Es un proyecto que recibió dictamen en noviembre pasado en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, y que reúne una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y otros textos similares presentados tanto por el oficialismo como por la oposición.
La Cámara de Diputados buscará debatir en la primera sesión extraordinaria de febrero el proyecto de Ley de Educación Ambiental, que propone incorporar contenidos de medio ambiente en la currícula escolar y establece, entre otras cuestiones, el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional.
La iniciativa cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones ambientales que la semana pasada, en el marco del Día de la Educación Ambiental, recolectaron a través de Change.org (Change.org/EducacionAmbientalYa) más de 1.000 firmas para el debate urgente de la ley en la cámara baja, con lo que alcanzaron 24.856 apoyos.
Se trata de un proyecto que recibió dictamen en noviembre pasado en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, y que reúne una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y otros textos similares presentados tanto por el oficialismo como por la oposición.
«La ley de Educación Ambiental es una prioridad para nuestro Gobierno y es un compromiso que asumió nuestro Presidente (Alberto Fernández) el año pasado en una reunión con el ministro de Ambiente (Juan Cabandié) y un sinfín de organizaciones ambientalistas», aseguró el presidente de la comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, en declaraciones a Télam.
Grosso (Frente de Todos-Buenos Aires) puso de relieve además la «voluntad» del oficialismo de «sancionar la ley de Educación Ambiental antes de marzo para que se incorpore en la currícula del próximo ciclo lectivo en todo el territorio nacional que es lo que manda la ley».
Tras recordar que el proyecto está incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias, el diputado del Movimiento Evita señaló que «por lo tanto cuando estén las condiciones para hacer una sesión se va a tratar».
Para la diputada del PRO, Gisela Scaglia, autora de una de las iniciativas sobre educación ambiental incluidas en el texto que finalmente logró dictamen, se está «a un paso de que se trate en el recinto y se convierta en Ley».
«Desde nuestro espacio pedimos que entre en el temario de la próxima sesión del periodo extraordinario. Es central que el Estado asuma la función de educar en materia ambiental, que brinde materiales y capacitación para los docentes. Hoy esta necesidad fundamental la están asumiendo sólo las Organizaciones de la Sociedad Civil», afirmó Scaglia en declaraciones a Télam.
En esa misma línea se expresó el titular de la ONG Eco House, Máximo Mazzoco, organización creadora de la petición en la plataforma de participación ciudadana, quien sostuvo que «la educación ambiental es la herramienta más poderosa de transformación socioambiental».
«Es un pilar estructural para evolucionar conjuntamente hacia una matriz socioeconómica colaborativa, del bien común, solidaria, autosuficiente, regenerativa y circular», completó.
El proyecto consensuado fue incluido en el temario enviado por el Poder Ejecutivo para ser debatido en las sesiones extraordinarias del Congreso.
El texto busca «construir conciencia basada en la solidaridad, el respeto y la inclusión y la concientización sobre el derecho humano a un ambiente sano expresado también en la Constitución nacional».
Si bien algunas provincias cuentan con su propia ley de educación ambiental, no existe una reglamentación que sea federal.
El proyecto establece la creación de una serie de organismos para instrumentar la política de la educación ambiental en todo el territorio nacional, a través de los cuáles se elaborarán y diseñarán estrategias y acciones de educación ambiental integral.
Además, dispone que cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación en la agenda educativa de, al menos una jornada o espacio de mejora institucional dedicada a la educación ambiental y dará debida difusión sobre la actividad, sus participantes.
A propuesta de Grosso, la ley sería denominada con el nombre del ex embajador argentino ante la Unesco y ex senador nacional, Fernando ‘Pino’ Solanas, recientemente fallecido por coronavirus en Francia, en homenaje a su trabajo por el medio ambiente y su lucha por la preservación de la biodiversidad.
