Trabajadores de la empresa estatal ARSAT denunciaron ante la OIT el vaciamiento de la compañía, alertando sobre el abandono de proyectos estratégicos, la parálisis operativa y el progresivo desfinanciamiento desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
La presentación ante la Organización Internacional del Trabajo busca frenar el deterioro de uno de los principales activos tecnológicos y soberanos del país, en medio de un contexto de recortes generalizados.
Una política de desmantelamiento con graves consecuencias
Desde el inicio del mandato de Milei, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A —pilar del desarrollo satelital, la conectividad nacional y la soberanía digital— sufre una política de desmantelamiento que compromete su funcionamiento presente y su proyección a futuro.
Les trabajadores denuncian una conducción sin rumbo técnico, falta de planificación, freno a las inversiones y una severa reducción presupuestaria que afecta tanto las operaciones como las condiciones laborales.
El punto crítico de la situación se alcanzó con la presentación formal de una denuncia ante la OIT, en la que la representación gremial acusa al Gobierno argentino de aplicar políticas contrarias a los principios de fomento del desarrollo nacional.
Según informaron a través de su cuenta en X, la decisión se tomó “ante el abandono de los canales institucionales de diálogo y el incumplimiento de compromisos laborales y estratégicos”.
Riesgos para la soberanía tecnológica y el acceso a servicios públicos
Entre los retrocesos más graves denunciados se encuentran la paralización del proyecto del satélite ARSAT SG-1 —clave para ampliar la capacidad de transmisión de datos—, la falta de mantenimiento e inversión en la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), y la ausencia de estrategias para impulsar la Televisión Digital Abierta (TDA).
La crisis también afecta al Centro Nacional de Datos, que se mantiene operativo gracias a la inercia del trabajo acumulado y al esfuerzo del personal técnico, que advierte que “se está sosteniendo con lo justo”.
Un reciente informe de la Fundación DHyI (Desarrollo Humano e Inclusión) alertó que el vaciamiento de ARSAT no solo amenaza la continuidad operativa, sino que también pone en riesgo la soberanía tecnológica del país.
“ARSAT está siendo desguazada en silencio, como parte de una política de ajuste que privilegia la entrega del mercado estratégico a empresas privadas, muchas extranjeras”, señalan en el documento.
La situación ha escalado hasta niveles simbólicos: el propio gobierno colocó un cartel de remate en la sede de ARSAT, lo que fue interpretado como un gesto explícito de desinterés y desprecio por el rol estatal en sectores clave como las telecomunicaciones, el acceso a internet y la conectividad de zonas rurales y postergadas.
Según Página/12, el cartel respondía a una política de “racionalización de inmuebles” que, en los hechos, encubre una intención de privatización encubierta. Les trabajadores no descartan avanzar con nuevas acciones gremiales, tanto en el plano nacional como internacional.
Mientras tanto, insisten en que “ARSAT no es una empresa más, es una herramienta estratégica para el desarrollo del país, y no puede quedar a merced de la lógica del mercado o del ajuste ideológico”.
