Las instituciones de apoyo denuncian que la obra social del Estado dejó de pagarles, en algunos casos, desde octubre del año pasado. En paralelo, el Gobierno ya lleva acumulado un recorte de más del 30 por ciento en el presupuesto para el área. La exAndis hasta cerró su pileta por falta de fondos. Habrá una nueva marcha este martes.
“La situación es cada vez más crítica. Si antes pagaban poco, ahora directamente no pagan”, le dice a Página/12 Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Molero describe la situación de los centros de día, las escuelas especiales y los transportistas como “terminal”. Pese a que la Ley de Emergencia está vigente, el bucle temporal del ajuste y la precarización del sector se sigue profundizando. El problema, desde hace meses, pasa por las deudas que está acumulando el programa Incluir Salud –la obra social pública de las personas con discapacidad, donde se descubrió la cueva de las coimas– con los prestadores, sobre todo del interior del país. Según Molero, que representa a la sociedad civil frente al Estado en este tema, hay instituciones que no cobran desde octubre del año pasado. Si se suma también al PAMI, hay más de 1200 expedientes con deudas acumuladas en el Ministerio de Salud, un número inusualmente alto. “Todas las semanas cierra sus puertas alguna institución”, explica Molero. Este martes, en ese marco, las organizaciones del colectivo convocan a marchar al Ministerio de Economía, de la mano de una movilización más amplia convocada por intendentes contra el plan motosierra.
Un bucle temporal de ajuste
Luego de largos meses de lucha de las familias y los profesionales, la ley de Emergencia en Discapacidad entró en vigencia a principios de este año. El Gobierno la reglamentó obligado por un fallo judicial. Los fondos inicialmente aparecieron, y las instituciones y sus profesionales pudieron actualizar el “nomenclador” (así se define técnicamente al valor de los servicios de salud, educación y otros rubros) a partir del número de inflación del INDEC. Pero enseguida aparecieron nuevos problemas. Uno de los desacuerdos tuvo que ver con las deudas acumuladas con el sector desde 2023, que la ley también dice que se deben compensar. Los prestadores dicen estar facturando casi un 40 por ciento por debajo de lo que dicta la Emergencia. A lo que se sumaron las deudas que el propio Estado comenzó a acumular hacia adelante, a partir de la crisis del Incluir Salud.
“No hay voluntad política de aplicar la ley y sostener a nuestro sector”, explica Molero. En concreto, dice, el ajuste redunda en que:
- Los profesionales que se dedican a atender a personas con discapacidad renuncien y busquen otros rumbos, por los bajos salarios y los atrasos en los pagos;
- Las instituciones recorten servicios o los brinden con una menor calidad. Un ejemplo claro son las comidas: en algunos casos las obras sociales pagan 45 pesos por persona por día;
- El endeudamiento con entidades privadas y otros rebusques, como los aportes solidarios o lo que ponen las propias familias, para sostener la prestación;
- Se rechaza el ingreso de nuevas personas con discapacidad a los dispositivos, porque no hay vacantes disponibles.
- El cierre definitivo, que comienza con menos días de puertas abiertas en la semana.
Esta semana trascendió uno de los casos más graves, el de la institución Promover, del barrio de Flores, que es el hogar de unos 18 chicos con distintas patologías y que brinda unos 35 puestos de trabajo. La deuda del Incluir Salud data de diciembrede 2025. “Si no entra dinero antes del fin de mes, tenemos que empezar a pensar en el cierre”, dijo su directora Marisa Agis en esta nota de Thiago Buglione.
“Los centros de día y los transportistas son los que peor la están pasando”, agrega por su parte la actriz y activista del colectivo Valentina Bassi. “Ellos abren todos los días, dan las cuatro comidas, pagan muchos sueldos. Y el problema es que aumentó el nomenclador respecto de la inflación de este año, pero no se actualiza el monto por lo perdido los últimos años, entonces así no hay cómo seguir, es desesperante”, agrega. “Ésa, que era una cuestión esencial de la ley, quizás las más importante no se está cumpliendo”, remata.
Al combo se le suma que esta semana la Cámara de San Martín declaró “abstracto” el fallo que obligaba al Gobierno a aplicar la ley de Emergencia, lo que las organizaciones del colectivo consideran muy peligroso. “Abre la puerta a un retroceso y nuevos ajustes”, advierte Valentina.
“No hay que olvidarse de que este Gobierno reglamentó la ley a regañadientes, porque tenía una sentencia judicial encima, bajo apercibimiento de consecuencias. Entonces, con este fallo, podrían volver a soltarnos la mano, como ya lo hicieron. La justicia tiene que estar encima, recontra encima del Estado para que nuestros derechos se cumplan, no al revés”, sostuvo.
No hay plata ni para la pileta
Al cierre intempestivo de la Andis el último día hábil del año pasado le siguió una subejecución de las partidas presupuestarias destinadas al sector. Los fondos ahora destinados a la flamante Secretaria de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud, retrocedieron un 31,3 por ciento en el primer trimestre 2026 respecto al mismo período 2023, según un relevamiento que realizó el Centro de Economía Política (CEPA) para Página/12.
Ese ajuste vía subejecución no es nuevo en la gestión libertaria y afecta principalmente a todas las funciones de integración social y laboral en materia de discapacidad, pero esta vez alcanza también al funcionamiento cotidiano del organismo: en la sede de la exAndis en Nuñez tuvieron que cerrar la pileta climatizada porque no hay plata ni para arreglar las calderas.
En ese marco, además, trabajadores del organismo denunciaron que están cobrando el sueldo en cuotas. “De los 800 que somos hay 300 que no cobraron abril. Los 500 restantes vienen en conflicto desde enero, algunos no cobraron y otros se les depositó solo 190 mil de sueldo. También se están pagando con retraso los aportes sociales”, denunció a este diario una fuente gremial.
Mientras todo dentro del sector todo cruje, Página/12 pudo comprobar que además sigue vigente el mismo mecanismo digital para la carga de los expedientes para las licitaciones dentro del Incluir Salud, es decir el sistema que la banda encabezada por Pablo Atchabaian manejaba desde afuera de la Andis para direccionar las compras con sobreprecios. Se trata del sistema SIIPFIS, que sigue siendo igual de vulnerable: a uno de los empleados que prestaba sus claves desde adentro hasta se le renovó el contrato.
