberá decidir si arriesga la validez legal de la reforma al recortar la participación ciudadana o si acepta postergar una de sus promesas clave al sector extractivo.
Con info de elDiarioAR
