El caso apunta otra vez contra Cristina Kirchner y su elenco gubernamental, pero en esta oportunidad hay más hombres y mujeres de negocios acusados que exfuncionarios. Calcaterra, Pescarmona, Roggio, Cristóbal López y los Cartellone, entre los más grandes.
Este jueves comenzará un juicio oral que puede durar tres años, pero que batirá un récord por la cantidad de empresarios sentados en el banquillo de los acusados. Se trata de la causa cuadernos, sobre la que ha habido polémica porque lo hallado inicialmente eran fotocopias con correcciones manuscritas, pero que derivó en una investigación en la que varios hombres de negocios fueron detenidos de forma preventiva en 2018 y algunos de ellos confesaron haber pagado sobornos. Otros lograron zafar en el camino de las acusaciones y por eso no serán juzgados.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya condenada a seis años de arresto domiciliario por la causa Vialidad, está otra vez imputada en este nuevo juicio como presunta jefa de una asociación ilícita para cobrar coimas en los contratos de su gobierno, pero también en el de su marido –esto es entre 2003 y 2015–, con empresas de construcción, energía y transporte. La juzgará el Tribunal Oral Federal número 7 que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, mientras que la fiscal será Fabiana León.
En la instrucción participaron dos personajes polémicos: el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Ellos fueron quienes después del hallazgo periodístico de Diego Cabot en el diario La Nación detenían empresarios y les proponían acogerse a la figura del arrepentido.
De los 87 acusados, 19 son exfuncionarios, dos choferes –incluido Oscar Centeno, el que escribió en sus cuadernos cómo llevaba y traía el dinero de los sobornos– y 65 son hombres y mujeres de negocios, de los cuales 18 aceptaron convertirse en colaboradores de la Justicia aportando información a cambio de una reducción de penas. Entre los imputados como organizadores de la supuesta asociación ilícita están el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta y el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y de la empresa Esuco, Carlos Wagner.
Como miembro de la asociación también será juzgado José López, el exsecretario de Obras Públicas que ganó fama porque fue descubierto en el gobierno de Mauricio Macri revoleando bolsos con millones de dólares en un convento de monjas para esconderlos. Otro presunto integrante de la banda es uno de los llamados empresarios K, que crecieron con el kirchnerismo, Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, que ya era una pyme de volumen pero se expandió en los 12 años que duró aquella etapa política.
Como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas aparecen 60 empresarios. Los más renombrados son:
- Angel Calcaterra, más conocido como Angelo, primo de Macri, que era dueño de la constructora Iecsa, pero la vendió en el gobierno de su pariente a Marcelo Mindlin.
- Enrique Pescarmona, exdueño de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), que después entró en crisis, el gobierno de Alberto Fernández la estatizó porque el Estado era el principal acreedor y el de Javier Milei la reprivatizó a una empresa norteamericana, Arc Energy,.
- Aldo Roggio, socio del grupo constructor Roggio, la concesionaria del subte Emova y administrador también del ferrocarril Urquiza.
- Gabriel Romero, que era presidente de Hidrovía SA y que sigue haciendo el balizamiento del río Paraná.
- Rudy Ulloa, socio de la financiera Cumehue, otro empresario K, pero que surgió de ser chofer del expresidente Néstor Kirchner.
- Armando Loson, propietario del grupo energético Albanesi.
- Alberto Padoan, que fue director de la cerealera Vicentin, que después fue rescatada por un megapréstamo del Banco Nación en la era Macri, pero terminó en concurso preventivo en el gobierno de Alberto Fernández, que amagó con nacionalizarla. Fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
- Cristóbal López y los hermanos Fabián y Osvaldo De Sousa, socio del Grupo Indalo, que incluye desde servicios petroleros y construcción hasta medios como C5N. Otros empresarios K que pasaron de pyme a grandes.
- Alberto Tasselli, que tuvo a su cargo los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur hasta su reestatización.
- Juan Carlos De Goycoechea, empresario cordobés que dirigía la filial argentina de la constructora española Isolux Corsan, que construyó la central eléctrica a carbón de Río Turbio, Santa Cruz, aunque nunca se puso en marcha.
- Marcela Sztenberg, una de las pocas empresarias involucradas, dueña de la constructora Equimac.
- Juan Manuel Collazo, exejecutivo de Corporación América, el grupo de Eduardo Eurnekian, exempleador de Milei, y de su constructora Helport.
- Hugo Dragonetti, propietario de la constructora Panedile.
- Miguel Ángel Marconi, exejecutivo de la constructora mendocina Supercemento.
- Carlos Mundín (padre), exnúmero uno de la constructora BTU, que ha participado en el actual y en el anterior gobierno en diversas obras de ampliación de gasoductos.
- Néstor Otero, dueño de TEBA, la concesionario eterna de la deteriorada terminal de ómnibus de Retiro.
- Juan Carlos Lascurain, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
- Mario Rovella, propietaria de la constructora puntana Rovella Carranza, que también ha hecho buenos negocios con áreas petroleras de Vaca Muerta.
- Julio Paolini, socio de la constructora Paolini.
- Gerardo, José y María Cartelllone, dueños de la constructora mendocina Cartellone, que ahora hizo la mejor oferta para la privatización de las rutas 12 y 14, la primera de la era Milei.
- Eduardo Kennel, exejecutivo de la constructora Chediack, cuyo propietario, Juan Chediack, otro expresidente de la cámara Camarco, también estaba acusado y murió en un accidente aéreo en 2023.
Unos 16 empresarios se acogieron a la figura del arrepentido, que se creó en el gobierno de Macri. Entre ellos están Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Tasselli, De Goycoechea y Sztenberg. También lo hicieron Centeno y López, entre otros exfuncionarios. En cambio, hay hombres de negocios que sostienen su inocencia: “No tenía de qué arrepentirme si no hice nada malo. Varios de los arrepentidos eran chetos sin calle que no soportaron estar una noche presos”, comenta uno de ellos.
Otros empresarios como Eurnekian y Paolo Rocca, dueño del grupo Techint, quedaron exculpados del juicio por diversos motivos, pese a que reconocieron pagos. En el caso del primero, porque adujo que fueron aportes de campaña. El segundo, porque alegó que abonó para repatriar de Venezuela a ejecutivos del conglomerado cuya siderúrgica local, Sidor, fue nacionalizada por el gobierno de Hugo Chávez, aliado de los Kirchner. Los demás exejecutivos de Techint también se libraron de la acusación.
Alejandro Rebossio elDiario.ar
